Julio César Pantoja Carrera

Expediente 146/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
146/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Julio César Pantoja Carrera

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Julio César Pantoja Carrera; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 146/2022-5, promovido por *********, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente, *********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "[.] La OMISIÓN de la autoridad responsable la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, a dar termino a las partes para FORMULAR ALEGATOS Y de oficio CERRAR LA INSTRUCCIÓN en el expediente laboral No.673/2013, dentro de los términos y plazos que fija el artículo 885 de la legislación laboral, en virtud de que se contrapone con la prerrogativa de impartición de justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional, ASÍ COMO SU NOTIFICACIÓN a las partes contendientes. [.]. (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. CONOCIMIENTO PREVIO. El nueve de febrero de dos mil veintidós, se radicó el juicio de amparo con el número 146/2022-5, del índice de este órgano jurisdiccional, ordenando remitir la demanda de amparo por conocimiento previo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, el cual, mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, estimó no aceptar el conocimiento planteado por este órgano jurisdiccional, en razón de que el último antecedente del juicio de origen se tramitó ante este juzgado. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el expediente 146/2022-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, de otorgar el término a las partes para formular sus alegatos y ordenar el cierre de instrucción en el expediente laboral 673/2013, así como su notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA RESPONSABLE. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de derechos fundamentales, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que, de no existir el acto combatido, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto; y en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de amparo sea procedente. Al respecto, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado a pesar de haber sido notificado mediante oficio 6110/2022, de dieciocho de febrero del año actual, el cual recibió el veintitrés de febrero del presente año, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir el informe respectivo, le transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil veintidós, sin que rindiera su informe respectivo. Sin embargo, no es procedente presumir de cierto el acto que se le reclama, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de la Materia, toda vez que precisamente la parte quejosa reclama al Actuario responsable la falta de notificación de un acuerdo que no ha sido emitido aún por la Junta responsable. Por tales motivos, ante la inexistencia de la omisión de notificar el acuerdo en el que se otorga a las partes el término para formular sus alegatos y en vía de consecuencia donde ordena el cierre de instrucción en el expediente 673/2013, de su índice, reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, no aceptó ni negó la existencia del acto reclamado, sin embargo manifestó la imposibilidad que tiene para cerrar instrucción en el expediente de origen; lo cual se corrobora con el análisis de la constancia que adjuntó en copia digitalizada, inherente al expediente laboral 673/2013, de su índice. Documento que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Se dice lo anterior, en razón de que, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que en el expediente laboral 673/2013, aún quedan pruebas pendientes por desahogar, por lo que se encuentra imposibilitada para cerrar instrucción, circunstancia que se desprende del auto de diez de marzo de dos mil veintidós, en el que requirió a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, para que en auxilio y colaboración de las labores de la Junta responsable, comisione a uno de los actuarios de su adscripción para que tenga a bien en desahogar el cotejo de la documental ofrecida por la empresa demandada PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION bajo el apartado III inciso b) de sus probanzas, anexando al exhorto las documentales necesarias. De lo antes expuesto, se evidencia que la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no estaba en condiciones de dictar el acuerdo en el que otorga a las partes el término para formular sus alegatos y en vía de consecuencia donde ordena el cierre de instrucción en el expediente laboral 673/2013 de su índice. Ahora, el segundo párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que una vez desahogadas las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que no quedan pruebas pendientes por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiesen pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas; de oficio, se declarará cerrada la instrucción; y, dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de laudo. Como se puede apreciar, el presupuesto procesal indispensable para que surja la obligación de otorgar a las partes el término para que formulen sus alegatos y envía de consecuencia declarar el cierre de instrucción por parte de la responsable, es que se hayan desahogado todas las pruebas, previa certificación del secretario, se haya dado vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiesen pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas, lo cual a la fecha de la presentación de la demanda aún no acontecía. Por el contrario, de la copia certificada remitida por la autoridad de mérito, se obtiene que en dicho expediente el diez de marzo de dos mil veintidós, requirió a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, para que en auxilio y colaboración de las labores de la Junta responsable, comisionara a uno de los actuarios de su adscripción para que tenga a bien en desahogar el cotejo de la documental ofrecida por la empresa demandada PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION bajo el apartado III inciso b) de sus probanzas, anexando al exhorto las documentales necesarias; lo cual consiste en la última actuación en el referido expediente laboral, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (tres de febrero de dos mil veintidós). Por ende, se considera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en cuestión, la autoridad responsable no se encontraba en aptitud legal de otorgar el término de tres días a las partes para que formularan sus alegatos y en vía de consecuencia ordenar el cierre de instrucción. