Julio Cesar Pérez Rangel

Expediente 271/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
271/2014
Año
2014
Actuaciones
16
Última actuación
20/01/2016

Partes del expediente

  • Julio Cesar Pérez Rangel
  • Julio Cesar Pérez Rangel y Otros.
  • Magdaleno Arellano Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    . . .Intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual informa el contenido de su proveído pronunciado el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, que dice emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este juicio; sin lugar a mayor trámite, en virtud de que, por acuerdo de seis de julio de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido. . . III

  2. Principal

    Intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el dieciséis de octubre de dos mil quince, en los autos del amparo directo civil 375/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dejó insubsistente el acuerdo pronunciado por ese juzgado el diez de febrero del año en curso; sin lugar a mayor trámite, en virtud de que, por acuerdo de seis de julio de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido...III

  3. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, EL ESCRITO DE CUENTA SIGNADO POR. . .A TRAVES DEL CUAL REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES. . .III

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil quince, inherente al informe con el que la autoridad responsable informó la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, no obstante estar apercibida que en caso de no realizar manifestación alguna, este tribunal resolvería sobre la citada imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable se encuentra imposibilitada jurídicamente o no, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de veintiuno de enero de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a JULIO CÉSAR PÉREZ RANGEL, en contra del acto que reclamó al Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, para los efectos apuntados en el considerando décimo de la sentencia, que señala: "[.] I. El juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada de cuatro de julio de dos mil catorce y en su lugar con plenitud de jurisdicción emita otro subsanado los vicios encontrados. [.]" Los vicios a que se refiere ese apartado, se aprecian de la parte considerativa de la sentencia ambos inherentes a la falta de fundamentación y motivación de la que adolece el acto reclamado, por una parte la falta de motivación en que incurrió la responsable al momento de emitir el acto reclamado al no justificar porqué impuso al quejoso una multa de treinta veces el salario mínimo vigente en esta zona económica, cuando nunca hizo efectivo algún apercibimiento anterior para imponer una multa de menor cuantía a éste, y por otra, la total falta de motivación y fundamentación derivada de la omisión en que incurrió dicha autoridad al no ocuparse de la justificante hecha valer por el quejoso para no rendir el informe requerido. El fallo en cuestión, se recurrió por el quejoso y fue confirmado mediante resolución de veintiocho de mayo de dos mil quince, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, dentro de los autos del amparo en revisión administrativa 81/2015 de su índice, por lo que, mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil quince, se requirió a la responsable su cumplimiento. La responsable por su parte, mediante el oficio 1631/2015, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de junio del año en curso, informó que por acuerdo pronunciado dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, en fecha diez de febrero de dos mil quince decretó la caducidad de ese juicio y dejo sin efectos todo lo actuado en el mismo incluido el auto de fecha cuatro de julio de dos mil catorce (que constituye el acto reclamado), así como que dicha determinación quedó firme al ser confirmada por resolución de treinta de abril de dos mil quince, pronunciada en los autos del Toca Civil 719/2015 que emitió el tribunal de alzada de ese órgano jurisdiccional y que en contra de ésta última se promovió juicio de amparo directo que se encuentra radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Segundo Circuito, bajo el número 375/2015. Igualmente, través de su oficio 1728/2015 comunicó que con motivo de la caducidad decretada en el expediente del que derivo el acto reclamado en este juicio, no se libró oficio alguno para informar al Jefe del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, que dejó sin efectos la multa impuesta al aquí quejoso con motivo de la caducidad aludida, esto, en razón de que al imponer la citada multa tampoco giró oficio a dicha dependencia para que efectuara su cobro. En esa medida, una vez confrontados los efectos de la sentencia concesoria con los motivos en los que la autoridad responsable pretende justificar su imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia se arriba al convencimiento de que no existe materia para que la autoridad responsable proceda al cumplimiento, pues los efectos de la caducidad del juicio de origen que permearon el acto reclamado, generó un cambió en la situación jurídica que motivó la concesión de amparo, razón por lo cual, es evidente que existe una imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, al haberse decretado la caducidad del juicio del que derivó el acto reclamado. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 2/2008 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este Décimo Circuito, publicada en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Igualmente, es aplicable la Jurisprudencia 2/2008 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este Décimo Circuito, publicada en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En tales condiciones, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .III

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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