Julio Cesar Reyes Martinez
Expediente 752/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio Cesar Reyes Martinez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del segundo auto emitido el tres de agosto de dos mil diecinueve (foja 36), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que no obstante que en el presente asunto se desechó la demanda de garantías y se considera que no es de relevancia documental, el presente expediente es susceptible de CONSERVACIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción III del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, toda vez que se concedió la suspensión de plano. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio DGPEP/JUR./13805/2019 y anexo, mediante el cual la autoridad 8. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, rinde su informe sobre el acatamiento de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; de lo que el suscrito juzgador Federal queda enterado, para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Vistas, agréguense a los presentes autos las copias de conocimiento, así como los informes relativos a la suspensión de oficio y de plano, de las autoridades 1. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, 2. Encargada de Despacho de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla y 3. Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla; en atención a su contenido, téngales informando sobre el acatamiento de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales conducentes. En otro orden, agréguese a los presentes autos la razón asentada por el actuario adscrito, en su atención, se le tiene informando la imposibilidad de notificar los oficios 323-14-C, 323-15-C y 323-16-C, de tres de agosto pasado (foja 23), dirigidos a las autoridades 14. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, 15. Comisario Jefe de la Guarda Nacional del Estado de Puebla y 16. Coordinador de Unidad de la Guardia Nacional de Batallón y/o Compañía y/o Sección y/o pelotón y/o Escuadra, al mando del personal de la Guardia Nacional Encargado del Operativo de Revisión y Traslado en el Centro de Reinserción Social de Puebla; pues le informaron que no pueden recibir dichos oficios ya que no existen esas autoridades en Puebla. Sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el mismo tres de agosto pasado (foja 36), al no haber ratificado el directo quejoso Julio César Reyes Martínez la demanda de amparo promovida a su favor, se tuvo por no presentada la misma.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE JUAN CARLOS GARCIA FLORES LA RESOLUCION DE TRES DE AGOSTO DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil diecinueve. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 752/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Ahora, no obstante que la demanda recibida carece de firma electrónica y, se encuentra incompleta en su texto, por la naturaleza de los actos reclamados que se advierten de la lectura integral de la demanda recibida, consistentes en la incomunicación y aislamiento, los cuales se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en términos del precepto 3° del citado ordenamiento legal, no se requiere firma electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. Así, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, se tramita la demanda de amparo presentada por Juan Carlos García Flores, en representación de Julio César Reyes Martínez, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, contra actos de las autoridades responsables 1. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial, 2. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, 3. Director de Supervisión de los Establecimientos de Reclusión, 4. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 5. Director de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 6. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 7. Comité Técnico del Centro de Reinserción Social Puebla, 8. Director General de la Policía Estatal Preventiva, 9. Coordinador de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 10. Jefe General de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 11. Jefe del Primer Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 12. Jefe del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 13. Jefe del Tercer Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 14. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, 15. Comisario Jefe de la Guarda Nacional del Estado de Puebla, 16. Coordinador de Unidad de la Guardia Nacional de Batallón y/o Compañía y/o Sección y/o pelotón y/o Escuadra, al mando del personal de la Guardia Nacional Encargado del Operativo de Revisión y Traslado en el Centro de Reinserción Social de Puebla. En primer término, debe precisarse, que de la lectura de la demanda de amparo recibida, se advierte que ésta se encuentra incompleta, sin embargo, del capítulo de antecedentes se advierte que el quejoso reclama esencialmente: a) La incomunicación. b) Aislamiento. c) Amenazas d) La orden de traslado de un centro penitenciario a otro, o bien, cambio de dormitorio dentro del propio centro de reclusión. e) Revisión de su celda para sustraer sus pertenencias y sembrarle sustancias ilícitas. f) Condiciones de hacinamiento dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla. PREVENCIÓN DE DEMANDA Ahora bien, a efecto de acordar sobre la admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones III y IV; así como 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, en el caso de que ratifique la demanda de amparo presentada a su nombre, que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise de manera detallada, clara y enumerada, distinguiendo una de otra, cuáles son las denominaciones correctas y completas, de la autoridad responsable que identifica como personal de la Guardia Nacional, Encargado del operativo de Revisión y Traslado en el Centro de Reinserción Social de Puebla en la fecha de presentación del escrito de demanda y en el día siguiente. Lo anterior es así, ya que si bien la parte promovente señala al Coordinador de Unidad de la Guardia Nacional de Batallón y/o Compañía y/o Sección y/o Pelotón y/o Escuadra, como autoridad responsable, también lo es, que es omisa en señalar la denominación completa y correcta del personal al mando de ésta, pues no proporcionó los datos de identificación del personal, a manera de ejemplo: nombre, número con el cual se le puede identificar en el desempeño de sus funciones, o número de placa; lo anterior a fin de que sean perfectamente llamadas al presente juicio de amparo. Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Además, precise qué acto reclama a cada una de las autoridades que señaló como responsables, pues en su escrito no se aprecia algún acto que se atribuya a dicha autoridad, ya que en el apartado respectivo no hizo señalamiento alguno. Esto es, refiera y especifique los actos que atribuye a las autoridades 1. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial, 2. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, 3. Director de Supervisión de los Establecimientos de Reclusión, 4. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 5. Director de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 6. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 7. Comité Técnico del Centro de Reinserción Social Puebla, 8. Director General de la Policía Estatal Preventiva, 9. Coordinador de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 10. Jefe General de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 11. Jefe del Primer Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 12. Jefe del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 13. Jefe del Tercer Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, 14. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, 15. Comisario Jefe de la Guarda Nacional del Estado de Puebla, 16. Coordinador de Unidad de la Guardia Nacional de Batallón y/o Compañía y/o Sección y/o pelotón y/o Escuadra, al mando del personal de la Guardia Nacional Encargado del Operativo de Revisión y Traslado en el Centro de Reinserción Social de Puebla; pues en ese aspecto también fue omisa la demanda de amparo. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Signifíquesele al quejoso directo, que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN: A) LA INCOMUNICACIÓN, B) AISLAMIENTO, C) AMENAZAS Y, SU EJECUCIÓN. No obstante que el promovente no destacó los actos que se atribuyen a cada una de las autoridades señaladas como responsables en su escrito de demanda, empero, como se advierte del análisis integral de la demanda, su interpretación y análisis de todo lo expuesto por el quejoso, dada la ilegibilidad de la misma, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Se advirtieron los actos reclamados consistentes en: a) La incomunicación, b) aislamiento, c) amenazas y, su ejecución, dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla; así como d) La orden de traslado de un centro penitenciario a otro, o bien, cambio de dormitorio dentro del propio centro de reclusión. Sin embargo, dada la naturaleza de los actos relativos a: a) La incomunicación, b) aislamiento, c) amenazas y, su ejecución, sólo respecto de ellos, se provee la suspensión de plano en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, señalados en el párrafo que precede, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido que las autoridades responsables penitenciarias, deberán permitir al quejoso Julio César Reyes Martínez, que tenga comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. APERCIBIMIENTO. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá, de manera individual, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización del quejoso Julio César Reyes Martínez, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, y una vez localizado, lo requiera para que manifieste en ese acto, si ratifica o no la presente demanda de amparo promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza y si ha sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional, así como a disposición de qué autoridad se encuentra por lo que ve a su libertad personal. DESECHAMIENTO En otro orden, por cuanto se refiere a los actos de autoridad consistentes en: d) La orden de traslado de un centro penitenciario a otro, o bien, cambio de dormitorio dentro del propio centro de reclusión. e) Revisión de su celda para sustraer sus pertenencias y sembrarle sustancias ilícitas. f) Condiciones de hacinamiento dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla. Se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que el promovente no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber promovido los recursos ordinarios de defensa (Controversia Judicial y petición administrativa) previstos en los artículos 107 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobre la causal de improcedencia destacada, el artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ; (.)." De la lectura del precepto que antecede, se aprecia que debe agotarse el principio de definitividad en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, dispone lo siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." "Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados." Los arábigos transcritos consagran el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. En donde, el juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Destacándose al respecto que, a diferencia del contenido de la Ley de Amparo, expresamente se dispone en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor. En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. El juez de ejecución tendría un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, la cual se ejecutará una vez que quedé firme. Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige el acto ahora reclamado, se prevé en su capítulo VI específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 24 de agosto de 2018, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones". Una vez precisado lo anterior, el aquí promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar a nombre del quejoso directo Julio César Reyes Martínez, el traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla a uno diverso o, en su caso, de su dormitorio actual a uno diverso, del mismo centro penitenciario, que atribuyó a las autoridades citadas en párrafos precedentes. Entonces, es evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario que puede ser ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad, que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro de reclusión; las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia judicial, por lo que, el aquí quejoso directo, antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el Juez de Ejecución competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado del que tuvo noticia será objeto por parte de las mencionadas autoridades administrativas, el cual incluso, es susceptible de ser suspendido de inmediato, dada su naturaleza, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicha controversia. Ahora, en relación a las condiciones de internamiento del quejoso directo, que se reclaman en la demanda de amparo, relativas a: e) Revisión de su celda para sustraer sus pertenencias y sembrarle sustancias ilícitas; y, f) Condiciones de hacinamiento dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla, lo que se traduce en condiciones de internamiento del quejoso directo, como lo dispone el artículo 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo al trámite de la controversia que prevé dicho numeral, es requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, cuya tramitación está regulada en los artículos 107, 109, 110, 114, 115, de la legislación invocada, que disponen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Los preceptos transcritos, consagran el derecho de los internos a elevar por escrito peticiones administrativas al Director del Centro de Reclusión en que se encuentren sin formalidad alguna, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento (vida digna y segura en reclusión), las cuales debe resolver dicha autoridad penitenciaria en un término de cinco días contados a partir de la admisión de aquélla y notificarla en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución, en los términos destacados en los párrafos que preceden, inclusive el Juez de Ejecución puede suspender de inmediato los hechos y actos que motivaron la solicitud en casos urgentes. Entonces, es evidente que, de conformidad con los artículos 107 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de los reclusos, o bien, sus traslados, pueden agotar los mecanismos de control previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (Peticiones administrativas y Controversias Judiciales), por lo que, el aquí quejoso, antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el Juez de Ejecución a tramitar cualquiera de dichos mecanismos de control, los cuales son susceptibles de suspensión de inmediato, de ahí que al no haberlo hecho así, no agotó el principio de definitivad que rige en el juicio de amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. A las consideraciones que preceden resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, visible a página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE "CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN "PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO "INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, "107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden "ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso "de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de "inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones "positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una "omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones "adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la "petición sean impugnadas a través de los recursos "correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control "previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio "de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona "privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus "condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de "amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de "impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si "el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones "inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente "hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la "causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, "fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de "definitividad". Así mismo, resulta orientadora la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señala: SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Igual postura adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 24/2019 de su índice, que se advierte del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E) y que se invoca como un hecho notorio. Cobra aplicación la Jurisprudencia siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En consecuencia, únicamente por lo que se refiere a los actos señalados en los incisos d), e) y f), con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso directo, el lugar en el que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el lugar de su reclusión; y, el señalado en el escrito de demanda, para el efecto de notificar a su autorizado, así como al promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Alejandro Castillo Pacheco, atento a que no proporcionó datos necesarios para determinar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión, toda vez que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquéllos que, en su caso, se decretarían con el trámite de la medida cautelar solicitada. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, toda vez que el promovente en su escrito inicial de demanda, solicitó que se autorizara el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario Alexcastillo1782, sin embargo, al realizar la búsqueda correspondiente el resultado no fue positivo, no obstante, atendiendo la trascendencia de la demanda de que se trata, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte promovente, este juzgado realizó las gestiones necesarias y advirtió que Alejandro Castillo Pacheco, cuenta con el nombre de usuario Alejandrocastillo1782, por lo que, con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: En atención al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acredita que el usuario Alejandrocastillo1782, el cual se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que se concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrán que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, esto es, al dictado del presente proveído, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. COMPENSACIÓN DE LA CARGA LABORAL Toda vez que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue recibida por la secretaria de guardia de este juzgado, mediante vía electrónica; en consecuencia, para compensar la carga laboral, se requiere al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para que remita la boleta de turno que corresponda, tomando en consideración que la demanda que se proveyó se trata de alguno de los supuestos del artículo 22 constitucional, por lo que se ordena remitir copia autorizada de la demanda para los efectos administrativos correspondientes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Julio Cesar Ramos Conde496/2019
- Julio Cesar Reyes Martinez1203/2018
- Julio Cesar Reyes Martínez244/2019
- Julio Cesar Reyes Martinez608/2017
- Julio Cesar Reyes Martinez970/2020
- Julio Cesar Reyes Martinez751/2019
- JULIO CESAR REYES MARTINEZ y Otros.739/2020
- Julio Cesar Reyes Martinez1100/2019
- Julio Cesar Rojas Argüelles928/2020
- Julio Cesar Sanchez Torres1545/2016
- Julio Cesar Sanchez Torres1161/2017
- Julio Cesar Solar Renero493/2022