Julio Cesar Sanchez Obando
Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Julio Cesar Sanchez Obando
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esa ciudad, mediante el cual acusa recibo de la misiva a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 25/2021, promovido por Julio César Sánchez Obando, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos las copias certificadas de cuenta, de las que se advierte que fue a este Juzgado de Distrito a quien le tocó conocer de respecto de la separación de juicios realizada en el expediente en que se actúa, juicios que fueron registrados con los números 119/2021 y 120/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; mediante el cual informa que no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, mediante auto de veintinueve de enero de la presente anualidad, y devuelve el juicio de amparo 25/2021, promovido por *****. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, en virtud, que del escrito demanda se advierte que quien acude a esta instancia constitucional reclama los siguientes actos de autoridad: "DE LAS ORENADORAS: SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DE FECHA CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN CONTRA DEL SUSCRITO EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 10/2016-II. DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, POR EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, EN AGRAVIO DE *****. TAMBIEN SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN CONTRA DEL SUSCRITO EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 94/2014-II, DEL INDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, POR EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, EN AGRAVIO DE *****. Y SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS, DICTADO EN CONTRA DEL SUSCRITO EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 15/2016, DEL INDICE DEL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, POR EL DELITO DE DELICUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO AGRAVADO, EN AGRAVIO DE ******. DE LAS EJECUTORAS: SE RECLAMA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CITADOS AUTOS DE FORMAL PRISIÓN. SE RECLAMA DE TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR LOS ACTOS RECLAMADOS." De lo anterior, se obtiene que se trata de tres actos reclamados diversos, los cuales no están vinculados entre sí, lo cual amerita que estos se analicen de manera separada a fin de lograr una tramitación más sencilla en el juicio de amparo y evitar un pronunciamiento complicado y confuso. En torno al tema que rige el sentido de esta determinación, se precisa que en la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los numerales 57 a 65, regulaban la figura de la acumulación de autos consistente en la reunión material de un expediente reciente a los autos de otro más antiguo y que se encontraban en trámite en poder del mismo Juez, a fin de continuar su sustanciación conjunta, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal, traducido éste en que en una sola audiencia se resolvieran dos o más juicios de amparo promovidos contra el mismo acto y autoridad responsable, aunque los quejosos sean diversos, a fin de evitar sentencias contradictorias en asuntos vinculados o relacionados. Asimismo, se destaca que en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 6/96. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, estableció, entre otras consideraciones, que: ".debe decirse que así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: Si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado .". Se considera que el legislador atendió esos principios al emitir la nueva Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: "En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución. Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al Juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17 de la Carta Magna. Esa motivación se reflejó en el numeral 66 de la Ley de Amparo, cuya interpretación literal permite establecer que la facultad ahí contenida puede ejercerse de manera unilateral, con potestad plena y sin tramitación alguna. Ahora, tomando en consideración que la procedencia de la separación de autos (como ya se adelantó tiene como objetivo lograr una tramitación más sencilla en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se pronuncien fallos complicados y confusos en su comprensión, en caso de que se otorgara el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto de cada quejoso independiente, sería más completo su cumplimiento. En aras de una pronta y eficaz administración de justicia y a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía a la resolución que se dicte por este órgano de control constitucional, dadas las facultades que otorga el numeral artículo 66 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario; se decreta de oficio la separación de juicios; en razón de que son diversos los actos reclamados en el presente juicio de amparo (desvinculados entre sí). Consecuentemente, por los motivos apuntados y a fin de integrar los expedientes respectivos, se precisa que en el juicio en que se actúa se analizará en relación al acto reclamado al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, consistente en el auto de formal prisión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, por el delito de Delincuencia Organizada y Secuestro Agravado, cometido en agravio de Jesús Ignacio Baena Vela; por tanto, fórmense dos tantos de copias certificadas del presente asunto, y remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que se turne a este órgano jurisdiccional sobre los actos reclamados consistentes en los autos de formal prisión de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 94/2014-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, por el delito de Secuestro agravado, cometido en agravio de Rafael Rubí Nieto y el diverso auto de formal prisión de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 10/2016-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Por otra parte, respecto al acto reclamado a este Órgano Jurisdiccional, consistente en el auto de formal prisión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, por el delito de Delincuencia Organizada y Secuestro Agravado, cometido en agravio de Jesús Ignacio Baena Vela, quien esto resuelve estima que carece de competencia, con base en las siguientes consideraciones. En principio, debe decirse que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Como se desprende de la transcripción anterior, cuando se estima que un Juez de Distrito carece de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, y el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si acepta o no el conocimiento del asunto. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito numeral que a la letra prevén lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el asunto que nos ocupa, el peticionario del amparo Julio Cesar Sánchez Obando, en su demanda de amparo señala como autoridad responsable a este órgano jurisdiccional, lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo y la Tesis Jurisprudencial visible en la página 583 del Tomo V, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO. CUANDO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE LES PRESENTA. El Juez de control constitucional no puede conocer de un juicio de amparo, en el cual figure como acto reclamado una resolución emitida por el propio juzgador, de conformidad con el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que la existencia de esa circunstancia motiva que tenga que calificarse de legal el impedimento que proponga el Juez de Distrito respectivo." Luego, atento al criterio que precede, resulta obligado considerar lo que dispone el arábigo 38 de la Ley de Amparo: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Así observamos que el dispositivo antes transcrito, determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. En esa tesitura, este Juzgado Federal estima que la competencia para conocer del presente juicio constitucional, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con residencia en esta ciudad, pues se señaló como autoridad responsable a este órgano de control constitucional. En efecto, si el quejoso reclama auto de formal prisión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictado en contra del quejoso, en la causa penal número 15/2016, del índice de este juzgado Federal, por el delito de delincuencia organizada y secuestro agravado, en agravio de Jesús Ignacio Baena Vela, entonces es evidente que éste juzgado federal resulta ser incompetente para conocer del juicio promovido contra dicho acto, ya que no es dable que un Juzgado de Distrito pueda tener el doble carácter de juez y parte en un juicio, menos aún analizar la eventual constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que a este Juzgado Federal se le reclaman, pues sostener lo contrario pondría en grave riesgo la imparcialidad de la resolución que se emita. Lo anterior se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis número P./J. 44/2001, editada en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito". No pasa inadvertido para este juzgador federal lo establecido en la jurisprudencia P./J 44/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XIII, abril de 2001, materia común, novena época, localizable en la página 75, de rubro: En consecuencia, con apoyo en el numeral 48 de la ley de la materia y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase la demanda que se provee a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que por su conducto sea enviada al Juzgado de Distrito en Turno que corresponda, solicitando desde este momento se comunique si se acepta o no la competencia declinada, y el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica.
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