Julio César Solache Ramírez
Expediente 882/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julio César Solache Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria. Por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, por medio de oficio que se le gire, enviándole copia autorizada de la sentencia definitiva, para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***********, por propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero de este fallo, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa pueda recurrir el auto de siete de agosto del año en curso, que desechó la ampliación de su demanda. A fin de dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso, por propio derecho, mediante el cual desahoga la vista dada en proveído de veinticinco de julio del año en curso, y amplía su demanda respecto al nuevo acto que reclama, consistente en la respuesta que recayó a su solicitud presentada el veinte de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la ampliación de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del análisis del escrito de ampliación de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con residencia en esta ciudad, lo hace consistir en: "1. La resolución de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el responsable de la Coordinación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la UAGro. Ahora bien, al realizar un análisis integral de los autos, se advierte de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda (foja 3), que es maestro de tiempo completo, adscrito a la Unidad Académica Regional de Educación Superior Zona Centro (Campus Zumpango) de la UAGro; que por cuestiones internas se presentaron conflictos sobre la asignación de carga laboral, es decir la distribución de los grupos que cada maestro debía atender y las horas de clases que debían impartir en cada grupo; que derivado de esas situaciones, el quejoso se vio afectado en cuanto a las asignaciones de grupos, pues no obstante de que le asignaron carga laboral el Coordinador de los profesores de la aludida unidad académica, le quitó grupos y se los asignó a otros maestros, razón por la cual acudió por escrito ante el Coordinador de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que instruyera el procedimiento correspondiente y definiera su situación apegada a derecho. Por otra parte, al rendir el informe justificado el Coordinador de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, adjuntó el proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual resolvió en relación a la petición del quejoso en su escrito exhibido el veinte de marzo de dos mil diecinueve, declarando que la terminación de la Comisión del C. Julio Cesar Solache Ramírez en el CRES Zona Centro se encontraba apegada a derecho y de conformidad con la normativa interna, sin que se acreditara el escrito de queja. Circunstancias de la que se advierte que al aquí quejoso Julio Cesar Solache Ramírez lo liga una relación laboral de inferior a superior jerárquico, con la autoridad responsable Coordinador de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero con residencia en esta ciudad; es decir, de trabajador y patrón, respectivamente, por lo que tal acto se equipara a los de un particular. En esas condiciones, el acto que aquí reclama en ampliación de demanda la parte quejosa, no es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º., fracción I, de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, el Coordinador de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al consistir el acto que de ellas se reclama esencialmente en la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, lo cual significa que no fue realizado en ejercicio de facultades de autoridad frente a un gobernado, sino de superior jerárquico hacia un subordinado; por lo que, el Coordinador de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, como ya se dijo, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, debido a la negativa de asignarle horas y grupos en la Unidad Académica Regional de Educación Superior Zona Centro (Campus Zumpango) de la UAGro, lo cual deriva de una relación laboral. En este sentido, a la autoridad antes citada, no le resulta el carácter de autoridad responsable para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. En un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tanto que, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De modo que, se excluyen los actos de particulares para la procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente acontece en la especie, en razón de que se trata de actos derivados de una relación laboral que los une, y que la propia parte quejosa reconoce en el capítulo de antecedentes de su demanda. En suma, conforme lo expuesto, se advierte que el acto reclamado deriva de una relación laboral entre la autoridad señalada como responsable Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (patrón) y el quejoso Julio Cesar Solache Ramírez (trabajador); es decir, en un plano de coordinación, de ahí que, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Debe destacarse que es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda (como en el caso que nos ocupa) y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que, los informes justificados que llegasen a rendir las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, ya que la resolución que se dicte será siempre en el mismo sentido y con motivo de la misma causal de improcedencia invocada. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a DESECHAR LA AMPLIACION DE DEMANDA PLANTEADA por su notoria improcedencia.
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