Julio César Salinas Díaz
Expediente 452/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio César Salinas Díaz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 15-20), en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por Julio César Salinas Díaz; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, de la Ley citada, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. III-B-Penal
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por Julio César Salinas Díaz, contra actos del Juez Primero Civil de Tehuantepec, Oaxaca; que hizo consistir en: "IV). ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable se reclama el acuerdo de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, mediante el cual ordena se giren oficios al Delegado Jurídico de la empresa Petróleos Mexicanos, como se aprecia a continuación: "Se da cuenta con el escrito de Alva Ruth Damián Fernández, recibido el once de los corrientes, visto su contenido y en razón a la primera de sus peticiones dígasele que se esté a lo acordado en autos, con respecto a la segunda de sus peticiones se orden enviar oficio al Delegado Jurídico de la empresa Petróleos Mexicanos para que en el plazo de TRES DÍAS informe 1.- La fecha la que s ele hizo al demandado Julio César Salinas Díaz el pago correspondiente con motivo de su jubilación, 2.- La cantidad que se le cubrió al señor Julio César Salinas Díaz con motivo de su jubilación, 3.- que informe el porcentaje con el que fue jubilado el señor Julio César Salinas Díaz, 4.- debiendo acompañar a su informe los documentos que lo justifiquen, (sic)". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde que es el 452/2018. Ahora bien, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de la demanda, primeramente se analizará, si la misma, está afecta a alguna de las causas de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 62 que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así las cosas, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo promovido por el quejoso Julio César Salinas Díaz, contra el acto reclamado, consistente en el contenido del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día hábil en que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de dicho acto reclamado. En efecto, del escrito de demanda se advierte que el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, y que adquiere eficacia probatoria plena acorde a lo señalado por el artículo 199 de la legislación procesal civil mencionada, que en fecha uno de octubre del año en curso, promovió recurso de apelación en contra del auto de fecha veinte de septiembre del presente año (el cual consiste en el acto reclamado), de lo que se advierte que al uno de octubre del dos mil dieciocho, el quejoso tenía conocimiento del acto que ahora reclama. Lo anterior se desprende del escrito que en lo conducente dice: V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO: QUE LOS HECHOS Y ANTECEDENTES QUE A CONTINUACIÓN SEÑALO SON CIERTOS: 1. [.] 8. Que mediante auto de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, el cual a la letra dice: "se da cuenta con el escrito de ALVA RUTH DAMIAN FERNANDEZ recibido el once de los corrientes, visto su contenido y en razón a la primera de sus peticiones dígasele que se esté a lo acordado en autos, con respecto a la segunda de sus peticiones se ordena enviar oficio al Delegado Jurídico de la empresa Petróleos Mexicanos para que en el plazo de TRES DIAS informe la fecha que se le hizo al demandado JULIO CESAR SALINAS DIAZ el pago correspondiente con motivo de su jubilación. 2.- informe que cantidad se le cubrió al señor JULIO CESAR SALINAS DIAZ con motivo de su jubilación, 3.- que informe el porcentaje con el que fue jubilado el señor JULIO CESAR SALINAS DIAZ. 4.- Debiendo acompañar a su informe los documentos que lo justifiquen, de hacer caso omiso se hará acreedor a una multa equivalente a DIEZ unidades de Medida y Actualización Vigente en el estado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado 6 párrafos penúltimo y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción 1 del numeral 79 del código de procedimientos civiles en vigor". Como se podrá observar el C. Juez de Origen acuerda favorable lo solicitado por la actora, lo cual es contrario a las garantías jurídicas de DEBIDO PROCESO. 9. Siendo que mediante escrito de fecha 1 DE OCTUBRE DE 2018, el suscrito promoví RECURSO DE APELACIÓN en contra del auto de fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, mencionado en el inciso anterior. 10. A este último escrito de fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2018, recae el auto de fecha 11 DE OCTUBRE DE 2018, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que me fue notificado el día 25 DE OCTUBRE DE 2018 en que se actúa, mediante el cual el C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUANTEPEC, OAXACA, niega dar trámite a la apelación. (Lo resaltado y subrayado es propio de este Juzgado) En ese tenor, al existir confesión expresa del quejoso, respecto de la fecha en que se ostentó sabedor de la existencia del acto reclamado, siendo dicha fecha, el uno de octubre de dos mil dieciocho, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es, el dos de octubre de dos mil dieciocho, y feneció dicho plazo el veintitrés de octubre del presente año, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, siendo estos, el seis, siete, doce, trece, catorce, veinte y veintiuno del presente mes y año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se sigue que, si el quejoso hasta el treinta de octubre de dos mil dieciocho, presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado en esta ciudad, resulta claro que el plazo legal de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, tuvo hasta el veintitrés de octubre del año en curso, para presentar su demanda de amparo de manera oportuna. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, con número de registro 177995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII (julio de 2005), visible a fojas 1035, Novena Época, materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Asimismo, por identidad jurídica sustancial resulta aplicable, la jurisprudencia número P./J. 27/96, con número de registro 200094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (Junio de 1996), Página 57, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En el entendido que los criterios jurisprudenciales citados en este acuerdo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado no se oponen a las disposiciones de dicha ley. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Julio César Salinas Díaz, contra actos del Juez Primero Civil de Tehuantepec, Oaxaca. Ahora, como la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados" de este juzgado, indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por otra parte, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado Luis Nazariol Monroy Gómez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para imponerse de autos a las personas que señala. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. III-B
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