Julio Cesar Rodriguez Ortega

Expediente 3/2012 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 59 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3/2012
Año
2012
Actuaciones
59
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Rodriguez Ortega
  • Congreso General de la Union
  • Jorge Luis Calles Peñaloza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar respuesta a la solicitud contenida en el oficio signado vía electrónica por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal (registrado con el folio 2436); a fin de que se le proporcione información relacionada con el presente asunto, y se remita copia certificada de las constancias que indica. En ese sentido, este órgano jurisdiccional procede a desahogar cada uno de los puntos precisados en el ocurso de mérito. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del expediente de mérito, así como los datos relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las sentencias que se hubieran emitido. I. Mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil once, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. H. CONGRESO GENERAL DE LA UNIÓN EN SUS DOS CÁMARAS, DE DIPUTADOS Y DE SENADORES (.) 2. C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (.) 3. C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. 4. H. CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (.. 5. SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (...) 6. ENCARGADO DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (.) 7. SECRETARIO GENERAL INSTRUCTOR DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (.) 8. C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (.) 9. C. LIC. ********************, SECRETARIO INSTRUCTOR, DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN, DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO ********************(.) 10. C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (.). ACTOS RECLAMADOS: 1. DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS INTEGRADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA CÁMARA DE SENADORES. Reclamo. De la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, reclamo la discusión, votación y aprobación del decreto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, cuyo contenido lo considero inconstitucional en sus artículos 46, fracción II, inciso a), en relación con el artículo 86, segundo párrafo, ambos de dicha Ley Orgánica, por ser el tipo de normas heteroaplicativas, los cuales violan en mi perjuicio mis derechos humanos y las garantías fundamentales contenidas en los preceptos 1º (garantía que todo ser humano tiene por el simple hecho de serlo), 5º (derecho al trabajo lícito), 14 (segundo párrafo, principio de legalidad), 16 (principio de seguridad jurídica), 22 (penas inusitadas y trascendentales) y 133 (supremacía de la Constitución y tratados internacionales), todos de la CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, en relación con los artículos 1º (obligación de respetar los derechos), 2º (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 8º (garantías judiciales), 9º (principio de legalidad y retroactividad), 24 (igualdad ante la ley), 25 (protección judicial), 27 (suspensión de garantías), 28 (cláusula federal), 29 (normas de interpretación) y 30 (alcance de las restricciones), todos de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, del apartado Deberes de los Estados y Derechos Protegidos, 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno), 4 (no admisión de restricciones), 6 (derecho al trabajo), 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo), del PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 'PROTOCOLO DE SAN SALVADOR', observancia, aplicación e interpretación de los tratados, SECCIÓN PRIMERA, observancia de los tratados, artículo 26 (Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe), artículo 27 (el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46). SECCIÓN SEGUNDA. Nulidad de los tratados, artículo 46 (disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados). 1 (el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno), 2 (una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe), de la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS. Al propiciar dichos artículos impugnados, inminentemente por su redacción, a la realización de las separaciones del servicio en forma arbitraria y/o injustificada, en el cargo que ocupo, al crear una situación de incertidumbre jurídica, y un notorio y total estado de indefensión, ante la aplicación del artículo 46, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y la inminente separación en forma injustificada (a la que alude el artículo 86 del mismo ordenamiento, que hasta antes de la presentación de la presente demanda no se ha consumado) del servicio libre, ilegal, arbitrario e injustificado, al permitir a las autoridades, superiores jerárquicos, actuar sin la exigencia de disciplinar sus actos a la norma fundamental, sumergiéndome en una burbuja de suspensión de derechos fundamentales, se pretende con el texto enmarcan, (sic) mismas que por economía procesal solicito su reproducción total en este acto reclamado, texto que es: fijo, excesivo e inflexible a la individualización de la sanción acorde a los elementos que para tal fin están propuestos en el artículo 73 de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República como son la gravedad o levedad de la infracción realizada y los medios de ejecución, por lo que es contraria a la conciencia colectiva nacional e internacional, y que no distingue buenos de malos elementos policíacos, vulnerando mi esfera jurídica, por ser una prohibición total para que cualquier autoridad jurisdiccional determine en caso procedente la reincorporación o reinstalación (porque tengo derecho a gozar de ciertos beneficios que nuestras propias leyes confieren, como son, la permanencia en el cargo, mientras no dé causa justificada para lo contrario). Al ser contraria a mi interés particular, versa a ser despedido injustificadamente, sin que existan altas o mínimas circunstancias o razones políticas, sociales, de interés general o de orden público, que exijan dicha forma de regulación pretendida dejándome en total estado de indefensión, al proscribirme el derecho aun y cuando se interponga un medio de defensa en que se lograra una sentencia favorable tanto por vicios en el procedimiento, como por una resolución de fondo, ante arbitrariedades o argumentos falsos de mis superiores, constriñéndome sólo a la indemnización irrisoria, con las consecuencias incluso de despidos masivos, con el único propósito de vedar la profesión que escogí dentro de la Seguridad Pública Federal, por el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, y al contener una sanción privativa de derechos humanos, fundamentales y restrictiva de libertades. 2. DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Reclamo: La aprobación, promulgación y publicación de los artículos 46, fracción II, inciso a), en relación con el artículo 86, segundo párrafo, ambos de dicha Ley Orgánica, por ser el tipo de normas heteroaplicativas, los cuales violan en mi perjuicio mis derechos humanos y las garantías fundamentales contenidas en los preceptos 1º (garantía que todo ser humano tiene por el simple hecho de serlo), 5º (derecho al trabajo lícito), 14 (segundo párrafo, principio de legalidad), 16 (principio de seguridad jurídica), 22 (penas inusitadas y trascendentales) y 133 (supremacía de la Constitución y tratados internacionales), todos de la CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, en relación con los artículos 1º (obligación de respetar los derechos), 2º (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 8º (garantías judiciales), 9º (principio de legalidad y retroactividad), 24 (igualdad ante la ley), 25 (protección judicial), 27 (suspensión de garantías), 28 (cláusula federal), 29 (normas de interpretación) y 30 (alcance de las restricciones), todos de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, del apartado Deberes de los Estados y Derechos Protegidos, 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno), 4 (no admisión de restricciones), 6 (derecho al trabajo), 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo), del PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 'PROTOCOLO DE SAN SALVADOR', observancia, aplicación e interpretación de los tratados, SECCIÓN PRIMERA, observancia de los tratados, artículo 26 (Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe), artículo 27 (el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46), SECCIÓN SEGUNDA, nulidad de los tratados, artículo 46 (disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados), 1 (el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno), 2 (una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe), de la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS. Al propiciar dichos artículos impugnados, inminentemente por su redacción, a la realización de las separaciones del servicio en forma arbitraria y/o injustificada, en el cargo que ocupo, al crear una situación de incertidumbre jurídica, y un notorio y total estado de indefensión, ante su ahora aplicación del artículo 46, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y la inminente separación en forma injustificada (a la que alude el artículo 86 del mismo ordenamiento, que hasta antes de la presentación de la presente demanda no se ha consumado) del servicio 'libre', ilegal, arbitrario e injustificado, al permitir a las autoridades, superiores jerárquicos, actuar sin la exigencia de disciplinar sus actos a la norma fundamental, sumergiéndome en una burbuja de suspensión de derechos fundamentales, se pretende con el texto enmarcan, (sic) mismas que por economía procesal solicito su reproducción total en este acto reclamado, texto que es: fijo, excesivo e inflexible a la individualización de la sanción acorde a los elementos que para tal fin están propuestos en el artículo 73 de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República como son la gravedad o levedad de la infracción realizada y los medios de ejecución, por lo que es contraria a la conciencia colectiva nacional e internacional, y que no distingue buenos, de malos, elementos policíacos, vulnerando mi esfera jurídica, por ser una prohibición total para que cualquier autoridad jurisdiccional determine en caso procedente la reincorporación o reinstalación (porque tengo derecho a gozar de ciertos beneficios que nuestras propias leyes confieren, como son, la permanencia en el cargo, mientras no dé causa justificada para lo contrario). Al ser contraria a mi interés particular, versa a ser despedido injustificadamente, sin que existan altas o mínimas circunstancias o razones políticas, sociales, de interés general o de orden público, que exijan dicha forma de regulación pretendida dejándome en total estado de indefensión, al proscribirme el derecho aun y cuando se interponga un medio de defensa en que se lograra una sentencia favorable tanto por vicios en el procedimiento, como por una resolución de fondo, ante arbitrariedades o argumentos falsos de mis superiores, constriñéndome sólo a la indemnización irrisoria, con las consecuencias incluso de despidos masivos, con el único propósito de vedar la profesión que escogí dentro de la Seguridad Pública Federal, por el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, y al contener una sanción privativa de derechos humanos, fundamentales y restrictiva de libertades. 3. DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. Reclamo: El refrendo y firma del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de mayo de 2009 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 4. Del C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el acto de interponer queja ********************, SIN FUNDAMENTO NI MOTIVACIÓN, iniciándose procedimiento administrativo de separación del servicio ante el H. Consejo de Profesionalización, en contra del suscrito, dejándolo en total estado de indefensión, al interponer e integrar dicha queja, sin la totalidad de las constancias o pruebas que integran las evaluaciones de: a) entorno social o situación patrimonial; b) psicología: y c) poligrafía, que deberían de soportar la misma en agravio del suscrito quejoso y en franca contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 47, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 5. Del H. CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, C. SECRETARIO TÉCNICO, C. ENCARGADO DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN, C. SECRETARIO GENERAL INSTRUCTOR, C. LIC. ******************** EN SU CALIDAD DE SECRETARIO INSTRUCTOR DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN, y C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, todos dependientes del CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su calidad de ORDENADORAS y EJECUTORAS, la APLICACIÓN, del artículo 46, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su resolución, fechada 28 de diciembre de 2011, y la inminente aplicación de la separación en forma ilegal, arbitraria e injustificada, a la que alude el artículo 86 del mismo ordenamiento, que hasta antes de la presentación de la presente demanda no se ha consumado, artículos que tacho de inconstitucionales. De estas mismas autoridades, también reclamo, el primer acto de aplicación, consistente en incoar procedimiento administrativo de separación del servicio, ********************, en contra del suscrito, mediante oficio ********************, por medio del cual se recepcionó la queja ******************** y se notificó de la misma, al suscrito, el 30 de noviembre de 2011, señalando para tal efecto, fecha de audiencia a la que alude el artículo 47, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dejando en total estado de indefensión, al suscrito, en contravención a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, en sus subgarantías de debida fundamentación y motivación, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, mediante actos ilegales, arbitrarios e injustificados, por lo que también invoco como actos reclamados la totalidad de los oficios antes mencionados; al ser conocimiento de dichas responsables, que se interpuso e integró dicha queja, emitida e instaurada por el Titular de la Agencia Federal de Investigación, en agravio del suscrito, en el siguiente sentido, por lo que también señalo como actos reclamados los siguiente. A). Que la queja y todos los actos reclamados anteriores, contravienen lo preceptuado por los artículos 1º, 5º, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución de nuestro país, en relación con diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador' y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. B). Que todos los actos anteriores, transgreden en mi agravio, lo preceptuado por artículos que a continuación se mencionan, esto al no verificar que la queja llenara los requisitos del artículo 47, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al no solicitar al menos, el Encargado del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización, al C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, antes referido, en fundamento del artículo 48 y 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 104, 105 y 106, fracciones II y III, del Reglamento de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, que es la normatividad que rige actualmente a la Procuraduría mencionada, la totalidad de los documentos