Julio César Sánchez Zúñiga
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio César Sánchez Zúñiga
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el te´rmino de cinco di´as a que se refiere el arti´culo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el provei´do emitido el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se desecho´ de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa Julio César Sánchez Zúñiga, transcurrio´ del uno al cinco de marzo del año actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que preve´ el arti´culo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el arti´culo 356, fraccio´n II, del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, ha´ganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archi´vese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, diputacio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres an~os a partir de la presente fecha, se proceda a su destruccio´n, por actualizarse la hipo´tesis del arti´culo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulacio´n del acta y relacio´n correspondiente para la plena identificacio´n del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, ha´gase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrara´n materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, debera´ comparecer a este juzgado dentro del te´rmino de noventa di´as a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podra´n ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a Julio César Sánchez Zúñiga, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Director de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1°, 4°, 8°, 16, 25, 27, 28, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 173/2021-2. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que como acto reclamado el siguiente: La constancia de incompetencia número TAB/C3/I/2021/000580, emitida por la autoridad responsable. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". A su vez el diverso numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [.]". En el caso, se colige que el acto reclamado consistente en la constancia de incompetencia TAB/C3/I/2021/000580, emitida por la autoridad responsable, en la cual determinó que de conformidad con los elementos presentados por el usuario resulta ser incompetente, por lo que se remitió la solicitud con número de identificación TAB/2532/2021 al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco; es evidente que la constancia de incompetencia antes citada, no le causa perjuicio de imposible reparación al peticionario de amparo, pues no es definitiva, ya que el perjuicio se actualizará hasta que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, (receptora) acepte la competencia planteada por la responsable -o en su caso, cuando la autoridad receptora que dirima el eventual conflicto competencial (en el supuesto de que dicha autoridad no aceptara la competencia planteada), decida que el órgano competente para conocer del asunto lo es éste y no la que anteriormente conocía del mismo- pues hasta que se actualice alguna de esas dos hipótesis, que convergen en que finalmente un diverso órgano se avoque al conocimiento del asunto, en el que adquiera el carácter de decisión irreparable, susceptible de ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, precisamente porque todavía está latente la posibilidad de que la autoridad que dirima el eventual conflicto competencial (en caso de suscitarse el mismo) decida fincar la competencia a la autoridad que originalmente lo tramita, la cual tendría que avocarse al conocimiento del asunto. En efecto, sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que más allá de la distinción de las materias en que se originen los supuestos relacionados con la determinación de un órgano jurisdiccional, de declinar la competencia a favor de otro, debe considerarse que ese tipo de actos, no son de los considerados de imposible reparación, ya que de la misma manera, en el estado procesal correspondiente, se desconoce si la autoridad a favor de quien se declina la competencia aceptará el conocimiento del asunto, ni tampoco se puede adelantar cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que pudiera llegar a suscitarse. Lo anterior, lo determinó el Pleno del Alto Tribunal, tomando en consideración que en ese momento aún no se define quién es realmente la autoridad que deberá conocer del asunto, pues se requiere de al menos otra resolución para definir este aspecto. Resulta aplicable la jurisprudencia 17/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009721, cuya sinopsis reza: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En ese contexto, se advierte que el acto reclamado, es de los que no quedan comprendidos dentro de la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por no tratarse de una resolución definitiva que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, por lo tanto, dicho acto no afecta materialmente de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental protegido por la Constitución General de la República, y ello es así, en virtud de que con dicha determinación no se deja a la parte promovente en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo antes expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción VII y 113 de Ley de Amparo, el penúltimo interpretado a contario sensu, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y como autorizado al licenciado SALVADOR SÁNCHEZ ZÚÑIGA, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual manera se tienen como autorizados a los restantes profesionistas que menciona la parte quejosa, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, por no haber acreditado que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, ni que sus cédulas se encuentren registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, se les pueda ampliar los términos de tal autorización. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS De igual manera la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico, y recibir citas y notificaciones, al respecto se acuerda: Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "Salvatore1318" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones personales se efectúen a la parte quejosa de manera electrónica. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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