Julio Cesar Pacheco Mendoza
Expediente 1348/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Julio Cesar Pacheco Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Víctor Manuel Puebla Gutiérrez, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informe justificado. Asimismo, se da cuenta con escrito registrado bajo el folio 3147. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Se tiene por recibido el escrito de cuenta presentado a nombre del quejoso, mediante el cual formula alegatos; agréguese a los autos de provéase lo conducente en la etapa respectiva. Abierto el período de pruebas, el secretario certifica que la parte quejosa y las autoridades responsables, presentaron pruebas documentales; asimismo la parte quejosa anunció las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que únicamente la parte quejosa formuló alegato. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar resolución en los términos siguientes: Resultando: Primero. Presentación de la demanda La demanda de amparo fue presentada en seis de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a nombre de Julio César Pacheco Mendoza, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del secretario general, coordinador Noroeste I y secretario general sección 220, todos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, consistente en: ".la omisión de dar respuesta a mi solicitud presentada el día 06 de octubre de 2017 en las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)..." Segundo. Admisión y trámite del juicio de amparo Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, conocer de la demanda la que se admitió a trámite mediante auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se formó expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno bajo el número 1348/2017, en el que además se ordenó pedir informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación de demanda Mediante acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la ampliación de la demanda de amparo en la que el quejoso señaló como autoridades responsables a la Comisión Nacional de Justicia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, su presidente y vocal, así como al secretario de organización del referido Sindicato, a quienes reclamó: ".La Suspensión de mis derechos Sindicales Indefinidamente como medida disciplinaria, la cual es contraria a derecho por exceder los límites previstos en el artículo 423, fracción X de la Ley Federal del Trabajo para la aplicación de sanciones. (.) Sanción que fue comunicada mediante oficio de fecha 10 de octubre de 2017, firmado por el presidente de la Comisión Nacional de Justicia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, por el Vocal de la CNJ del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y por el Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana" Previo diversos diferimientos en fue celebrada la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado en el Estado de Sonora, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de actos reclamados De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y para ello se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Así las cosas, tenemos que: Al secretario general, coordinador Noroeste I y secretario general sección 220, todos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, se les reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por escrito ante el Sindicato en seis de octubre de diecisiete. A la Comisión Nacional de Justicia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, su presidente y vocal, así como al secretario de organización del referido Sindicato, se reclama la determinación de suspensión de los derechos sindicales del quejoso comunicada mediante oficio de diez de octubre de dos mil diecisiete. Tercero. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados ya que así se advierte de los informes justificados. Además, su certeza se corrobora con las constancias que fueron adjuntadas a los mismos, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, dado que se tratan de documentos públicos. Cuarto. Causa de improcedencia De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente. En este contexto, se advierte que el presente juicio es improcedente pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el primer párrafo del diverso 1º y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no son actos de autoridad. Para corroborar la anterior conclusión, debe identificarse, como premisa de partida el concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con los preceptos legales citados, cuyo contenido literal en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dispone que es improcedente el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de dicha legislación, por lo que si su artículo 5°, en su fracción II señala expresamente qué entes tienen el carácter de autoridades responsables, interpretado en sentido contrario, se puede deducir qué entes no tienen ese carácter. En efecto, dicha porción normativa dispone dos supuestos para determinar quien funge como autoridad responsable dentro del juicio de amparo: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y b) Los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, respecto al primer supuesto debe señalarse que las autoridades señaladas como responsables por el quejoso, todas pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo, dispone que éste es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, por lo que, al ser una congregación de personas físicas, no tiene el atributo de imperio necesario en la vida jurídica para ser considerada como una autoridad. Así, aun cuando la Comisión Nacional de Justicia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, puede tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no es autoridad para efectos del amparo porque no actúa por mandato de una norma general, sino que procede según las facultades que le conceden los estatutos de esa organización. Ahora, si bien de conformidad con el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la legislación en comento, señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos ellos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, mediante un proceso o acto de legislación. Así, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales y si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de las entidades sindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis XVI.1o.T.34 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, décima época, materia: Común, registro 2012204, página 2524, de la voz y contenido: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." Así, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 1348/2017, promovido por Julio César Pacheco Mendoza, contra actos del secretario general, coordinador Noroeste I y secretario general sección 220, todos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, consistentes en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por escrito en seis de octubre de diecisiete; así como de la Comisión Nacional de Justicia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, su presidente y vocal, y del secretario de organización del referido Sindicato, consistente en la determinación de suspensión de los derechos sindicales del quejoso comunicada mediante oficio de diez de octubre de dos mil diecisiete, por los motivos expresados en el considerando Cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Víctor Manuel Puebla Gutiérrez, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Único. Se niega a Julio Cesar Pacheco Mendoza, la suspensión definitiva, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Comisión Nacional de Justicia, Presidente de la Comisión Nacional de Justicia, Vocal de la Comisión Nacional de Justicia y Secretario de la Organización, todos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con sede en Ciudad de México, consistente en la suspensión de los derechos sindicales, por los motivos expuestos en el considerando tercero.
- Principal
"...SE DA VISTA CON INFORME JUSTIFICADO..."
- Principal
"Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que las autoridades responsables foráneas Comisión Nacional de Justicia, Presidente de la Comisión Nacional de Justicia, Vocal de la Comisión Nacional de Justicia y Secretario de la Organización, todos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, rindan su informe justificado. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para su celebración. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de cuenta, presentado a nombre de Julio Cesar Pacheco Mendoza, en su carácter de quejoso, agréguese a los autos y, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno..."
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