o constancias que integran las evaluaciones de: a) entorno social o situación patrimonial; b) psicología; y c) poligrafía, y con la totalidad de las mismas notificar, al suscrito quejoso, para que responda en su defensa a las imputaciones que se le hacen acorde el artículo 47, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, todo esto, en franca contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos secundarios, antes mencionados. C). Al omitir el SECRETARIO INSTRUCTOR DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN, correr traslado, al suscrito, del oficio por el cual el Consejo de Profesionalización, acordó procedente la queja para incoar procedimiento administrativo de separación del cargo que ocupo de Agente de la Policía Federal Ministerial. D). Que dicha queja, fue emitida por autoridad no competente que transgrede el ámbito de validez de competencia de autoridad administrativa, por razón de 'GRADO' (o jerarquía). E). Que respecto a dicha queja, subsisten causales de improcedencia notorias, por lo que debe ser desechada, al igual que sus efectos, es decir, todos y cada uno de los actos reclamados en este numeral "5", al transgredir, en mi agravio, lo preceptuado por los artículos 115, fracciones I y VII, último párrafo, 117, 118 y 119 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, además de que la prueba denominada evaluación conjunta, base de la acción del procedimiento de separación, no es conteste en sí misma, (sic) es decir, no tiene pies ni cabeza, pues, de dicha evaluación conjunta, de su simple lectura que se haga de la misma, se podrá apreciar que no se especifica dónde empieza y dónde acaba lo referente a cada evaluación mencionada en el acto reclamado referido como inciso "B", y su relación con alguna otra evaluación en forma contextual y en base a sus resultados individuales, al no realizarse en la misma, un análisis integral (conjunto) y contextual de las evaluaciones de control de confianza aplicadas, ni un análisis integral (conjunto) de resultados del proceso de evaluación: ni el análisis integral del expediente personal del suscrito como servidor público, ni la revisión de los resultados de los exámenes técnicos como sería la técnica de 3 puntos o cualquier otra que hubiese servido para arribar a cierta o cual conclusión en la evaluación poligráfica como debe referir el oficio ********************, por lo que se transgrede el artículo 54 en relación con el 51, ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. F). Que en dicha queja no se encuentra señalado ni probado el requisito de permanencia que supuestamente incumplí, basado en hechos acorde lo señala el artículo 119 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. G). Que los documentos base de la queja no constituyen medios de prueba que presuman la imputación que se hace al suscrito, violando artículos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. H). La falta de notificación del diferimiento de audiencia, en el domicilio que para tal efecto señalé, y personas que autoricé para tal efecto, acorde lo que preceptúa el artículo 113, fracción XIII, DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL. I). La resolución emitida por el H. CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA fechada 28 de diciembre de 2011. (.)". II. Por auto de tres de enero de dos mil doce, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, registrándola con el número de expediente ********************; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le compete. III. A través del escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil doce, el quejoso formuló ampliación de demanda de amparo por lo que hace a las autoridades responsables y actos que a continuación se transcriben: "(.) 1. Del C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, y C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, AMBOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la primer autoridad el acto de interponer la queja ********************, CARENTE DE FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN, para iniciar procedimiento administrativo de separación del servicio ante el H. Consejo de Profesionalización, en contra del suscrito; de la segunda autoridad, el dictado y emisión de la prueba denominada como "Evaluación Conjunta", dentro de la cual, se emitió como resultado (único) . 2. Aunado a ello, reclamo del C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el que indique e impute cuestiones ajenas al suscrito, pues según dicha autoridad en su prueba basal denominada como "Evaluación Conjunta", el suscrito, es proclive a tolerar conductas que infrinjan la norma, es decir, me imputan responsabilidades futuras e inciertas en que incurran otros sujetos (.) 3. Del C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, C. SECRETARIA INSTRUCTORA DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN Y H.CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, todos de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la queja interpuesta en mi contra, la incoación o inicio del procedimiento administrativo de separación, y la emisión de la resolución de fecha 28 de diciembre de 2011, al no estar debidamente fundadas y motivadas (.)'. IV. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, mediante proveído de veinte de abril de dos mil doce, se determinó no acordar de conformidad con la ampliación de demanda, en tanto se precisó que los actos reclamados son los mismos que impugnó en su escrito inicial de demanda. V. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de queja; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el toca Q.A.I. ********************y mediante resolución correspondiente a la sesión de seis de junio de dos mil doce, lo declaró fundado, ordenando a este órgano jurisdiccional que se dejara sin efectos la determinación de desechar la ampliación de demanda y, en su lugar, emitiera otra en la que verificara si los conceptos de violación esgrimidos son diversos a los originalmente planteados, además, de ser el caso, admitiera dicha ampliación. VI. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en cita, por auto de quince de junio de dos mil doce, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto a las autoridades responsables Titular de la Agencia Federal de Investigación, Titular del Centro de Evaluación de Control de Confianza, Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción y Consejo de Profesionalización, todos de la Procuraduría General de la República y por conceptos de violación. VII. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el trece de agosto de dos mil doce, el quejoso amplió su demanda de amparo por lo que hace a las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se indican: "(.) Del H. CONSEJO INTERDISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, AMBOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y por formar parte de dicho consejo del C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, el ilegal, arbitrario e injustificado, dictado y emisión de la prueba denominada como "Evaluación Conjunta", dentro de la cual, se emitió, lo que al parecer es el único y singular resultado (.) Del C. TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, el emitir, criterios mínimos, inmersos en el documento ********************, tal como lo refiere el C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, mediante su oficio CECC-14093-11, por el cual, informa, que el suscrito, resultó "NO APROBADO", criterios, en que se fundó, el H. CONSEJO INTERDISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN (.) Así mismo, reclamo del C. TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, en caso de no haber emitido los criterios mínimos, acto antes