Julio Cesar Salgado Bravo
Expediente 1589/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julio Cesar Salgado Bravo
- Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado f i rme , para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 59/2021-IV, promovido por OLIMPO CAMPOS SÁNCHEZ y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el dieciocho de febrero siguiente en este Juzgado de Distrito, OLIMPO CAMPOS SÁNCHEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades Congreso, Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se radicó con el número 59/2021-IV y se desechó la demanda, lo cual fue recurrida y revocada mediante ejecutoria de veinte de mayo del año en curso, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Circuito Judicial emitida en la queja en materia de trabajo 23/2021, la cual se declaró fundada, luego, mediante proveído de tres de junio del presente año, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, se inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos combatidos fueron emitidos en esta ciudad por autoridades locales. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, en el presente juicio de amparo, es necesario fijar adecuadamente los actos reclamados a las autoridades Congreso y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, ambos del Estado de Morelos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, como a continuación se precisan: La expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. La expedición del dictamen de acuerdo de cinco de octubre del dos mil veinte, mediante el cual se niega la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación. Del Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos. La promulgación y orden de publicación del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado Morelos, consistente en la emisión del dictamen de acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, como lo manifiesta en informe justificado. Esto, porque en términos del artículo 67, fracción I, de la Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el conocimiento, estudio y dictamen de los asuntos referentes a las pensiones del servicio del Estado y municipios, corresponde a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho Congreso, cuyo texto se cita en seguida. "Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su responsabilidad: I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho;..." Así, de conformidad con lo establecido por el numeral 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso de Estado de Morelos, únicamente se informó al Pleno del citado Congreso, el dictamen de cinco de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se niega la pensión por jubilación al quejoso OLIMPO CAMPOS SÁNCHEZ. "Artículo 104.- Para la formulación de proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: [.] II.- Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o improcedencia. En caso de considerarse procedente se elaborarán las consideraciones del dictamen en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva únicamente para efectos de su conocimiento." -Lo subrayado es propio- Por consiguiente, debe sobreseerse respecto al acto reclamado al Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos consistentes en la expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; expedición del dictamen de cinco de octubre del dos mil veinte, mediante el cual se niega la pensión por jubilación en favor del quejoso; y la promulgación y orden de publicación del artículo 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Esto, porque así lo aceptaron las autoridades responsables Congreso, Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, en sus informes justificados. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. CAUSA FUNDADA I.- El Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, argumentaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no combate por vicios propios los actos de promulgación y publicación. En la especie, como acertadamente lo alegan dichas autoridades respecto del promulgación y orden de publicación del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los artículos citados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso impugna la promulgación y la publicación de las normas reclamadas, pero no por vicios propios. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no impugnó por vicios propios los actos que atribuyó al Gobernador y Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la promulgación y publicación de la norma reclamada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio con relación a los actos reclamados al Gobernador y Congreso del Estado de Morelos. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, página 2248, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." Así como la tesis XXVII.3o.86 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Véase en la página 2128 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, registro: 2009694, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS." CAUSA INFUNDADA II.- El Congreso y la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, ambos del Estado de Morelos, refieren que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico del quejoso, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es infundada dicha causal de improcedencia, en virtud de que, contrariamente a lo que aducen, la norma impugnada fue aplicada en la esfera jurídica del gobernado por medio del decreto de cinco de octubre de dos mil veinte, por el que se le negó la pensión por jubilación al no cumplir con los años de servicio exigidos en el artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el referido dictamen se negó la pensión por jubilación debido a que el peticionario de amparo hasta ese momento, acreditó que laboró únicamente un total de dieciocho años, diez meses y cinco días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, lo que, en el concepto del quejoso, le causa un perjuicio, en razón de que estima debe corresponderle una pensión de cincuenta por ciento (50%); ya que por la misma antigüedad, a las mujeres se les concede la pensión en ese porcentaje, lo que considera trasgrede el derecho de igualdad por razón de género. De ahí que, contrariamente a lo que aducen las autoridades responsables en comento, los actos reclamados sí afectan el interés jurídico del quejoso, a más que como se verá, tales aspectos se encuentran vinculados con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación, lo que da lugar a negar el amparo y protección de la justicia federal. Sin que en el caso exista queja