Julio César Quiroz Blancas
Expediente 33/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 08/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Julio César Quiroz Blancas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el abogado autorizado de los quejosos, en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, virtud de que el Juez de Ejecución Penal de esta ciudad, no figuró como parte en el juicio de amparo en que se actúa, a más de que mediante proveído de once de mayo del presente año (foja 341), se ordenó el archivo del presente controvertido constitucional como concluido. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de diez de abril del año en curso (fojas 326 a 329), se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, debe tenerse por consentido el mismo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro número uno, relativo al registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, diez de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del expediente relativo al juicio de amparo 33/2016-3 promovido por ************************** y *************** ***********, para resolver sobre el cumplimiento dado por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto (fojas 319 a 322), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO: I. Que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a los quejosos mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector, toda vez que dicho acuerdo se notificó a las partes el treinta de marzo del año en curso, sin que se advierta que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. II. Que al ser de orden público el cumplimiento de las sentencias de amparo, este juzgado de distrito procede a resolver, de oficio, si con las constancias agregadas a los autos el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de tesis 247, en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Parte Jurisprudencia S.C.J.N., que dispone: [...] III. De la ejecutoria de amparo emitida por este juzgado de distrito, el ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 244 a 256), se advierte que se concedió la protección constitucional en los siguientes términos: "[.] En consecuencia, y aunque en apariencia, como ya se dijo, se trate de una ejecución simultánea de sanciones; lo cierto es que al ser una de ellas del orden federal, la que se rige por las disposiciones de las leyes penales federales, y la otra, por ser del fuero común, que se manda por lo dispuesto en las leyes punitivas de la entidad, en la especie, la autoridad responsable deberá computar la pena impuesta por la autoridad del fuero común, a los hoy quejosos, a partir de la fecha que fue señalada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado mencionadas con antelación. Lo anterior, al margen de lo correcto o incorrecto de ambas sentencias judiciales, pues las mismas han causado ejecutoria, lo que las convierte en cosa juzgada, por lo que si en ninguna de ellas se hizo alusión a la existencia de otro procedimiento penal, entonces, en consecuencia, deberá estarse a lo que se ordenó en aquél Toca de apelación número 851/2002, en el que se ordenó, en cumplimiento a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado antes mencionado, que la pena de prisión impuesta a los hoy quejosos será de treinta años de prisión, los que deberán compurgarse a partir del catorce de septiembre de dos mil [.]" De conformidad con lo resuelto en la mencionada ejecutoria, la autoridad responsable estaba obligada a realizar los siguientes actos: I. Debería computar la pena impuesta por la autoridad del fuero común, a los hoy quejosos, a partir de la fecha que fue señalada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado mencionadas con antelación. a). En la inteligencia de que para cumplir con lo anterior, debería estarse a lo que resuelto en el toca de apelación número 851/2002, en el que se ordenó, en cumplimiento a lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que la pena de prisión impuesta a los hoy quejosos será de treinta años de prisión, los cuales deberían compurgarse a partir del catorce de septiembre de dos mil. Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito examinó el pretendido cumplimiento dado por el Director del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, al fallo protector, determinando que dicha autoridad actuó de manera deficiente en su proceder, ya que omitió realizar la certificación respectiva por lo que hace al quejoso ************** **********. Por consiguiente, en el citado auto, este órgano jurisdiccional tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable a fin de que realizara el cómputo de la pena impuesta por la autoridad del fuero común, a los quejosos Julio César Quiroz Blancas y Felipe de Jesús Pastor Gil, a partir de la fecha que fue señalada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado mencionadas con antelación. En el entendido de que para cumplir con lo anterior, debería estarse a lo que se resolvió en el toca de apelación número 851/2002, en el que se ordenó, en cumplimiento a lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que la pena de prisión impuesta a los hoy quejosos será de treinta años de prisión, los cuales deberían compurgarse a partir del catorce de septiembre de dos mil. Ahora bien, de un análisis de las constancias remitidas por el Director del Centro de Ejecución de Sanciones responsable, se observa que mediante certificaciones de veinticinco de marzo de este año, la autoridad responsable en lo que interesa, asentó lo siguiente: ".Por medio del presente me permito remitir a Usted, el Extracto de Antecedentes Penales (PARTIDA JURÍDICA) de la persona privada de su libertad Ejecutoriado del Fuero Federal y Común de nombre: **************************. [.] así mismo al pago de la reparación de daño a favor de los ofendidos, *******************************************************, dejando a salvo sus derechos para hacer valer tal reparación en la vía y forma que corresponda, en cuanto al delito de robo, el cual se da por cumplido toda vez el objeto del delito fue entregado a las empresas ofendidas, dicha resolución fue confirmada por el Magistrado de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas al resolver el Toca Penal número 851/2002 de fecha 14 de octubre de 2003, inconforme con dicha resolución, interpone juicio de Amparo Directo quedando radicado bajo el número 592/2006-I mismo que le es concedido, datos tomados del Toca Penal 851/2002 de fecha 06 de marzo del 2007, en el cual el Magistrado de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, da cumplimiento a la ejecutoria de dicho Amparo, de fecha 31 de enero del 2007, modificando la sentencia subsumiendo el delito de homicidio en grado de tentativa en el diverso de lesione, por lo que es responsable por el delito de lesiones, homicidio, asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y robo, debiendo compurgar una penal de 30 AÑOS DE PRISIÓN y multa equivalentes a 160 días de salario mínimo. Encontrándose actualmente a disposición de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones. a) Computable a partir del día 14 de Septiembre de 2000. b) Tiempo Compurgado: 16 años, 06 meses, 11 días [.]" (foja 320). ". Por medio del presente me permito remitir a Usted, el Extracto de Antecedentes Penales (PARTIDA JURÍDICA) de la persona privada de la libertad del Fuero Común de nombre: FELIPE DE JESÚS PASTOR GIL. [.] al resolver el Toca Penal número 851/2002, Inconforme con dicha ejecutoria interpone Juicio de Amparo Directo número 592/2006, en fecha 31 de enero de 2007, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión por lo que en fecha 06 de marzo de 2007 se le dicta la nueva sentencia, modificando en la cual subsume el delito de homicidio en grado de tentativa en el diverso de lesiones, por lo que es responsable por el delito de lesiones, homicidio, asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y robo debiendo compurgar la penal de 30 AÑOS DE PRISIÓN y multa de 160 días, Encontrándose actualmente a disposición del Ejecutivo del Estado. a) Computable a partir del día siguiente en que se dio cumplimiento la Ejecutoria de Amparo por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, 14 de Septiembre de 2000. b) Tiempo compurgado: 16 años, 06 meses, 11 días de prisión. c) Antecedentes Penales: Si registra." (foja 321) Así, de un estudio comparativo entre la ejecutoria que nos ocupa, frente a lo realizado por la responsable en su cumplimiento, se advierte que acató lo ordenado en el fallo protector, pues con base en lo razonado aparece que realizó el cómputo de la pena impuesta por la autoridad del fuero común, a los hoy quejosos ************************** y *************************, a partir de la fecha que fue señalada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación número 851/2002, en el que se ordenó, en cumplimiento a lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que la pena de prisión impuesta a los hoy quejosos sería de treinta años de prisión, los cuales deberían compurgarse a partir del catorce de septiembre de dos mil. IV. En esa tesitura, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria concesoria, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo con su numeral 2, se aprecia que la Junta responsable acató en lo esencial el fallo protector, pues con base en lo razonado aparece que realizó las certificaciones respecto al cómputo de la pena impuesta por la autoridad del fuero común, a los quejosos, acatando los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, actuar con el que a consideración de este órgano colegiado se atendieron los parámetros esenciales establecidos en la ejecutoria que concedió la protección constitucional. V. En tal virtud, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, en el caso es de declarar como se declara: ÚNICO. Que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida en su totalidad sin exceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a los quejosos; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos, el oficio remitido por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por medio del cual aduce dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto con base en los elementos que obran en el expediente y con los datos aportados por la autoridad oficiante. Finalmente, dígasele a la actuaria adscrita a este juzgado de distrito, que obtenga fotocopia simple de las constancias que remite la autoridad responsable, con las cuales pretende dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos, para que al momento de la notificación le corra traslado con las mismas al quejoso. Notifíquese. (3)
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