referido, es decir, de no haber emitido, dichos criterios, que permiten sancionar, con la separación del servicio, a servidores públicos policiacos, como lo es el suscrito, por actos futuros de realización incierta, el incumplimiento a lo preceptuado por los artículos 22 fracciones I, VI, y X, 108, fracción I, y 144 fracciones II y V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y artículos 6, fracción V, 14, fracciones VI, VIII, XIV y XVI, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al no verificar, que el Centro de Evaluación de Control y Confianza de la Procuraduría General de la República, se apegue a los criterios reales emitidos por el CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN, en relación con, el único y singular resultado de la prueba denominada como "Evaluación Conjunta" (.)". VIII. En auto de catorce de agosto de dos mil doce, se determinó no admitir a trámite la referida ampliación, toda vez que su presentación resultó extemporánea. IX. A través del diverso escrito recibido en este Juzgado de Distrito el once de octubre de dos mil doce, el quejoso formuló nueva ampliación de demanda respecto de los actos reclamados y autoridades que a continuación se indican: "(.) A). Del C. SECRETARIO GENERAL INSTRUCTOR y C. SECRETARIO INSTRUCTOR, AMBOS DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN, DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO: ********************: 1) La omisión de requerir al C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, subsanara la omisión de señalar, en su queja, de manera específica, el requisito de permanencia, supuestamente incumplido, por el suscrito. 2) La omisión de requerir al C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, remitiera la totalidad del expediente que contuviera las evaluaciones practicadas al suscrito, incluidos, los resultados individuales de cada una de las evaluaciones o exámenes de: a) Psicología, b) Poligrafía, c) Entorno Social y/o situación patrimonial, d) Médica y e) Toxicológica. 3) La omisión de desechar la queja por notoriamente improcedente derivado de esto, de vicios propios, incurrieron dichas responsables al ser omisos en cuanto a los dos actos reclamados anteceden al que ocupa. 4) Al ser autoridades incompetentes para incoar o iniciar procedimiento de separación. B). Del 1). C. TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, 2). H. CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, 3). EVALUADORA DE PSICOLOGÍA, 4) EVALUADORA DE ENTORNO SOCIAL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, y 5). EVALUADOR DE POLIGRAFÍA, todos DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el dictado y emisión de la prueba denominada como EVALUACIÓN CONJUNTA: 1). En contravención al acuerdo ********************, del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2). Sin considerar: 1). Mi expediente personal, en el que se observe, que cuento o no, con méritos suficientes para mi permanencia; 2). Los resultados individuales de: a) Entorno Social o Situación Patrimonial; b) Psicología; y c) Poligrafía, que son, la materia de la Litis de dicha prueba, de la queja, del procedimiento administrativo de separación y 3). Las pruebas de evaluación practicadas al suscrito, denominadas como: "HOJA DE RESPUESTAS ESCALA GENERAL", "VALORES PERSONALES" y, "COMPETENCIAS DEL KOSTICK". 3). Al no acatarse lo preceptuado por el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los criterios emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, inmersos dentro del documento referido como ********************. 4). Sin haber realizado sobre las gráficas de la evaluación poligráfica, la técnica de 3 puntos o cualquiera otra que analizara, para considerarlo en dicha prueba, así como no considerar que en todas y cada una de las hojas que contienen sus gráficas se especifica la palabra "SIN TENDENCIA". 5). En franca transgresión, al principio de inocencia, garantía consagra el artículo 20, fracción V, apartado "B", fracciones I, II y VI, constitucional, en relación con los artículos 1°, 2, 9, 11, de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 2, 4, del PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR", 26, 27, 46, numeral "1.", de la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, ante las supuestas confesiones hizo, ante las autoridades denominadas como evaluadores, este suscrito. 6). Al estar inmersa esta prueba, imputaciones de actos u omisiones futuros de realización incierta y base del resultado único emitido en la misma. 7). Al evaluar al suscrito, las autoridades señaladas como Evaluadores, al no demostrar ser autoridades competentes para ello (.)". X. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil doce, se desechó de plano la ampliación de demanda, en virtud de que no se reclamaron actos novedosos o respecto de los cuales no haya tenido conocimiento con anterioridad a la presentación de su escrito. XI. Inconforme con dicho proveído, la parte quejosa interpuso recurso de queja; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el toca de ********************y mediante resolución correspondiente a la sesión de veintinueve de noviembre de dos mil doce, lo declaró infundado. XII. Seguido que fue el trámite del juicio de amparo que nos ocupa, el cuatro de septiembre de dos mil trece, se celebró la audiencia constitucional. XIII. De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 20/2009 y 27/2010, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el dictado de la resolución correspondiente, se remitieron los autos al Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos; quien la terminó de engrosar el catorce de enero de dos mil catorce, con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo que promovió ********************, respecto a los actos reclamados precisados en los considerandos IV y VII de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en relación a los actos reclamados señalados en el considerando IX, inciso 1) de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados precisados en el considerando IX, inciso2) y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo". XIV. En contra de la citada sentencia, ********************, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en su carácter de delegado en términos del artículo 19 de la ley de la materia abrogada, de las autoridades responsables de dicha Procuraduría, así como la parte quejosa, interpusieron recurso de revisión, del cual por razón de turno correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el toca relativo al amparo en revisión R.A. ********************, que por resolución correspondiente a la sesión de veintinueve de octubre de dos mil catorce, determinó confirmar la sentencia recurrida, así como conceder el amparo y protección al quejoso, respecto de la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil once, por la que se separó del Servicio de Carrera Ministerial Policial y Pericial, pero por motivos diversos a los expuestos en la sentencia recurrida. XV. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. XVI. A través del oficio recibido el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República informó la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues existía un juicio de nulidad en el que se había declarado nula la resolución dictada en el procedimiento administrativo de separación de origen; en atención a dicho ocurso, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se requirió al Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, para que remitiera copia de las constancias con las que demostrara que dejó sin efectos dicha determinación, declarada nula en el juicio contencioso administrativo de referencia. XVII. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el doce de enero de dos mil quince, la parte quejosa, manifestó su inconformidad respecto de los efectos y cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, por auto de catorce de enero de dos mil quince, se dio vista a las autoridades responsables, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. XVIII. Mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio ********************a través del cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera. XIX. A través del escrito recibido el veintidós de enero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el quejoso formuló diversas manifestaciones respecto de la vista concedida en el punto que antecede; en consecuencia, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil quince, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran haber dejado sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento ********************, de fecha cuatro de noviembre de dos mil once. XX. Por oficio DACA-SA-01742-2015 de once de febrero de dos mil quince, el Delegado de la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, remitiendo las constancias conducentes para acreditar el mismo, dándose vista al quejoso mediante proveído de trece de febrero de dos mil quince, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. XXI. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veintitrés de febrero de dos mil quince, el quejoso desahogó la vista concedida e insistió en su inconformidad con relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo. XXII. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de sentencia, el treinta de junio de dos mil quince, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo. XXIII. Inconforme con la anterior determinación, ******************** interpuso recurso de inconformidad, dándose tramite al mismo mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil quince, ordenando remitir los autos a la superioridad. XXIV. Del referido recurso de inconformidad, por razón de turno, correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el toca número INCON. ********************, y por resolución correspondiente a la sesión de tres de diciembre de dos mil quince, declaró fundado dicho medido de impugnación; únicamente respecto de la omisión de cuantificar el monto de la indemnización constitucional y demás prestaciones a que tuviera derecho el quejoso, así como el pago de las mismas. XXV. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibida la resolución dictada en el recurso de inconformidad ********************, requiriéndose el cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos ahí precisados. XXVI. En proveído de siete de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio ********************, a través del cual el Delegado de la autoridad responsable remitió las constancias con las que pretendía acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. XXVII. Mediante escrito recibido en este juzgado federal el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, ********************, promovió incidente de cumplimiento sustituto, por lo que auto de diecinueve del mismo mes y año, este órgano jurisdiccional dio vista a las autoridades con las manifestaciones vertidas por el quejoso y ordenó dar vista nuevamente a éste último con las planillas de liquidación exhibidas en autos. XXVIII. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el quejoso desahogó la vista concedida respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de amparo. XXIX. A través del acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciséis, entre otros aspectos, este órgano jurisdiccional determinó que resultaba improcedente calcular las actualizaciones e intereses correspondientes en la ejecución de la sentencia. XXX. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, previo requerimiento de copias, se tuvo por interpuesto el recurso de queja promovido por la parte quejosa en contra del acuerdo de dos de marzo de la misma anualidad, ordenándose la remisión de los autos a la superioridad. XXXI. Del referido recurso queja, por razón de turno, correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el toca número Q.A. ********************, y por resolución correspondiente a la sesión de siete de julio de dos mil dieciséis, declaró infundado el citado medio de impugnación. XXXIV. Por acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la resolución dictada en el recurso de queja ******************** reanudándose el procedimiento de ejecución de sentencia. XXXV. Mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio ********************, a través del cual el Delegado de la autoridad responsable solicitó al órgano jurisdiccional se requiriera al impetrante de amparo a fin de que se presentara en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República, a fin de recibir el título de crédito que en derecho le correspondía, requiriendo al oficiante en el sentido de que una vez que ocurriese lo anterior lo informara a este juzgado federal. XXXVI. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil dieciséis, ******************** interpuso incidente de repetición del acto reclamado, así como incidente sustituto de sentencia; por lo que a través del proveído de doce del mismo mes y año, se determinó dar trámite únicamente a la incidencia citada en segundo lugar ordenando remitir los autos a la superioridad; lo anterior, ante la improcedencia de la repetición promovida. XXXVII. Del referido incidente sustituto de sentencia, correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el toca número RAR. ********************, ordenando la devolución del escrito de referencia a este órgano jurisdiccional para que la referida incidencia fuera resuelta por este Juzgado Federal; por ende, en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se dio trámite al referido incidente, dándose vista a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. XXXVIII. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de alegatos relativa al incidente de cumplimiento sustituto, la cual concluyó con la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, en la que se declaró procedente pero infundado. XXXIX. Inconforme con la anterior resolución el quejoso interpuso recuro de queja; por lo que a través del acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó remitir los autos a la superioridad para que resolviera lo conducente. XL. Del referido medio de impugnación correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el toca número Q.A. ********************, y por resolución correspondiente a la sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, lo declaró infundado. XLI. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la resolución dictada en el recurso de queja ********************; de igual forma, se declaró que quedó firme la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, recaída al incidente de cumplimiento sustito promovido por la parte quejosa; asimismo, se requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo. XLII. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio ********************, a través del cual el Delegado de la autoridad responsable remitió las planillas de cuantificación a favor del quejoso, dándose la vista correspondiente al mismo. XLIII. Mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el diverso oficio ********************, a través del cual, en alcance al precisado en el punto que antecede, se remitió totalidad de las constancias con las que pretendía dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por ende, a través del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. XLIV. Por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. XXLV. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, dándose tramite al mismo mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, ordenando remitir los autos a la superioridad. XXLVI. Del referido recurso de inconformidad, correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el toca número INCON. ********************, y por resolución correspondiente a la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, lo declaró infundado. XXLVII. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la resolución dictada en el recurso de inconformidad ********************; de igual forma, se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de las sentencias, así como la fecha en que éstas fueron notificadas a los peticionarios. A) Sentencia pronunciada el catorce de enero de dos mil catorce, en el Juicio de Amparo ********************. El Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos; sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados que resultaron inexistentes, así como respecto de los diversos actos por los que se actualizó la causa de improcedencia analizada de manera oficiosa. Por otra parte, declaró inoperante el concepto de violación esgrimido en relación con los artículos cuya inconstitucionalidad se reclamó, pues precisó que el quejoso se limitó a realizar alusiones sin fundamento, realizó transcripciones de diversos preceptos legales y convencionales, sin exponer razonadamente por qué estima inconstitucionales los artículos reclamados; por lo que negó el amparo por cuanto hace a dichos actos. No obstante ello, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil once, por la que se separó del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial al quejoso y sus consecuencias; declaró fundado el concepto de violación en el que se expuso que la "evaluación conjunta" no se advierten las evaluaciones individuales que se practicaron al quejoso y no se realizó un correcto análisis de éstas para que válidamente se tuviera o no por comprobado el requisito de permanencia que según no fue cumplido; ello, por la importancia que tiene el iniciar un procedimiento de tal naturaleza, que incluso puede ser de imposible reparación, al no poder ser reinstalados en sus cargos. Destacó que asistía la razón al quejoso, toda vez que, para dictar el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación en su contra, no se tomó en consideración a cabalidad el contenido de los artículos 35, fracción II, inciso e), 49, 54 y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, y los preceptos 83, 84 y 85 del Reglamento de la citada legislación, publicado el veinticinco de junio de dos mil tres. Lo anterior, porque indicó que en el proceso de evaluación en que se fundamentó para emitir su queja el Titular de la Agencia Federal Investigadora de la Procuraduría General de la República, no se tomaron en consideración la totalidad de exámenes que conforman el proceso de evaluación de control de confianza, pues faltó evaluar los exámenes de aptitudes físicas y del desempeño; por lo que no existió una verdadera evaluación conjunta. Precisó que, ante la falta de una evaluación practicada conforme a derecho, que sustentara válidamente el inicio de procedimiento, éste debió declararse improcedente. Dicha resolución concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo que promovió ********************, respecto a los actos reclamados precisados en los considerandos IV y VII de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en relación a los actos reclamados señalados en el considerando IX, inciso 1) de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados precisados en el considerando IX, inciso2) y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo". Los efectos para los cuales se concedió el fallo protector, se hicieron consistir en: "(.) que el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo ********************hasta el auto de cuatro de noviembre de dos mil once, y en lugar de éste dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos aquí precisados, declare improcedente la solicitud de inicio de procedimiento de separación contra el quejoso, contenida en la queja del número ********************, promovida por el Titular de la Agencia Federal de Investigación". Importa destacar que, durante el procedimiento de ejecución de sentencia, se ordenó a la autoridad responsable al pago de indemnización constitucional y demás prestaciones de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el juicio de amparo 3/2020, con la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos; de igual forma, se ordenó notificar la referida resolución a las partes. Previo citatorio, se notificó la sentencia de mérito al quejoso el veintitrés de enero de dos mil catorce. B) Sentencia pronunciada en el amparo en revisión R.A. ********************, correspondiente a la sesión de veintinueve de octubre de dos mil catorce. El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que no era materia del recurso el resolutivo primero de la sentencia recurrida, en relación con su considerando cuarto, respecto a la inexistencia de diversos actos reclamados; de igual forma, estableció que debía quedar firme el sobreseimiento decretado en relación con el considerando séptimo, al actualizarse la causa de improcedencia advertida de oficio por el Juzgador; así como la negativa de amparo reflejada en el resolutivo segundo, en relación con el considerando noveno, respecto al tema de constitucionalidad de los artículos reclamados al no haber sido recurrida por la parte a quien le pudo perjudicar. Por otra parte, el órgano colegiado en cita determinó que resultaba incorrecta la determinación del A quo en el sentido de que la autoridad estaba obligada a realizar en su conjunto la totalidad de los exámenes a que se refería el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es decir, los exámenes de la evaluación de control de confianza junto con los correspondientes a aptitudes físicas y del desempeño, para entonces, de ser procedente, iniciar el procedimiento administrativo de separación; lo anterior, porque la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, refiere que los exámenes que se realizan de manera conjunta son los del proceso de control de confianza, a excepción del toxicológico y por su lado, el reglamento, dispone que la circunstancia de no aprobar dicho proceso es suficiente para que los servidores públicos queden excluidos inmediata y definitivamente del proceso de selección, sin necesidad de continuar con el resto de las evaluaciones (de desempeño y competencias profesionales). En consecuencia, declaró fundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente y procedió a analizar los conceptos de violación dirigidos a demostrar la legalidad de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de separación, por violaciones cometidas tanto en el procedimiento como en su emisión. Al respecto, declaró fundado el cuarto concepto de violación del quejoso identificado como segundo de su escrito inicial de demanda y parte del primero del escrito de ampliación, donde argumentó que el inicio del procedimiento administrativo de separación está indebidamente fundado y motivado, en virtud de que la autoridad no verificó que se cumplieran con los requisitos del artículo 47, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, porque estableció que el precepto en cita exige que para iniciar el procedimiento de separación de un servidor público de la Procuraduría, su superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Profesionalización, en la cual deberá indicar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido y las pruebas que lo sustenten. Indicó que, del oficio del inicio del procedimiento se advirtió que la autoridad se limitó a indicar que el servidor público presuntamente incumplió con el requisito de permanencia al no aprobar el proceso de control de confianza, sin que se desprendiera que se haya precisado de manera específica en qué prueba fue considerado como no apto. Destacó que, al efectuarse la descripción de presunta imputación que se le atribuyó al quejoso, no se especificaron las circunstancias o condiciones por las cuales se inició el procedimiento, esto es, cuál o cuáles de las evaluaciones de control de confianza que le fueron practicadas no fueron aprobadas por el mismo, dejándolo consecuentemente sin la posibilidad de una adecuada defensa. Precisó que no era obstáculo a la anterior consideración, que el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establezca que los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valoren en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presenta y califica por separado; sin embargo, determinó que ello no impide que la autoridad una vez que tenga los exámenes practicados al quejoso indique de manera precisa cuál fue la prueba o pruebas en las que no obtuvo resultado favorable, pues nada impide que la autoridad valore en su conjunto dichas pruebas e informe al servidor público de manera expresa el resultado que fue desfavorable, a fin de que éste tome las previsiones necesarias para su adecuada defensa y esté en aptitud de desvirtuar las imputaciones. En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación de mérito, declaró procedente conceder el amparo solicitado, aunque por diversos motivos a los expuestos por el Juzgado de Distrito Auxiliar, pues indicó que resultó cierto que el auto de inicio de procedimiento carecía de la debida motivación al omitir señalar con precisión las razones, motivos y circunstancias por las que consideró que el servidor público incumplió con el requisito de permanencia. Estimó innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación que formuló el quejoso, pues estableció que se encontaban dirigidos a evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, en etapas procesales posteriores y vicios en su dictado. Dicha resolución concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. En la materia del recurso de revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil once, por la que se separó del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial". Cabe reiterar que por auto de seis de noviembre de dos mil catorce, este Juzgado de Distrito tuvo por recibidos los autos originales del juicio de amparo de que se trata, así como el testimonio de la resolución pronunciada por el órgano colegiado en cita, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; dicho proveído fue notificado a la parte quejosa, previo citatorio, el doce de noviembre de dos mil catorce. Informe si en el expediente en mención se realizaron manifestaciones en relación con sus garantías judiciales, protección judicial, acceso a la justicia, en concreto a la falta de debida diligencia por parte de las autoridades a fin de revisar la metodología, contenido y marco de referencia respecto de los exámenes de control de confianza que les fueron aplicados a los peticionarios en los años 2010, 2011 y 2012; un recurso idóneo y efectivo, en el que se analizara que la práctica de un solo examen . de control no era suficiente para justificar el despido, sino que debían evaluarse todos los resultados en conjunto; y, la Inconstitucionalidad de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En relación con dicho tópico, la parte quejosa sí formuló manifestaciones vinculadas con el derecho a la protección judicial, así como referencias a las garantías judiciales. Sin que se adviertan manifestaciones relacionadas con la inconstitucionalidad de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Al respecto, para mayor referencia, se estima oportuno precisar que los escritos a través de los cuales el quejoso formuló conceptos de violación, alegatos, agravios y manifestaciones durante la tramitación del sumario constitucional que nos ocupa, se remiten en copia certificada, junto con las diversas constancias que se indican en el ocurso que se atiende; de donde es posible obtener la información solicitada. Señale si los peticionarios refirieron vulneración a su derecho a la integridad personal, con motivo haber sido sometidos a la prueba del polígrafo a efecto de autoincriminarse. La parte quejosa sí realizó manifestaciones relacionadas con la prueba del polígrafo; sin embargo no se advierte que se encuentren vinculadas con su derecho a la integridad personal ni a no autoincriminarse. Para mayor referencia, se estima oportuno precisar que los escritos a través de los cuales la parte quejosa formuló conceptos de violación, alegatos, agravios y manifestaciones durante la tramitación del sumario constitucional que nos ocupa, se remiten en copia certificada, junto con las diversas constancias que se indican en el ocurso que se atiende; de donde es posible advertir la información solicitada. Informe si en el expediente de mérito los peticionarios manifestaron vulneración al derecho a la salud, derivado de la aparente omisión de las autoridades de proporcionarles atención médica psicológica, al haber sido declarados no aptos en los exámenes psicológicos a los cuales fueron sometidos. No se advierten argumentos relacionados con la vulneración a su derecho a la salud. Sobre el tema, se reitera que para mayor precisión, se remiten en copia certificada, los escritos que contienen los argumentos vertidos por la parte quejosa, junto con las diversas constancias que se indican en el ocurso que se atiende. Si refirieron transgresión al derecho de trabajo, con motivo de que a pesar de haber obtenido una resolución favorable y haberse desestimado las causas de separación, se les impidió por una cuestión legal justificada y arbitraria, reincorporarse al trabajo que desempeñaban como policías Federales Ministeriales de la entonces PGR. Al respecto, la parte quejosa sí efectuó manifestaciones respecto al derecho al trabajo. La información solicitada se desprende de las constancias que en copia certificada se remite, en atención a la solicitud que se atiende. Si en el expediente los peticionarios alegaron transgresión a sus derechos la dignidad humana y honorabilidad, al haber sido boletinados sus datos personales en la Plataforma México, así como al haberse declarado la validez de los controles de confianza como el polígrafo y la aplicación de la prueba psicológica. Además, su derecho a la presunción de inocencia, derivado del hecho de haber sido declarados no aptos y haber sido estigmatizados como policías corruptos o deshonestos, a pesar de la naturaleza del procedimiento y los exámenes a que fueron sometidos. Al respecto, la parte quejosa sí efectuó manifestaciones relacionadas con la honra y reputación, así como con el derecho a la presunción de inocencia. La totalidad de los conceptos de violación, alegatos, agravios, y manifestaciones formuladas por la parte quejosa, durante la tramitación del sumario constitucional que nos ocupa, se contienen en los escritos presentados por ésta última, que, para mayor referencia, se remiten en copia certificada, junto con las constancias que se solicitan en el ocurso que se atiende. Informe si se alegaron transgresiones al derecho al debido proceso, en específico al haberse tomado en cuenta solo el resultado de la prueba de polígrafo al que fueron sometidos; asimismo, si alegaron ser parte de un proceso de irregularidades ante la incompetencia del Centro de Control de Confianza para emitir el dictamen y evaluaciones correspondientes a los Controles de Confianza, asimismo, al haberse emitido sentencias contradictorias respecto de diversos juicios y recursos que fueron promovidos, así como al haberse sometido. Sobre este punto, la parte quejosa sí formuló argumentos relacionados con el derecho al debido proceso. La información solicitada se desprende de las constancias que en copia certificada se remite, en atención a la solicitud que se atiende. Cabe destacar que, en relación con los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que anteceden los conceptos de violación formulados por el quejoso, fueron sintetizados por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A.