Julio César Rivera Sánchez

Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
128/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Julio César Rivera Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno (fojas 18 a 22), en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Julio César Rivera Sánchez; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los escritos signados por el quejoso Julio César Rivera Sánchez, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención que se le realizó en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; esto es, con las documentales que anexa acredita su personalidad como representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de esta localidad; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a sus autos. Así las cosas, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: Presidente del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas (IETAM). Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en el Estado (COEPRIS). Ambos residentes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en el Estado (COEPRIS); y, Consejo Municipal Electoral de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Las dos con residencia en esta localidad. Asimismo, como acto reclamado: "La violación de la garantía de seguridad y legalidad jurídica, y lo hago consistir en la omisión a LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS SANITARIOS EXIGIDAS POR LA COEPRIS ESTATAL, ESTO ULTIMO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS EN ESTE JUICIO DE GARANTIAS SEÑALADAS." (sic) Igualmente, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, se aseveró: "1.- Soy representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral, esto último en calle 7 Bustamante esquina, y el día 7 de febrero de la presente anualidad se celebro la sesión extraordinaria en el que entre otras cosas se instalo formalmente ese órgano electoral en esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, esto se celebro sin las mínimas medidas sanitarias para eventos en los que estén reunidos más de 5 o mas personas en un mismo local, manifestando el suscrito dicha inconformidad a los asistentes a dicho evento de que no existían medidas sanitarias que pudieran asegurar la salud de los asistentes a dicho evento y en consecuencia a los lugares que posteriormente estuviéramos presentes los asistentes a dicho evento electoral, manifestando los funcionarios electorales que en la próxima sesión se cumplirían con las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19. 2.- El día 20 de febrero se celebro la segunda sesión ordinaria "2" del consejo municipal, sin embargo, de nueva cuenta no existían las condiciones sanitarias para poder estar presentes un numero nutrido de personas, basándonos que estos eventos pueden ser un punto de contagio y transmisión del virus covid-19, los consejeros si tenían el plástico transparente que los aislaba, sin embargo los representantes de partidos políticos, nos encontrábamos a no más de 1 metro de distancia y sin ninguna barrera de protección, infringiéndose con esa omisión las reglas sanitarias y poniéndonos a todos los presentes en verdadero peligro de contagio, por lo que opte por decir presente al pase de los suscritos representantes y disculparme por abandonar antes de iniciar el orden del día, por no haber las condiciones sanitarias para evitar un contagio en dicho local electoral. 3.- Es evidente que de continuar efectuándose dichas sesiones en el comité municipal electoral sin los protocolos de seguridad sanitaria, se corre el riesgo de salud de que sea un foco de contagio del virus covid-19 y poder ser un peligro de salud para la familia y amistades y demás partes de la ciudad en las que asistimos de manera normal. 4.- No omito informar que las sesiones del consejo municipal electoral se filman en video, por lo que solicito desde estos momentos que se requiera a la autoridad responsable consejero general del IETAM, sirva enviarlos (2 sesiones) a esta autoridad de garantías para demostrar los hechos materia de este juicio de garantías." (sic) Así las cosas, de las anteriores transcripciones, se desprende que el acto reclamado se hace consistir, en esencia, en la omisión, principalmente, del Consejo Municipal Electoral de esta ciudad, de no haber tomado las medidas sanitarias adecuadas en las sesiones celebradas el siete y el veinte de febrero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la contingencia generada por el virus Covid-19. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, por ser una cuestión de orden público, debe examinarse preferentemente y de manera oficiosa, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación reglamentaria acabada de citar. Para demostrar lo anterior, es conveniente conocer el sentido del primero de los artículos aludidos, mismo que indica: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Lo anterior es así porque si, en el caso concreto, el Consejo Municipal Electoral de esta ciudad, ya celebró las sesiones en comento, actuaciones en las que, según la parte quejosa se omitieron observar reglas sanitarias, fundamentalmente, de sana distancia, entonces, resulta improcedente el juicio constitucional promovido porque éstas ya se encuentran totalmente concluidas y, por lo tanto, tales omisiones deben considerarse como consumadas de modo irreparable. Siendo que, por esta vía constitucional, no resulta factible combatirlas, amén de que tienen el carácter de electoral. No pasa desapercibido para este tribunal que la parte agraviada argumenta que en caso de seguirse celebrando sesiones en el comité municipal sin los protocolos de seguridad sanitaria, se correría el riesgo de que tal situación represente un foco de contagio del virus Covid-19. Sin embargo, ello tiene el carácter de futuro e incierto, pues el propio quejoso puede ajustar su reclamo ante la autoridad electoral respectiva o, incluso, hacerlo saber oportunamente a la autoridad sanitaria competente para que actúe conforme a sus atribuciones y, de ser así, tales sesiones pueden desarrollarse conforme al marco sanitario actual con motivo del virus en comento. Inclusive, de considerar que se encuentra en riesgo su salud puede solicitar a la autoridad que señaló como responsable denominada Consejo Municipal Electoral, que su participación -así como la de los demás representantes de partidos políticos- en las próximas sesiones se realicen vía videoconferencia aprovechando las herramientas tecnológicas de la actualidad. Por lo tanto, es manifiesto que en la especie se actualizó la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, dado que el señalamiento que se atribuye a las responsables tenía como finalidad que se tomaran medidas sanitarias al celebrarse sesiones que ya tuvieron verificativo y, respecto de las posteriores, resulta incierto si habrá o no controles en tanto que ello derivará de la conducta o conductas que asuman los que en ellas intervendrán; resultando así innegable que el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad no puede cristalizarse, debido a que resultaría ocioso su estudio al no ser posible retrotraer el tiempo para el análisis previo a su acontecimiento, porque ello quedó consumado. Explica este aserto, la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 209662, consultable en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto indican: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Bajo esa tesitura, resulta palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo previsto por el 113 de la misma legislación, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Julio César Rivera Sánchez. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios o extraordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número J2F/397/2021 y anexo, signado vía electrónica por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, de esta ciudad, a través del cual, en relación con el requerimiento efectuado por este tribunal en diverso oficio 5307/2021 de once de los actuales, solicita se le otorgue de nueva cuenta una prórroga de diez días, para remitir la totalidad de las constancias que integran el expediente del que emana el acto reclamado, ya que el mismo se compone de once tomos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En tales condiciones, se le otorga a dicha autoridad una prórroga de diez días hábiles, contado a partir de que quede notificada del presente auto, a fin de que remita las constancias a que se hace referencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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