Julio Cesar Rios Peñaranda
Expediente 380/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julio Cesar Rios Peñaranda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por---, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. .
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA: por este medio se notifica a la parte quejosa, el contenido del acuerdo dictado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, toda vez que no acudió a este juzgado los días veinte ni veintitrés, no obstante el citatorio que para ello se le dejó el día diecinueve de los corrientes. el cual, en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve -----, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil de Partido y otras autoridades, todas con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 380/2016-III; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así las cosas, y a fin de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la ineludible obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita, sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Sentado lo anterior y de la lectura integra del libelo constitucional se tiene que, respecto del acto que reclama el promovente, consiste en: La resolución de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario mercantil ------ en contra del ahora quejoso, sobre vencimiento anticipado del plazo para el pago de un adeudo derivado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y sus convenios modificatorios, en la que se resuelve el recurso de revocación instado por el ahora peticionario del amparo y que confirma el proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, que ordenó remitir al expediente a la Notaría Pública -----, a efecto de que se otorgue la escritura de venta ordenada en autos. Expuesto lo anterior, no debe soslayarse que el promovente del amparo señaló en su escrito inicial de demanda de amparo, que le asiste la cualidad de parte demandada en el juicio civil de origen -----, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, lo que evidencia que se encuentra plenamente integrado a la relación jurídico procesal correspondiente y en esa medida no es de considerársele tercera extraño a dicha contienda y que dicho expediente se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Realizada la anterior precisión, este juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, mismos que se hacen valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, -este último interpretado a contrario sentido-, ambos de la Ley de Amparo vigente; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.]" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de remate, pues, éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que en el caso es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y adicionalmente, la entrega de los bienes rematados. En el caso concreto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte, como ya se mencionó, que el acto que se reclama, consiste en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictada por la juez responsable, en el juicio ordinario mercantil ----- apoderada de Administradora Black, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable en contra del ahora quejoso, sobre vencimiento anticipado del plazo para el pago de un adeudo derivado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y sus convenios modificatorios, en la que se resuelve el recurso de revocación instado por el ahora peticionario del amparo y que confirma el proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, que ordenó remitir al expediente a la Notaría Pública número -----, a efecto de que se otorgue la escritura de venta ordenada en autos. En efecto, lo ordenado en esos términos por la juzgadora de origen, de ninguna forma puede estimarse que cumpla con las prevenciones a que alude el párrafo tercero de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para considerar que se trata de la última determinación dictada en el procedimiento de remate, pues para ello es menester que concurran dos circunstancias en forma concomitante, esto es, haberse ordenado tanto la escrituración como la entrega del bien rematado y adjudicado, lo que en la especie no aconteció, ya que lo único que se ordenó fue el primero de los aspectos antes reseñados, es decir que se remita el expediente a la notaría designada a fin de que se confeccione la escritura respectiva. Es así, porque estimar que el juicio de amparo procede por el hecho de que se ordenó la escrituración del inmueble afecto al remate, pugnaría no únicamente con el texto de la norma, sino evidentemente con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional, exclusivamente en la hipótesis de que se trate de la última resolución en el procedimiento de remate, con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que tal última resolución no vendría a ser sino la que ordena poner en posesión material del bien a su nuevo propietario, después de haberse otorgado la escritura de adjudicación, contra la que sería procedente el juicio biinstancial. En esas condiciones, como se dijo, no es dable considerar como definitiva la resolución de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ordinario mercantil -----, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, por medio de la cual se confirmó el proveído de quince de marzo de la misma anualidad en el que se ordenó la remisión del expediente a la notaría designada a fin de que se elabore la escritura de propiedad inherente al bien rematado y adjudicado, de tal forma que el presente juicio de amparo promovido en su contra pudiera resultar procedente, bajo la hipótesis prevista en el referido numeral 107, fracción IV, de la Ley de la Materia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, téngasele señalando domicilio para recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda. Finalmente, se tiene como autorizados de su parte en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona; en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.
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