Julio César Reyes Martínez

Expediente 682/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
682/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Julio César Reyes Martínez
  • JULIO CÉSAR REYES MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, sin realizar mayor proveído, tomando en consideración que en acuerdo de uno de agosto del año en curso se declaró firme el diverso de doce de julio del mismo año, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo por desistimiento de la parte quejosa, ordenándose archivar como asunto como totalmente concluido. Lo que le fue notificado mediante oficio 42140/2019 el dos de agosto de dos mil diecinueve, tal como consta a foja 94 de autos (acuse de recibo de notificación con sello de recepción de dos de agosto del año en cita); por ende, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para hacer pronunciamiento alguno en relación al traslado efectuado. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante para que proceda en consecuencia. Notifíquese.-

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo al desistirse de la demanda, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que en el presente juicio se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto procede conservarse, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, fracción III, segundo párrafo, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser depurable. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    PQ-A Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta realizada por el actuario adscrito a este juzgado con motivo de la diligencia ordenada en auto de once de julio de dos mil diecinueve. Visto el contenido del acta de referencia se advierte que el directo quejoso Julio César Reyes Martínez, manifestó desistirse de la demanda promovida en su representación por Juan Carlos García Flores, por tanto, tomando en consideración el principio de instancia de parte agraviada, en el que sólo el juicio de amparo puede seguirse a petición de parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se sobresee en el presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, por lo expuesto en párrafos que anteceden agréguense a este expediente sin mayor proveído, las razones actuariales de doce de julio del año en curso y los oficios remitidos por la Dirección General de Asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y otras autoridades, mediante los cuales informan el cumplimiento a la suspensión de plano, lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos García Flores, quien promueve a nombre de Julio Cesar Reyes Martínez, contra los actos y autoridades siguientes: - Subsecretario de Coordinación y Operación Policial. - Director General de Centros de Reinserción Social del Estado. - Director de Supervisión de los Establecimientos de Reclusión. - Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. - Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Director General de la Policía Estatal Preventiva. - Coordinador de seguridad y custodia del Centro del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Jefe General de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Jefe del Primer Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Jefe del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Jefe del Tercer Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. - Coordinador Estatal de la Guardia Nacional del Estado de Puebla. - Comisario Jefe de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla. - Coordinador de Unidad de la Guardia Nacional de Batallón y/o Compañía y/o Sección y/o Pelotón y/o Escuadra, al mando del personal de la Guardia Nacional encargado del operativo de revisión y traslado en el Centro de Reinserción Social de Puebla en esta fecha y/o en el día siguiente. En tales condiciones, regístrese con el número 682/2019. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la certificación de cuenta, se advierte que fue presentada vía electrónica, sin contener firma electrónica (FIREL), ni autógrafa; sin embargo, de su contenido se aprecia que el promovente reclama el traslado a diverso centro penitenciario y/o diverso dormitorio, el decomiso y sustracción de pertenencias de Julio Cesar Reyes Martínez, quien se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Puebla, así como mantenerlo en una celda con un número excesivo de personas. Por tanto y a fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de amparo y no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que se constituya en el recinto oficial que ocupa las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de que RATIFIQUE LA DEMANDA DE AMPARO promovida en su nombre por Juan Carlos García Flores y, en su caso, lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído ratifique la misma, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas. En caso de que el quejoso no se encuentre privado de su libertad en dichas instalaciones, el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional deberá asentar la razón correspondiente, facultándolo para tal caso, desde este auto, para que en ese momento requiera a las autoridades responsables o a quien se encuentre encargado del despacho, le manifieste el lugar en el que se encuentra privado de su libertad el quejoso Julio Cesar Reyes Martínez; lo anterior, a fin de que se constituya en éste último para hacerle saber el contenido del presente acuerdo, le practiquen los requerimientos aludidos con antelación y lo requiera para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la autoridad a cuya disposición se encuentre en ese momento; conforme a lo anterior, se ordena girar dos oficios sin destinatario con el objeto de que en caso de que el quejoso señale como autoridades responsables a alguna distinta a las designadas en la demanda de amparo que se provee, el Actuario Judicial asiente la denominación de las mismas y lo notifique en términos de ley facultando al fedatario judicial para tal efectos. En el contexto que antecede, las autoridades responsables designadas por el quejoso deberán atender los requerimientos aquí contenidos en los términos señalados bajo los apercibimientos decretados. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Julio Cesar Reyes Martínez, contra el acto consistente en la ORDEN DE TRASLADO del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Puebla, a un diverso Centro de Reinserción Social en el Estado o del País, para el efecto de que el impetrante no sea trasladado a otro centro de reclusión diverso al Centro Penitenciario del Distrito Judicial de Puebla o del País; asimismo, en caso de que ya se haya realizado dicho traslado sea reingresado al Centro de Reinserción Social de Puebla, siempre y cuando dicha orden no provenga de autoridad competente de acuerdo a la Ley, es decir, de autoridad jurisdiccional (juez de proceso o de ejecución de sentencia) y se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para el caso de que se trate de alguna de las excepciones previstas en el citado numeral 52, se REQUIERE A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA para que a más tardar en el término de OCHO HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN que hubiere realizado al JUEZ COMPETENTE de la resolución administrativa en que funda el traslado del aquí quejoso (notificación que deberá efectuar dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado) lo informe y acredite ante este juzgado con las constancias conducentes, en las que se precise la fecha y hora exactas del traslado, puesta a disposición de la autoridad administrativa y notificación a la autoridad judicial competente. Previniendo a dicha autoridad que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, así como que entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de continuarse con el traslado del quejoso en diverso centro penitenciario al de la ciudad de Puebla sin justificación legal alguna de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que se continúe con la función de investigación de los delitos por el Ministerio Publico, conforme lo ordena el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 58/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 154/2016, publicada en la página 865, Libro 36, Tomo II, Materia Común, Noviembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Respecto a los efectos del acto reclamado consistente en la orden de reubicación a diverso dormitorio dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que el quejoso no sea aislado ni reubicado de área o celda en que actualmente se encuentra recluido, a otra diversa dentro del propio centro de reinserción social donde se encuentra privado de su libertad; siempre y cuando dicha orden no provenga de autoridad competente de acuerdo a la Ley y sin haber seguido las formalidades esenciales para la emisión de tales órdenes; además que dicha orden no obedezca a cuestiones de seguridad que rigen a dicho centro penitenciario, o a cualquiera otra circunstancia prevista en la Ley y reglamentación que regula su emisión para efectuar dicho traslado dentro del mismo recinto carcelario, como lo sería cuestiones de salubridad, seguridad del propio quejoso, seguridad de internos diversos al quejoso o del propio centro penitenciario. También se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que no se decomisen ni se sustraigan de la celda del quejoso sus pertenencias, siempre y cuando tales pertenencias sean de las que pueda poseer dentro del centro de reclusión conforme al reglamento del mismo; en el entendido de que si la responsable considera necesario realizar una inspección o revisión a la celda del quejoso, en virtud de la seguridad del centro de reclusión, la misma deberá realizarse en presencia del quejoso, levantando el acta circunstanciada correspondiente. En la inteligencia de que las medidas cautelares que se conceden no surtirán sus efectos si dicha medida fue impuesta como corrección disciplinaria, o como medida de seguridad tomada por parte de dicho centro reinserción social, derivada de los resultados de los estudios practicados en las diversas disciplinas y áreas de los cuales se determine la peligrosidad y avance readaptatorio del quejoso que revelen la capacidad de expansión criminógena del interno, pues en ese caso, la medida cautelar concedida en favor del quejoso no surtirá efecto alguno; sin embargo, la autoridad responsable deberá vigilar que con su ejecución no se atente contra la vida, integridad física y mental, salud, honor, decoro y dignidad del quejoso. De igual forma SE DECRETA LA SUSPENSIÓN de plano a favor del quejoso Julio Cesar Reyes Martínez, contra el acto consistente en el hacinamiento, para el efecto de que cese de inmediato tal acto, en tanto el mismo es contrario a su dignidad humana. Así mismo, en virtud de que los actos reclamado antes indicados son de aquellos que de consumarse afectarían de manera grave derechos fundamentales y que harían físicamente imposible restituir al impetrante en el goce de sus derechos afectados, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de OCHO HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informen acerca de la forma o términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, ello, en atención a que se reclaman actos vinculados con orden de traslado de un centro de reclusión a otro. Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato también traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a las autoridades responsables. Se informa al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir los oficios que les son enviados, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado como a la autoridad responsables una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que podrán remitir su correspondiente informe justificado vía, fax o correo electrónico a las direcciones y número siguientes:  Dirección: CALLE 23 PONIENTE # 2509, COL. LOS VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72410.  Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx y/o jeanette. espinosa.flores @correo.cjf.gob.mx  Numero celular 2224459066  Número de fax: 01 22 22 37 66 67. Debiendo confirmar su recepción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados conforme al artículo 12 de la Ley de la Materia, los que para tales efectos señala en su escrito de demanda. Así mismo, respecto a su solicitud de acceso al expediente electrónico del usuario Alexcastillo1782, se autoriza la consulta del mismo, lo anterior, con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y por ende, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a permitir tomar placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada.

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