Julio Cesar Palafox Castañeda

Expediente 71/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
71/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Julio Cesar Palafox Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que no existen documentos originales que haya exhibido por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSO DEL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. DESECHAMIENTO Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito aclaratorio de Julio Cesar Palafox Castañeda; en consecuencia, vista nuevamente la demanda de inicio, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado de Sonora, con sede en San Luis Rio Colorado, analizada que es en su integridad la misma, se advierte una causa notoria y manifiesta de improcedencia, que conlleva a que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se deseche de plano. La causa de improcedencia que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, así como el 107 fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Las porciones normativas que establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, constituyen normas definitorias, ya que establecen lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los derechos sustantivos no son más que los derechos fundamentales contenidos en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la igualdad, vida, propiedad, posesión, entre otros, cuya violación en juicio, harían imposible su restitución a través del juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin a juicio, de ahí que su procedencia sea en la vía indirecta. Fuera de estos casos, es decir, que no se trate de derechos sustantivos los que sean violados dentro de juicio, sino que se traten de violaciones cuya trascendencia en la esfera jurídica del particular sean determinadas hasta el dictado de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a juicio, se tratará entonces de actos dentro de juicio que producen efectos meramente procesales, respecto de los cuales no es procedente el juicio de amparo indirecto, ya que existe la posibilidad latente de que los mismos desaparezcan ante el dictado de una resolución favorable para el quejoso, de lo contrario, como ya quedó apuntado, tales transgresiones deberán hacerse valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que haya puesto fin a juicio. En tales condiciones, la resolución del incidente de nulidad de notificación de doce de julio de dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente laboral 481/2014 del índice estadístico de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado de Sonora, con sede en San Luis Rio Colorado, no es un acto de imposible reparación en los términos que indican los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Federal y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que la resolución de mérito no afecta de manera directa e irreparable los bienes jurídicos (tangibles o intangibles) del promovente, sino que las posibles afectaciones que estima causa la resolución que le fuera favorable a los intereses de su contraria, son meramente procesales susceptibles de desaparecer si en el juicio laboral de origen obtiene un laudo favorable, de ahí que tales violaciones se colocan en una posibilidad latente y constante de desaparecer o bien, resultan jurídicamente intranscendentes en cuanto al fondo. Además, el acto impugnado, en su caso, resulta reclamable en amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a lo establecido por el artículo 172 fracción V, de la Ley de Amparo, cuando se advierta el dictado de una sentencia adversa a los intereses del quejoso y que el acto que en esta vía combate, haya trascendió al resultado del mismo, y no ante los Juzgados de Distrito conforme a lo establecido por el artículo 107 de la referida legislación, ya que el acto de mérito no resulta de imposible reparación tal y como quedo expresado con anterioridad. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, (registro 170244), que dice lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." De igual manera, es de invocarse la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, página 1993 (registro 2003448), cuyo texto y rubro son: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.- La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales promovida por Julio Cesar Palafox Castañeda. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE DEL PROVEIDO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. PREVENCIÓN Vista la demanda inicial formulada por JULIO CÉSAR PALAFOX CASTAÑEDA, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 71/2018-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado y mediante notificación personal que al efecto se le practique, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I, y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, aclarare su demanda y bajo protesta de decir verdad, en los términos que se expondrán a continuación: Señale con precisión y exactitud cuál es el acto que le reclama a la autoridad señalada como responsable, si lo es la resolución del incidente de nulidad de notificación de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, o la falta de notificación de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.57 K, emitida por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En caso, de que el acto que reclame sea la falta de notificación del citado incidente, si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la autoridad que señaló como responsable. En el entendido, que deberá exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/59, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y texto: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE DEBE PRESENTAR CON COPIAS. El escrito aclaratorio de la demanda no siempre se debe presentar con el número de copias a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Amparo, sino en los casos en que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional, al correrles traslado del libelo inicial, para que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Esta tesis encuentra su base de sustentación en lo siguiente: La generalidad de los requisitos que contiene la demanda de garantías son de importancia para que las partes queden en condiciones de producir su defensa en relación a la cuestión planteada por el quejoso, pero no todos, pues hay algunos que se exigen para que el juzgador pueda cumplir con sus atribuciones en el procedimiento, como es el caso del señalamiento del domicilio del tercero perjudicado, cuya finalidad primordial consiste en que se pueda practicar el emplazamiento a dicha parte. El artículo 120 de la Ley de Amparo dispone que se exhiban sendas copias de la demanda, con el manifiesto propósito de que se pueda correr traslado con ellas a las demás partes, a fin de que estén en condiciones de defender en el juicio sus posiciones o intereses, así como para formar los cuadernos del incidente de suspensión de los actos reclamados, que corre por cuerda separada, cuando se pide esta medida. Para que se cumpla cabalmente con la finalidad apuntada, mediante el traslado, se necesita, únicamente, que las copias que se entreguen a las partes contengan todos los elementos atinentes a la producción de su defensa, pues para ese efecto y en esa fase procesal son intrascendentes los que sólo conciernen a la actividad del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, cuando se trata de los elementos que deben constar necesariamente en las copias de traslado, es obvio que el artículo 120 invocado es aplicable también para el escrito en que se haga la aclaración o se complete la demanda, pero cuando sólo se trate de los que atañen a la actividad del juzgador, como el que nos sirve de ejemplo, al no existir norma alguna que prevenga la exhibición de copias del ocurso aclaratorio por sí mismo, bastará que se presente el original. Con mayor razón debe considerarse innecesaria la presentación de varios tantos del ocurso en comento, cuando sólo se cumple en él, verbigracia, con la prevención de exhibir copias de la demanda de amparo o de otros documentos como el poder para acreditar la personería, dado que aquí la promoción sólo es el medio de comunicación legal indispensable para dirigirse al juez y hacerle llegar las copias o documentos faltantes, atento a lo dispuesto en el artículo 3o. de la ley de la materia, en el sentido de que en los juicios de amparo las promociones deberán hacerse por escrito, con las salvedades que apunta, que no se dan en el supuesto que nos ocupa." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en el mismo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe

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