Julio Cesar Salinas Santa Maria

Expediente 1191/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1191/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Salinas Santa Maria

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos y la certificación de cuenta, ... se declara que dicho acuerdo ha causado estado.... archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.... es susceptible de destrucción, toda vez que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual se deban conservar; juicio que deberá destruirse por este juzgado después de tres años de dictado el presente acuerdo de asunto concluido... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En atención a la comunicación librada en este expediente, no ha lugar acordar mayor proveído, pues en auto de veinticinco de marzo pasado, se ordenó notificar por lista el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos del sumario constitucional en que se actúa el oficio de cuenta, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; por medio del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 106/2020, con número de orden 106/2020, del índice de este juzgado, librado a efecto de notificar al quejoso el contenido del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, al respecto, acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, en atención a la razón actuarial que obra en la comunicación oficial en comento, mediante la cual se informa la imposibilidad para notificar de manera personal a la parte quejosa el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el domicilio señalado para tal efecto por las razones que indica en la misma; en consecuencia, realícese la citada notificación por lista, así como las subsecuentes, hasta en tanto se señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Julio César Salinas Santamaría, por su propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de Educación Pública, por considerarlos violatorios de los derechos humanos y sus garantías previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número de expediente 1191/2020. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61 consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Ahora bien, toda vez, que de la certificación de cuenta se advierte que la demanda fue presentada vía electrónica y sin evidencia criptográfica, este Juzgado Federal considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales establecen: "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [...]" "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que, sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, conforme a los artículos 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Ahora bien, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tópico, el artículo 761 , del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Julio César Salinas Santamaría, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia criptográfica que refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este juzgado, así como de la impresión fidedigna que obra en el expediente físico que se actúa. De manera que no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, en el tomo 181- 186 Quinta Parte, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 242,775, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica), respecto del promovente Julio César Salinas Santamaría. De manera que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Es aplicable también, la tesis dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y dos, a página cuatrocientos noventa y cuatro, con número de registro 219,413, que dice: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de Julio César Salinas Santamaría, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. La falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página trescientos catorce, en el tomo X, de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Igualmente, cobra aplicación también, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, en el tomo X, de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,142, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Así como, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, del tomo VI, segunda parte-2, correspondiente a julio a diciembre de mil novecientos noventa, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 225,017, que reza: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Julio César Salinas Santamaría, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 6°, 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona, sin perjuicio de que en el momento que promueva alguno de los señalados por la parte quejosa en términos amplios, se le reconozca dicho carácter en el acuerdo que recaiga, siempre y cuando cumpla con los requisitos del precepto legal citado; lo que se hace constar para los efectos a que haya lugar. En otro contexto, toda vez que el domicilio que el quejoso señaló en su escrito inicial de demanda, se encuentra fuera de la circunscripción territorial de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en la Ciudad Pachuca, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique al quejoso Julio César Salinas Santamaría, el presente proveído, en el siguiente domicilio: Calle Criptón, número 16, Fraccionamiento Villa Magna, Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, y a su vez, lo requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio en que radica de este órgano de control constitucional, apercibido que en caso de no hacerlo así, las notificaciones que surjan dentro del procedimiento incluso las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de éste juzgado federal, lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la inteligencia de que se autoriza al juzgado exhortado, a llevar a cabo todas las diligencias necesarias a fin de realizar la notificación que se encomienda, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación en comento, de conformidad con lo establecido por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo anterior a fin de evitar violaciones procesales y lograr una impartición de justicia expedita; solicitando que una vez que sea diligenciado el exhorto que se remite al efecto, lo devuelva a este juzgado por vía electrónica a la brevedad posible. Sin que se requiera acuse de recibo al homólogo federal exhortado, debido a que éste se generará de manera automática al remitir la comunicación por la citada vía. Asimismo, de conformidad con la circular número "12/2009", del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, y con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las partes previa autorización del juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos, por conducto de sus autorizados, o bien, de sus delegados, en ese sentido, y por economía procesal, se les autoriza el uso de medios electrónicos, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tales autorizaciones estarán vigentes hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hacen extensivas sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. A efecto de no retardar el procedimiento, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE AUTO Y EL DIVERSO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Julio César Sali++++++, por su propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de Educación Pública, por considerarlos violatorios de los derechos humanos y sus garantías previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número de expediente 1191/2020. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61 consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Ahora bien, toda vez, que de la certificación de cuenta se advierte que la demanda fue presentada vía electrónica y sin evidencia criptográfica, este Juzgado Federal considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales establecen: "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que, sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, conforme a los artículos 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Ahora bien, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3 dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tópico, el artículo 761 , del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Julio César Salinas Santamaría, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia criptográfica que refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este juzgado, así como de la impresión fidedigna que obra en el expediente físico que se actúa. De manera que no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, en el tomo 181- 186 Quinta Parte, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 242,775, cuyo rubro y texto son los siguientes: ....Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica), respecto del promovente Julio César .... De manera que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Es aplicable también, la tesis dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y dos, a página cuatrocientos noventa y cuatro, con número de registro 219,413, que dice:....Igualmente, cobra aplicación también, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, en el tomo X, de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,142, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Así como, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, del tomo VI, segunda parte-2, correspondiente a julio a diciembre de mil novecientos noventa, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 225,017, que reza: .....En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Julio César Salinas Santamaría, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 6, 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona, sin perjuicio de que en el momento que promueva alguno de los señalados por la parte quejosa en términos amplios, se le reconozca dicho carácter en el acuerdo que recaiga, siempre y cuando cumpla con los requisitos del precepto legal citado; lo que se hace constar para los efectos a que haya lugar. En otro contexto, toda vez que el domicilio que el quejoso señaló en su escrito inicial de demanda, se encuentra fuera de la circunscripción territorial de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2, 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en la Ciudad Pachuca, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique al quejoso Julio César Salinas Santamaría, el presente proveído, en el siguiente domicilio: Calle Criptón, número 16, Fraccionamiento Villa Magna, Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, y a su vez, lo requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio en que radica de este órgano de control constitucional, apercibido que en caso de no hacerlo así, las notificaciones que surjan dentro del procedimiento incluso las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de éste juzgado federal, lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la inteligencia de que se autoriza al juzgado exhortado, a llevar a cabo todas las diligencias necesarias a fin de realizar la notificación que se encomienda, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación en comento, de conformidad con lo establecido por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo anterior a fin de evitar violaciones procesales y lograr una impartición de justicia expedita; solicitando que una vez que sea diligenciado el exhorto que se remite al efecto, lo devuelva a este juzgado por vía electrónica a la brevedad posible. Sin que se requiera acuse de recibo al homólogo federal exhortado, debido a que éste se generará de manera automática al remitir la comunicación por la citada vía. Asimismo, de conformidad con la circular número "12/2009", del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, y con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las partes previa autorización del juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos, por conducto de sus autorizados, o bien, de sus delegados, en ese sentido, y por economía procesal, se les autoriza el uso de medios electrónicos, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tales autorizaciones estarán vigentes hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hacen extensivas sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. A efecto de no retardar el procedimiento, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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