Julio César Ortíz Vázquez

Expediente 1082/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1082/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Julio César Ortíz Vázquez
  • Julio César Ortíz Vázquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, transcurrió para la parte quejosa, la parte tercero interesada y para la Agente del Ministerio Público adscrita, del tres al diecisiete de febrero de dos mil veintidós, toda vez que fueron notificadas por lista el uno de febrero del año en cita; sin contar el siete de febrero del año en curso, así como los sábados y domingos transcurridos en dicho plazo al ser inhábiles de conformidad con los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, toda vez que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  2. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que en esta misma fecha se ordenó el archivo del cuaderno principal de donde deriva esta incidencia; en consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un incidente de suspensión en el que por una parte se concedió la suspensión provisional solicitada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, como lo indica el diverso numeral 35, del Acuerdo General citado, hágase constar en la carátula del presente expediente la leyenda depurable. Asimismo, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1082/2021, promovido por Julio Cesar Ortiz Vázquez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otras autoridades. En términos de lo dispuesto por los artículos 125,128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. Se le hace saber a las autoridades responsables que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada ante la contingencia de salud pública derivada del virus Covid-19, y con base en lo dispuesto por los acuerdos generales citados, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; los informes previos y demás oficios dirigidos a este juzgado deberán ser remitidos por vía electrónica, al correo oficial de este órgano judicial, 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx y por el mismo medio se le acusara de recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si se recepciona con posterioridad-. Asimismo, hágaseles del conocimiento que deberán rendir dichos informes en original con copia y en oficio diverso al en que rindan su informe justificado, toda vez que el presente incidente de suspensión se tramita por cuerda separada al principal del cual emana, apercibidas que de no rendir su informe previo, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medidas y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, con sesenta y dos centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitándose a las autoridades responsables que al momento de rendir su informe previo, remita las constancias que estimen necesarias, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 143, de la Ley de la Materia. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y su ejecución, que refiere el quejoso, es de aquellos restrictivos de la libertad personal; en tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Julio Cesar Ortiz Vázquez, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, para efecto que quede a disposición de este órgano de control constitucional sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlos, para la continuación del procedimiento. El beneficio de suspensión otorgada al quejoso debe atender a lo que dispone el artículo 166 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, esto es: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, la medida suspensional sólo producirá el efecto de que, en caso de ejecutarse la orden de aprehensión reclamada, el impetrante de protección quede a disposición del órgano de amparo en lo que se refiera a su libertad, en el lugar de su reclusión, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; o bien, Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión se verificará para que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el juzgado de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. En caso de existir orden de presentación, contra la parte quejosa, su cumplimentación no es indispensable para la continuación de la indagatoria, correspondiente. De conformidad con el artículo 162 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional establece la obligación al quejoso de presentarse ante la autoridad que acepte los actos reclamados y ante esta autoridad, cuantas veces le sea exigido. Sin menoscabo del beneficio que en favor de los gobernados prevé' la fracción II, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrán ser obligados a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante las autoridades responsables, al desahogo de dicha diligencia; siempre y cuando no se haya ejecutado el acto impugnado. La presente medida suspensional, empezará a surtir sus efectos a partir de este momento, y hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. De conformidad con los artículos 136 y 168, de la Ley de Amparo, la suspensión que se concede surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtir si el impetrante de garantías no otorga dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente proveído, garantía por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que se fija de manera discrecional de acuerdo a las atribuciones con que goza el juzgador de amparo. Cantidad anterior que el hoy quejoso deberá exhibir a disposición de este Juzgado, en billete de depósito expedido por Banco del Bienestar, Institución de Banca de Desarrollo, o en cualesquiera de las demás formas establecidas por la ley, en caso de ser póliza de fianza deberá de ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 48, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado; asimismo, de conformidad con el artículo 120, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 95, de ese ordenamiento, a fin de garantizar la entrega del quejoso a la autoridad responsable en caso que no obtenga resolución favorable en el amparo y que no se entorpezca la continuación del procedimiento del que emana el acto reclamado durante el tiempo que el agraviado se encuentre gozando de esta medida cautelar, sin perjuicio que el procedimiento penal continúe por todos sus trámites. En caso de exhibir la garantía señalada mediante póliza expedida por compañía afianzadora, el documento en que conste, deberá precisar el nombre y domicilio de la persona autorizada para que sea requerida de pago en esta ciudad y/o agente autorizado, así como domicilio para oír y recibir notificaciones; al igual que la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. Los efectos de la suspensión aquí decretada no se surtirán en caso que el quejoso sea sorprendido en la comisión de flagrante delito; que provenga de autoridades distintas de las señaladas como responsables; o bien, que el acto reclamado sea posterior a la fecha en que presentó la demanda de amparo; esto es, que los actos reclamados hubiese sido emitido con posterioridad a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Solicítese a las autoridades responsables ordenadoras, informe si el quejoso compareció a continuar con la secuela de su procedimiento y, en su caso, remita copia certificada que lo acredite. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3º, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, expídase de manera gratuita las copias certificadas que solicita, autorizando para recibirlas a las personas indicadas, previa toma de razón y de recibo que deje en autos. Asimismo, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes, que las pruebas y alegatos pueden presentarse por escrito, por medio del Portal de Servicios en Línea, o bien, con uso de Firel.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Julio Cesar Ortiz Vázquez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otras autoridades; respecto de los actos reclamados consistentes en: Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1082/2021-II, en el libro de Gobierno respectivo. Por duplicado y cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, el que podrán rendir al correo electrónico 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, mismo que deberán rendir dentro del término de quince días, al en que reciban el oficio en el que se les solicita; al que deberán acompañar los originales, o en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe o por medios digitales; apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, con sesenta y dos centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se le hace saber a las autoridades responsables que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada ante la contingencia de salud pública derivada del virus Covid-19 y con base en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 mencionado, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; los informes justificados y los demás oficios por los cuales proporcionen la información requerida, deberán ser remitidos por vía electrónica, al correo oficial de este órgano judicial, 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se le acusara de recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a catorce horas, o al día siguiente si se recepciona con posterioridad-. De igual manera, solicítese a las autoridades responsables ordenadoras, que de aceptar el acto reclamado, informen a este Órgano de Control Constitucional el nombre de los ofendidos, víctimas o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, así como el domicilio actual y correcto de éstos, a efecto de estar en posibilidad de emplazarlos al presente juicio en su carácter de terceros interesados, ya que se encuentran legitimados para intervenir en el juicio de amparo con ese carácter, en términos del ordinal 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Con apoyo en el dispositivo 75, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, solicítese a la autoridad responsable para que en caso que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo contra el acto que reclama en esta vía constitucional, anexe copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, con sesenta y dos centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda de amparo y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Rigoberto Niños Solís y Roberto Ordoñez Torres, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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