deficiente que suplir, ya que, al tratarse de un juicio de amparo en el que se combate el otorgamiento de una pensión por jubilación, sólo procede suplir la deficiencia de la queja en favor del quejoso, cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho; sin embargo, como se precisará en el presente apartado, no se advierte que la suplencia conduzca a algo provechoso para el quejoso, por ello, basta con que así se declare sin necesidad de hacer un estudio oficioso del asunto, en términos de la jurisprudencia 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". En primer término, se estima oportuno destacar que se negó al quejoso la pensión por jubilación, ya que únicamente acreditó haber laborado un total de dieciocho (18) años, diez (10) meses y (5) cinco días, de servicio efectivo ininterrumpido. Sustancialmente, aduce el quejoso que el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sustentó el diverso acto de autoridad reclamado, transgrede lo dispuesto por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no considerar una igualdad entre ambos géneros y negarle su jubilación con una perspectiva de género, teniendo una desventaja por el hecho de ser hombre, negándosele aplicar el mismo criterio que el rector para las mujeres. Establecido lo anterior, lo que procede es declarar inoperantes los sintetizados conceptos de violación relativos a la constitucionalidad del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sirvió de sustento para la expedición del del dictamen de cinco de octubre del dos mil veinte, mediante el cual se negó la pensión por jubilación en favor del quejoso, en virtud de que no cumple con el requisito referente a los años de servicio previstos en la fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que sobre tal cuestión la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció jurisprudencia por contradicción, en la que consideró que las leyes burocráticas que benefician a las mujeres al establecer menos años de servicio de los exigidos a los hombres para acceder al porcentaje máximo de la pensión por jubilación no viola los principios de igualdad ante la ley, ni el que ordena que a trabajo igual corresponderá salario igual. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2019 en sesión de once de septiembre de dos mil diecinueve, se pronunció en el sentido de que las diferencias de trato entre hombres y mujeres para acceder a la pensión por jubilación, en relación con el porcentaje del salario que reciben por los años de servicios prestados, no vulnera los derechos de igualdad y no discriminación por razón de género, así como el principio del derecho laboral en el sentido de que a trabajo igual, corresponde salario igual, pues el otorgamiento de dicha pensión con un límite de edad y/o años de servicio, en favor de las mujeres trabajadoras diferenciado del régimen aplicable a los hombres, constituye un reconocimiento a la función que la mujer desempeña dentro de nuestra sociedad, ya que las circunstancias sociales y familiares que las han rodeado en el transcurso de los años, han conducido a implementar diversas medidas, tanto contractuales como legislativas, a fin de lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el desarrollo de las actividades laborales. Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.140/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, Décima Época, página 607, número de registro 2020994, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTIVAMENTE.". En ese tenor, resulta indudable que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso deben declararse inoperantes, habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya constituyó jurisprudencia por contradicción, en la que determinó que numerales como el impugnado no contravienen el principio de igualdad y no discriminación contenido en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la posibilidad legal de que las mujeres se jubilen en mejores condiciones de edad y/o años de servicio, en comparación con los hombres, otorga un beneficio a la mujer que generalmente cumple con dos funciones en la sociedad, esto es, como participante activa en el desarrollo de las actividades del país y como pilar fundamental en el ámbito familiar, sin que esto implique un perjuicio o una limitante al derecho de los hombres a gozar de la jubilación, pues estos podrán alcanzar dicho beneficio siempre y cuando se cumplan con los años de servicio requeridos y la edad exigida para ello, de conformidad con lo expresamente previsto en las leyes; criterio que al resolver la interpretación de normas relativas de manera temática, ya que así se expuso por el Máximo Tribunal, resulta exactamente aplicable al caso. Motivo por el cual, es inconcuso que para dar contestación a los conceptos de violación, basta invocar la jurisprudencia antes indicada a efectos de dar respuesta al planteamiento central del tema; máxime que ésta resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, consultable a página 21, con registro 198920, cuyo rubro es el siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA." Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer contra la norma combatida, lo procedente es negar el amparo solicitado; negativa que se hace extensiva al acto de aplicación combatido consistente en el dictamen de cinco de octubre del dos mil veinte, mediante el cual se niega la pensión por jubilación en favor del quejoso, en virtud de que no cumple con el requisito referente a los años de servicio previstos en la fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al sustentar su inconstitucionalidad a lo resuelto en relación al precepto legal ya analizado. En esa tesitura por cuanto a los alegatos formulados por la parte quejosa, no ha lugar acordarlos favorablemente, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. SÉPTIMO. Cambio de titular. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR OLIMPO CAMPOS SÁNCHEZ, respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos por los razonamientos expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a OLIMPO CAMPOS SÁNCHEZ, por cuanto a la a aprobación, promulgación y expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que se reclamó al Congreso del Estado de Morelos, así como en relación al acto de aplicación consistente en el dictamen de cinco de octubre del dos mil veinte, mediante el cual se niega la pensión por jubilación, reclamado a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por los razonamientos contenidos en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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