Julio César Pérez Vela
Expediente 403/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Julio César Pérez Vela
Actuaciones
- Principal
V. Se declara que ha causado estado el auto que desechó la presente demanda de amparo. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción en cinco años.
- Principal
V. Con esta fecha se notificó por lista de estrados que se fija en este Juzgado, el auto de quince de mayo del año en curso, a la parte quejosa, que en su parte conducente dice: [...] Con la demanda de amparo, se tiene a JULIO CESAR PÉREZ VELA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables que señala, que hace consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución; al respecto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 402/2018-III-A. Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6, párrafo primero de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, por cuanto hace al dispositivo 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. De los artículos 107, fracción I de la Constitución Política y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desprenden dos presupuestos procesales del amparo: a. Instancia de parte agraviada. La acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad; y, b. Legitimación procesal. El quejoso podrá promover el amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; por lo anterior, el juicio de amparo indirecto es improcedente si no se promueve a instancia de parte agraviada, o bien, si quien promueve el amparo carece de legitimación procesal. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: La Ley de Amparo, en su artículo 3 establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.". Por su parte, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, en sus artículos 1°, 2°, fracción II, 60, 64, 72, 73 y 76 disponen lo siguiente: "Artículo 1. El presente Acuerdo General Conjunto tiene por objeto regular los sistemas tecnológicos que conforman el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del juicio de amparo de manera electrónica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, a que se refiere la Ley de Amparo. Asimismo, tiene por objeto regular la utilización de los sistemas tecnológicos con los que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal para la tramitación de los juicios de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y las comunicaciones oficiales electrónicas.". "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.] II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación.". "Artículo 60. En los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del CJF conforme a las disposiciones de este capítulo." "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente acuerdo general y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.[.]". "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. De proporcionarse una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo se remitirá automáticamente a ésta el acuse de recepción electrónica.[.]". "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". Del análisis de las disposiciones citadas se obtiene lo siguiente: - Que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente y para el caso que se opte por esta última, los escritos se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. -Que la "firma electrónica" es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y se establece que ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para -entre otras opciones- enviar promociones. - Para presentar una demanda de amparo por vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que el quejoso se registre como usuario del sistema, para lo cual debe proporcionar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población, así como generar un nombre de usuario y una contraseña, y vincular a dicho registro su firma electrónica. - El registro de cada usuario en el sistema es personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. - Una vez enviada la demanda, el sistema genera un acuse de recepción, en el que se indican los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contiene su demanda y los archivos anexos, así como la fecha, hora de envío, recepción y un folio electrónico; y, - De igual forma, el sistema plasma en la parte final de la demanda y de cualquier otro documento que se reciba, una evidencia criptográfica de la firma electrónica, la cual muestra el nombre del titular de ésta, si el certificado es reconocido y si se encuentra vigente; siendo tales datos los que deben servir de base a los órganos jurisdiccionales para acordar lo conducente. De los artículos transcritos se desprende el principio de instancia de parte agraviada, el cual tiene como punto de partida la circunstancia de que el juicio de amparo nunca procede oficiosamente, es decir, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora. Por tanto, debe existir iniciativa del afectado por un acto de autoridad, a fin de evitar un desequilibrio entre los Poderes del Estado, ya que no son éstos los que impugnan los actos de los demás, sino los gobernados a través de uno de esos Poderes, en este caso, el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, un presupuesto lógico del principio mencionado consiste en que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el agraviado por el acto de autoridad, ello, ya que si tal escrito constituye la base del juicio es indispensable, como requisito de su admisibilidad y procedencia, que contenga un signo expreso inequívoco de la voluntad del gobernado, pues de no ser así, se estimaría que es el propio órgano de control constitucional quien oficiosamente está verificando la regularidad de las actuaciones de las autoridades; situación que también debe regir para todas las promociones que se presenten durante la substanciación del juicio de amparo. Así, la ausencia de algún signo que conduzca al tribunal de amparo a considerar que, efectivamente, es el agraviado quien incita su actividad jurisdiccional, es indicativo de incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, ya que la falta de firma tiene como consecuencia que el escrito relativo no constituya propiamente una demanda y, por ende, que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó; así como que no fue su voluntad presentar las promociones. Atendiendo a lo anterior, se evidencia que la demanda que nos ocupa no se encuentra firmada electrónicamente por la persona a la cual supuestamente perjudica el acto reclamado, esto es, por el directo quejoso JULIO CESAR PÉREZ VELA, sino únicamente por el autorizado RAYMUNDO TAMAY CHUC; de tal manera, que si el nombrado peticionario al promover su demanda de amparo por propio derecho, mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado no pertenece a él sino a su autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo indirecto carece de la firma electrónica del quejoso y, en vista de que no nos encontramos en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde se exime el uso de la firma electrónica. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; de igual forma, no procede reconocer a las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda no cuenta con firma electrónica del quejoso y, por ende, como ya se dijo, su designación carece de validez [...].
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