Julio César Rivera Flores

Expediente 574/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
574/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Julio César Rivera Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Daniela María León Linarte a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, estos últimos de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, con Registro digital: 164217, que establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes, por lo que deberán archivarse las actuaciones al tratarse de un asunto concluido Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO y pasados treinta días de la citada fecha. Asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse negado la suspensión de los actos reclamados; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO y pasados noventa días de la citada fecha. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite en copias certificadas los acuses de entrega de las constancias de vigencias relativas a las solicitudes de trámite con número de trámite 30210004371, 30210004372, 30210004373, 30210004374, 30210004375 y 30210004376. Asimismo del estado que guardan los autos, en específico de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo en que se actúa el quejoso Julio César Rivera Flores, señaló como acto reclamado lo siguiente: La negativa de entrega de seis constancias de vigencias de derecho solicitadas desde el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Por otro lado, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registrito Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló que era no era cierto el acto reclamado, que en atención a las solicitudes de trámites 30210004371, 30210004372, 30210004374, 30210004375 y 30210004376 del poblado Santa Bárbara, hoy Emilio Carranza, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, se expidieron a favor del aquí quejoso las constancias de vigencia con sucesores registrados, el cual era la finalidad de dicho trámite Asimismo del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable el pasado veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, entregó al quejoso las constancias de vigencia de derechos relativas a las solicitudes de trámite 30210004371, 30210004372, 30210004374, 30210004375 y 30210004376. Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este contexto, de las constancias que obran en autos, se desprende que la autoridad responsable expidió a favor del aquí quejoso las constancias de vigencias de derechos, relativas a sus solicitudes de trámites 30210004371, 30210004372, 30210004374, 30210004375 y 30210004376 del poblado Santa Bárbara, hoy Emilio Carranza, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa fue que se le expidieran seis constancias de vigencia, respecto a sus solicitudes de trámites 30210004371, 30210004372, 30210004374, 30210004375 y 30210004376 del poblado Santa Bárbara, hoy Emilio Carranza, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, lo cual quedó probado con la copia certificada de la constancia correspondiente remitida por la autoridad responsable. Es así, porque los efectos del acto del que se duele el aquí quejoso, cesaron con motivo de la expedición de las constancias de vigencia de derechos, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por lista de acuerdos a las demás partes y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veinte de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que manifestó que no se habían reaperturado las delegaciones del Registro Agrario Nacional, de esta ciudad, y que por tratarse de un juicio de amparo, ponía a disposición del aquí quejoso en el módulo de atención a trámites de esa Delegación, con domicilio en calle Enrique C. Rebsamen, número veinte, en esta ciudad, las constancias de vigencia con sucesores que solicitó, sin que la aludida autoridad haya informado a este juzgado si ya compareció el impetrante de amparo a sus instalaciones, a fin de recoger la documentación de referencia. Atento a lo anterior, y toda vez que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido, con fundamento en el artículo 75 de le Ley de Amparo, requiérase a la aludida autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que sea notificada del presente proveído, informe si el aquí quejoso ya compareció a sus instalaciones, a fin de recoger las constancias de vigencia con sucesores que solicitó, remitiendo al efecto, copias debidamente certificadas de las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, dado que por auto de veinte de agosto del presente año, se indicó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición en las oficinas de la autoridad responsable la constancia de vigencia con sucesores que solicitó; por consiguiente, requiérase al impetrante de amparo para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre notificado, se sirva informar si ya acudió a recoger dicha constancia, apercibido que en caso de no hacerlo así, se proveerá lo que en derecho corresponda. A fin de dar oportunidad a lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista de acuerdos a las demás partes y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días que se le dio a las partes mediante proveído de veinte de agosto del año en curso, para que esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, transcurrirá del veinticinco de los actuales al tres de septiembre de la presente anualidad; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista de acuerdos.

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