Julio Cesar Torres Garcia

Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
630/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • JULIO CESAR TORRES GARCIA y Otros.
  • Julio Cesar Torres Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali; atento a su contenido, dado que de la certificación que antecede, se advierte que no obra acuse de recibo relativo al oficio 2576 girado al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali. Se reexpide oficio. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, gírese nuevo oficio, al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, a fin de que conozca el contenido de dicha comunicación. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al que acompaña el cuaderno original del presente juicio de amparo y el testimonio de la resolución relativa al amparo en revisión administrativo 154/2021-I; en consecuencia, en la cual determinó lo siguiente: RIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julio César Torres García y Sidny Omar Martínez Chavarría, en contra de la negativa de excluir el dato de prueba consistente en el informe policial homologado, dentro de la causa penal 1059/2019, en la audiencia inicial de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la que se decretó la no vinculación a proceso de los imputados, en los términos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Sin que sea el caso de agregar al presente juicio de amparo las copias certificadas que fueron expedidas para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que se duplicarían las actuaciones por obrar los originales en autos; por tanto, se ordena la destrucción de las mismas. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomo. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvanse al juez responsable, el tomo de prueba que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de abril de dos mil veintiuno. Se remite recurso de revisión. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el presente expediente, por lo que se ordena remitir los autos originales de este juicio de amparo, escrito original de expresión de agravios y un disco compacto al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veinte. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales anexas por la responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, dejándose a la vista de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Apertura de tomo de pruebas. Debido a la voluminosidad de dichas documentales, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese un tomo de pruebas por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Ahora, por lo que hace al disco compacto debidamente certificado que contiene el archivo de la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 1059/2019, ténganse por ofrecido, admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción. Prueba que será tomada en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del arábigo 124 de la legislación de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objeto. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de él, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Tercero Interesado. En auto de veinte de octubre de dos mil veinte, este órgano de amparo se reservó el llamamiento a juicio de quien la parte quejosa manifestó le revestía el carácter de tercer interesado, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado; lo que en el caso ya acontece. De las documentales y disco compacto hechos llegar por la autoridad responsable, se observa que dentro de la causa penal 1059/2019 la cual dio origen al acto que aquí se reclama, se advierte le reviste el carácter de tercero interesado en este juicio de amparo, en términos de la fracción III, inciso e) del artículo 5o., de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-III de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. En ese sentido, corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento a juicio de las partes, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además de que el llamamiento de los terceros interesados en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarles el derecho de audiencia y así otorgarles la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que consideren convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se ordena llamarlo a juicio por medio de oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-III de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, al que deberá anexarse copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio e informe justificado. Sobre el tópico, se cita la tesis aislada XXVII.3o.88 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE PRACTICARSE A LA INSTITUCIÓN QUE INTERVINO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO, NO SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LA PERSONA QUE OSTENTÓ DICHA CALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De la interpretación literal del artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se obtiene que la calidad de tercero interesado le corresponde a la institución del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento, siempre que no tenga el carácter de autoridad responsable. Lo anterior se relaciona con el artículo 128, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se deduce que la Representación Social debe actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a la Constitución, al propio código y a la demás legislación aplicable. Por su parte, de los artículos 2, 6, 7, 10, 73 y 87 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se advierte que esa autoridad es la encargada de la procuración de justicia en el Estado, y para el cumplimiento de sus funciones, se integra con diversas fiscalías especializadas, las cuales tienen, entre otras atribuciones, participar en las diversas etapas del procedimiento penal; en tanto que su personal puede ser objeto de una comisión, rotación, cambio de adscripción, suspensión temporal de sus labores, destitución o remoción de su cargo. En este contexto, el emplazamiento del Ministerio Público al juicio de amparo indirecto, en su calidad de tercero interesado, no señalado como autoridad responsable, debe practicarse a la institución que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, y no a la persona que ostentó dicha calidad, pues de lo contrario, se entorpecería el trámite del juicio de amparo, ya que no se notificaría a esa institución, sino a individuos que fungieron con ese carácter y que por alguna de las causas mencionadas, ya no ostentan el cargo respectivo, esto es, a una persona que ya no cuenta con la calidad de tercero interesado. Finalmente, de las constancias anteriormente reseñadas, se advierte que Víctor Alberto Villarespe Muñoz, cuenta con el carácter de defensor público de los aquí quejosos en la causa penal de la que emana el acto reclamado, tal y como lo manifestó en el escrito de demanda; por lo tanto, con fundamento el artículo 14 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocido tal carácter. Notifíquese

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano