Julio Cesar Rocha Galaviz
Expediente 894/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Julio Cesar Rocha Galaviz
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que al Actuario de la adscripción no le fue posible llevar a cabo la notificación ordenada en el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa, por el motivo que ahí expone. No obstante lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que en la colonia Gómez Farías existe la calle José Ferrer. En virtud de lo anterior, se comisiona de nuevo al Actuario de la adscripción para que de inmediato se constituya en la calle José Ferrer número 45 de la colonia Gómez Farias, para que se cerciore fehacientemente de que en dicho domicilio puede ser localizada la parte quejosa, debiendo asentar los datos objetivos que tomó en cuenta para cerciorarse de ello y, en su caso, notifique personalmente el auto de quince de mayo del año en curso. Notifíquese y proceda el Actuario a cumplimentar lo ordenado.
- Principal
Mexicali, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde una de las autoridades responsables, sin que sea el caso dar vista a las partes con su contenido, toda vez que el veintiocho de julio pasado se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el informe justificado y anexo que rinden algunas de las autoridades responsables y, al efecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se les tiene ofreciendo como prueba la documental que exhiben. Ahora bien, de las constancias que se agregan, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, la parte quejosa reclama de los Jueces de los Tribunales Laborales el Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad y en Tijuana, la omisión de realizar las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento -mediante exhorto- de la parte demandada en el juicio de origen 10/2023 y de los Actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales, la omisión de practicar el emplazamiento encomendado. Luego, de las documentales consistentes copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 10/2023, del índice del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos fundamentales (diez de julio del año en curso) aún no se había recibido el exhorto 24/2023 girado al Tribunal homólogo en Tijuana, Baja California, para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. Sin embargo, de las propias constancias también se advierte que el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, tuvo por recibida la comunicación oficial de mérito en la que, según lo asentó, obra la constancia de diecisiete de julio de este año, en la que el Actuario adscrito al Tribunal laboral de Tijuana hizo constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento encomendado. En virtud de ello, en la propia fecha la autoridad laboral local requirió a la parte actora (aquí quejosa) para que dentro del término de tres días proporcionara un domicilio diverso en el que pudiera ser emplazada la parte demandada. Entonces, si -como se anticipó- el reclamo de la parte quejosa consiste, en esencia, en la dilación de la cumplimentación del exhorto 24/2023, girado a fin de emplazar a la parte demandada y, a la fecha, la autoridad laboral de Tijuana ya devolvió sin diligenciar dicha comunicación oficial y el Tribunal Laboral de esta ciudad, ya se pronunció al respecto, requiriendo a la parte actora para que proporcione un diverso domicilio en el que se pueda llevar a cabo el emplazamiento, debe concluirse que ha cesado la conducta de abstención que se atribuía a las autoridades responsables y, por ende, debe considerarse que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se estima que no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnado, por lo que, con fundamento en los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional, debiéndose hacer las anotaciones correspondientes.
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