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926, cuy rubro y texto es: "ACTOS OMISIVOS. CUANTO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." También es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, no acepta el conocimiento previo planteado por este juzgado y devuelve los autos del juicio de amparo 146/2022-5 del índice de este juzgado, por los motivos que expone. Acúsese recibo. Por lo que continúese con el trámite del presente asunto, y provéase lo conducente. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA En atención a lo anterior, con el escrito de demanda, se tiene a Julio César Pantoja Carrera, por su propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocerse la calidad de terceros interesados a las personas morales que señaló el quejoso en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sean su contraparte en el juicio natural, no tienen interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que se trata de una dilación procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la presuncional legal y humana, así como las que anexa a su demanda de amparo consistente en copia simple de la credencial para votar del promovente, así como del acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 673/2013, del índice de la junta responsable, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuanto a la prueba consistente en las actuaciones que integran el expediente laboral 673/2013 e informe justificado que deberá remitir la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto ésta las envíe. En lo que respecta a la documental, consistente en copia de todas las actuaciones del expediente 1279/2016-IX, mediante informe justificado que deberá remitir el Juzgado Segundo de distrito en el Estado de Tabasco, que menciona, dígase que no ha lugar a acordar favorable su petición, por un lado, porque dicho órgano jurisdiccional no es autoridad responsable, y por otro lado, no acredita que lo haya solicitado ante dicho órgano jurisdiccional y éste se lo haya negado; no obstante que en ejercicio de los derechos que le confiere el numeral 121 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de solicitar las documentales precisadas, reuniendo los requisitos que, en su caso, exija el referido juzgado. Sirve de apoyo la tesis IV.1º.C.33 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2683, Tomo XXVI, Julio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de febrero de dos mil veintidós. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Julio César Pantoja Carrera, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 146/2022-5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POR TURNO PLANTEADA. En el caso, es conveniente citar el contenido del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el diverso de veintiuno de mayo de dos mil quince; y, que en lo que interesa establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: ".II. El juicio de amparo directo o indirecto promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas." Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se realizó una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), encontrándose que en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, se encuentra radicado el juicio de amparo 1279/2016-IX, promovido por Julio César Pantoja Carrera, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, consistente en la omisión de dictar acuerdo en cuanto a la admisión de pruebas de la diligencia de seis de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 673/2013. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Luego, del análisis de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se desprende que la parte quejosa Julio César Pantoja Carrera, reclama lo siguiente: "La OMISIÓN de la autoridad responsable la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, a dar termino a las partes para FORMULAR ALEGATOS Y de oficio CERRAR LA INSTRUCCIÓN en el expediente laboral No.673/2013, dentro de los términos y plazos que fija el artículo 885 de la legislación laboral, en virtud de que se contrapone con la prerrogativa de impartición de justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional, Así COMO SU NOTIFICACIÓN a las partes contendientes." Bajo ese contexto, en atención a lo establecido en la parte in fine de la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo referido, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, fue el último quien tuvo conocimiento previo de los actos reclamados relacionados con el trámite del expediente laboral 673/2013, lo anterior dentro del juicio de amparo 1279/2016-IX, de aquél índice. Por lo que para quien aquí provee, estima que es en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en donde debe tramitarse y resolverse el presente asunto, dado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo de que se trata, tuvo conocimiento previo respecto de actos derivados del expediente laboral 673/2013 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en el que mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo 1279/2016-IX de su índice. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, en términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común envíese al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el juicio de amparo 146/2022-5, de este índice, con sus respectivas copias de demanda, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo (referencia: juicio de amparo 1279/2016-IX), realice la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito), y así el prenombrado Órgano Jurisdiccional decida si se avoca o no al conocimiento del mismo, solicitando atentamente informar la determinación que adopte. Apoya lo anterior, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 222, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque las hayan promovido diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, cuando se actualizan estos supuestos en relación con dos órganos jurisdiccionales que resolvieron previamente, la competencia debe determinarse en favor del que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto." Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 129/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta y notificación del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "PAJG770118HTCNNL08". Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. (NOTIFICACION Y CONSULTA) En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. (NOTIFICACIÓN) Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las demás partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.

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