********************, de la siguiente forma: "(.) Para determinar los conceptos de violación que serán materia de análisis en la presente instancia se sintetizan los propuestos a continuación. 1.- En el primer concepto de violación y el primero de la ampliación, la quejosa alega que la autoridad administrativa tenía conocimiento del domicilio señalado para oír y recibir notificación, por lo que el diferimiento de la audiencia de ley debió ser notificado en dicho domicilio y no ordenarlo por estrados. Además de que entre la fecha de diferimiento y la celebración de la audiencia de ley mediaron menos de cinco días. 2.- En el segundo concepto de violación y parte del primero de la ampliación, se quejó de que la autoridad se negó a señalar nueva fecha de audiencia, ante la falta de notificación personal del diferimiento y que no admitió las pruebas que ofreció, las que tenían relación con la queja presentada. 3.- En el tercer concepto de violación del escrito inicial, que identifica como primero, manifestó que el Titular de la Agencia Federal de Investigación era incompetente para presentar la queja de referencia, porque el quejoso estaba adscrito a la Dirección General de Operaciones Especiales, siendo el titular de esta área su superior jerárquico y, por ende, el competente para presentar la queja. 4.- En el concepto de violación que incorrectamente el quejoso identifica como segundo del escrito inicial y parte del primero del escrito de ampliación, alegó que se debieron notificar todas las pruebas que se le realizaron, aduciendo que a la queja no se anexaron la totalidad de los resultados de las pruebas efectuadas. Afirmó que tanto la queja como el inicio del procedimiento administrativo de separación, están indebidamente fundados y motivados, en virtud de que la autoridad no verificó que se cumpliera con los requisitos del artículo 47, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, lo hace derivar de que no se señaló ni se demostró en la queja ni en el inicio del procedimiento el requisito de permanencia que incumplió el servidor público. Insistió que se debió dar a conocer de manera individual el resultado de las pruebas realizadas, porque son independientes, así como el método utilizado para el examen poligráfico. Se queja que la prueba poligráfica indicó que no se condujo con veracidad en la pregunta "¿Has consumido drogas ilegales?" y que obtuvo indicadores de falta de veracidad en el área de drogas, mientras que en la evaluación toxicológica resultó apto, lo que le pareció contradictorio. 5.- En el cuarto concepto de violación del escrito inicial de demanda indica que tiene derecho a la permanencia en el cargo por lo que los artículos reclamados violan el artículo 5 constitucional. 6.- A su vez en el quinto concepto de violación y el segundo de la ampliación alegó que los artículos reclamados violan el artículo 22 constitucional, porque impiden que al imponer la sanción se atienda a la gravedad de la responsabilidad y a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, dado que en cualquier caso únicamente procede la indemnización. 7.- En el sexto y séptimo conceptos de violación alegó violación a tratados internacionales, porque a pesar de resultar no responsable, se le impide trabajar en la institución por la separación injustificada. Asimismo formula argumentos para crear convicción sobre la violación al principio de irretroactividad de la ley e inamobilidad. 8.- Finalmente, manifestó que la autoridad lo estaba sancionando por una conducta que no ha cometido, relativa a que es proclive a tolerar conductas que infrinjan la norma, que puede generar rezago y que al ser aprehensivo genera afecciones físicas que pueden afectar su eficacia. (.)". Informe si tiene conocimiento de algún medio de defensa diverso a los aquí solicitados, del órgano jurisdiccional a su cargo y, que esté relacionado con los hechos que se refieren en el oficio en mención. En caso afirmativo, se le solicita amablemente que también responda los cuestionamientos anteriores, relacionados con ese expediente y, remita las constancias que se precisan en párrafos posteriores. De las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que en contra de la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil once, a través de la cual se separó al quejoso de su cargo como elemento policial, se promovió juicio de nulidad, del que tuvo conocimiento la Primera Sala Auxiliar del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien lo radicó bajo el expediente número ********************. Sin que al efecto sea posible dar respuesta a los cuestionamientos anteriores, toda vez que este órgano jurisdiccional no cuenta con las constancias que integran el referido juicio de nulidad. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado mexicano en el presente asunto. No se cuenta con información diversa a la que se proporciona, la cual se obtiene de las constancias que integran el sumario constitucional de que se trata. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la autoridad, remítase copia certificada, completa y legible, de la totalidad de constancias que se precisan en el ocurso de mérito, así como de las precisadas en la narración de antecedentes desarrollada en el cuerpo del presente auto, vía electrónica a las direcciones de correo institucional dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención a la sugerencia formulada por la autoridad oficiante, se instruye al oficial judicial de la adscripción, para que en la medida en que las labores a su cargo lo permitan, realice la digitalización de las constancias que integran el expediente en que se actúa, con la finalidad de ser resguardada en los equipos informáticos que tiene a su disposición este Juzgado de Distrito. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado vía electrónica por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal; a través del cual solicita diversa información relacionada con el presente asunto, así como copia certificada de las constancias que indica. En atención a su contenido, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, procédase a elaborar la respuesta a la solicitud formulada por la autoridad oficiante, la cual deberá ser enviada, a través de los medios de comunicación precisados, junto con las constancias que ahí se indican, a más tardar en la fecha que se señala en el ocurso de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta que suscribe el quejoso en el presente asunto, atento a su contenido, expídase a costa del promovente copia certificada de las documentales que solicita, previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de inconformidad 8/2018, que dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad a que este toca se refiere"...remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido... mediante notificación personal hágase saber a la parte quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger los documentos que exhibio...vista la reserva ordenada en proveído de veinticinco de abril del año en curso, con el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, como lo solicita, se autoriza la consulta del presente asunto en la vía electrónica. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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