Julio César Pérez Ramírez
Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio César Pérez Ramírez
Actuaciones
- Incidental
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó estado el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y se ordenó el archivo del expediente principal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de enero del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, el cuaderno de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, remite el juicio de amparo 1155/2019 de ese índice, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, pues declinó competencia a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo que dio origen a ese asunto, por estimar que se actualiza el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en este Juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 1042/2016, promovido contra actos derivados del mismo expediente natural (causa penal 86/2017) que dio origen a aquel asunto. Por tanto, téngase por recibidos los autos y acúsese el recibo correspondiente. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra radicado ante este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 1042/2018, promovido contra actos derivados del mismo expediente natural causa penal 86/2017; por tanto, toda vez que los expedientes que se tramitan en este Juzgado constituyen un hecho notorio para la Titular de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y en términos de la jurisprudencia 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro respectivo bajo el número 60/2021, haciendo del conocimiento del órgano oficiante que este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Así, tomando en consideración que el artículo 3 de la Ley de Amparo, señala la digitalización de las actuaciones contenidas en un juicio de amparo; solicítese al Juez declinante que de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación del amparo indirecto 1155/2019 de esa estadística, con el diverso número 60/2021 de este índice, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. En ese contexto, se continúa con el trámite del juicio de amparo promovida por JULIO CÉSAR PÉREZ RAMÍREZ, contra actos del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Hágase la sustitución de carátulas en el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al presente asunto, así como las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De las constancias que obran en autos, las que tienen de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso JULIO CÉSAR PÉREZ RAMÍREZ, en calidad de Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato en el juicio de amparo que remite el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo con el que se formó el juicio de amparo 1155/2019, en el que reclamó la resolución de nueve de octubre de dos mil diecinueve, donde la autoridad responsable determina que Julio César Pérez Ramírez en su carácter de Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato no tiene legitimación para promover recurso de apelación contra la resolución incidental de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitida en el Incidente No Especificado de Atención Médica, en la causa penal 86/2017, acto que le atribuye al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Ahora, tomando en cuenta que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado que se le atribuye, agregando que en el expediente penal 86/2017 de esa estadística, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se desechó el recurso de apelación promovido en contra de la resolución incidental de veintitrés de septiembre de la misma anualidad, dictada en el "Incidente No especificado de Atención Médica que debe proporcionar la autoridad penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social, número doce en el Estado de Oaxaca, en su área médica del citado Centro Federal, con el fin de atener el estado de salud de Marco Antonio Sánchez Cruz", y refirió también que no era competencia de un Juez de ejecución Penal, al no tratarse de una controversia, sino de una solicitud de atención médica presentada por el citado procesado ante el juez de su causa, y al no ser materia de la Litis del proceso penal, se ordenó la tramitación el aludido incidente no especificado, por lo cual no se le dio tal intervención, asimismo, hizo del conocimiento que en este Juzgado, se tramitó el juicio de amparo 1042/2018, promovido contra actos derivados del mismo expediente natural causa penal 86/2017 que dio origen a aquel asunto. Además, dicha autoridad remitió como apoyo a su informe justificado, las actuaciones conducentes de la referida causa penal, las cuales tienen pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos, conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de las que sobresale que en la resolución del "Incidente No especificado de Atención Médica" de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el juez penal determinó como obligaciones de la autoridad ahora quejosa lo siguiente: "Resuelve: [.] SEGUNDO.- SE ORDENA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE DE OCAMPO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y AL ÁREA MÉDICA DE DICHO CENTRO FEDERAL PARA QUE CUMPLAN CON ESTA RESOLUCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, QUE REQUIERE MARCO ANTONIO SÁNCHEZ CRUZ, COMO ES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, TERAPIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, PSIQUIATRAS, MEDICINA DE ESPECIALIDAD PARA ATENDER LA SALUD DE DICHO INTERNO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO EN EL ESTADO DE OAXACA. [.] En ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII y 7° de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Del precepto invocado se advierte que una persona moral pública u oficial podrá interponer un recurso de amparo, por conducto de sus servidores públicos o representantes, siempre y cuando la norma general, acto u omisión que combate afecte en su patrimonio. Ahora, el juicio de garantías es un medio de control constitucional implementado para que los particulares impugnen los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías constitucionales, lo que significa que, por regla general, únicamente procede contra actos de autoridad que entrañen un menoscabo a derechos subjetivos públicos. Y la excepción se localiza en el artículo 9° de la Ley de Amparo, conforme al cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales; el origen de tal excepción radica en que el Estado, como persona moral oficial puede obrar con doble carácter: como 1) ente dotado de poder público: su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se haya investido y 2) como persona moral de derecho privado: obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos. Sirve de apoyo a lo anterior, XXI.2o.P.A. J/31, deducida del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1334, Materia Administrativa, registro digital 165715 y de rubro y texto siguiente: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales, lo que pone de manifiesto que, por regla general, únicamente procede contra actos de autoridad que entrañen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; la excepción a dicha regla se prevé en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme al cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales; el origen de tal excepción radica en que el Estado, como persona moral oficial puede obrar con doble carácter: como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado; en la primera hipótesis, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se halla investido y, en la segunda, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos. Sin embargo, esta excepción no se actualiza cuando en un juicio contencioso administrativo, cuya finalidad es sustanciar y resolver las controversias que en materia administrativa y fiscal se plantean entre los particulares y las autoridades, se demanda la nulidad de actos emitidos por éstas, si actuaron como entes dotados de poder público con el que se hallan investidos al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto impugnado; por ende, las personas morales oficiales carecen de legitimación para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal si lo hacen como partes demandadas en el procedimiento mencionado y no en defensa de sus intereses patrimoniales. Ahora, en el caso en concreto, no se reúnen los requisitos formales para que se le tenga a la autoridad oficial promovente como persona moral de derecho privado, es decir, no actúa en las mismas condiciones que los particulares, al no contraer obligaciones y derechos de la misma naturaleza y en igual forma, en atención a que en el acto reclamado resolución de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se trata de un desechamiento de recurso de apelación promovido por la autoridad moral oficial (promovente en el presente juicio), contra una resolución incidental (de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve) dentro de la causa penal 86/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y al tratarse esencialmente de atenciones médicas o del derecho a la salud del procesado Marco Antonio Sánchez Cruz, consistente en la atención médica a brindar al citado procesado por parte del CEFERESO número 12 CPS Guanajuato (autoridad que representa el hoy quejoso), no puede considerarse en un plano de igualdad ante el interno, a pesar de la condición procesal que le posibilita intervenir en dicho incidente, ya que la cuestión de procedimiento no logra justificar que se vea afectado su patrimonio en una situación jurídica de igualdad con el interno en reclusión. Por tanto, al no reunirse los requisitos para que se le tenga a la autoridad oficial promovente como persona moral de derecho privado, es decir, no actúa en las mismas condiciones que los particulares, y al concluir que no se configura una afectación en el patrimonio del impetrante, se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en artículo 61, fracción XIII y 7° de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo, es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, registro digital 184572, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por otro lado, no ha lugar a ordenar el emplazamiento del tercero interesado MARCO ANTONIO SÁNCHEZ CRUZ, toda vez que el sentido en el que se resuelve este juicio de amparo, no le causa ningún perjuicio. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta, con apoyo en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, como lo solicita el promovente del amparo se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígasele que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene como delgados de su parte a las personas que indica. En otro contexto, dado que la demanda de que se trata se remitió directamente a este órgano jurisdiccional, y no a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; en tales circunstancias, gírese oficio a la Jefa de la aludida Oficina, para que ésta a su vez realice la compensación respectiva y lo turne a este Juzgado. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO)
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