Julio César Ortíz Valdez
Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Julio César Ortíz Valdez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- FIRME DESECHAMIENTO SE DECRETA ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada electrónicamente por ***, por propio derecho, contra actos de la Jueza Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 395/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Jueza Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Morelos. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integro de la demanda se advierte que los actos que en esta instancia constitucional se reclaman son los siguientes: Agresiones verbales, menosprecio y humillaciones por parte de la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Morelos. Expulsión del recinto judicial por parte de la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Morelos. Orden de no volver a dejarlo ingresar al edificio judicial. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro se lee: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Una vez sentado lo anterior, primeramente respecto de los actos reclamados establecidos en los incisos a) y b), este órgano jurisdiccional estima que la presente instancia es improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Ello en virtud, de que los actos consistentes en agresiones verbales, menosprecio y humillaciones así como la expulsión del recinto judicial por parte de la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Morelos, son actos consumados de modo irreparable. En ese sentido, en primer término, el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (...)". Del reproducido precepto, atendiendo a su estricta literalidad, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de derechos. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 683, Tomo CXVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. Lo son aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior. Por tanto, una sentencia no puede ser considerada de tal forma, por ser un acto susceptible de ser reparado a través del juicio constitucional." Así como, a contrario sensu, el criterio aislado sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933, Tomo LXXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que sobre el particular establece: "ACTOS CONSUMADOS. No tienen el carácter de actos consumados, de modo irreparable los que pueden dejarse sin efecto mediante juicio constitucional, cuya finalidad es volver las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de garantías individuales." Lo anterior es así, pues, de la lectura a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso el diez de enero de dos mil veintitrés, se presentó ante la responsable, la cual mediante agresiones verbales, menosprecio y humillaciones, expulso del recinto judicial al quejoso. En esa tesitura, tal como se puntualizó, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, pues dicha actuación por parte de la responsable se ha consumado de manera irreparable, pues se ha concretado sin que la concesión del amparo pudiera extinguir tal actuación. Por lo que, como se ha dejado precisado en los párrafos que anteceden, para la actualización de la causal de improcedencia en comento, se requiere que el juicio de amparo se intente en contra de actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de inconstitucional; situación la anterior que se configura en el caso concreto y específico. Por consiguiente, si las agresiones verbales, menosprecio y humillaciones así como la expulsión del recinto judicial, se practicaron el diez de marzo de dos mil veintitrés y concluyeron el mismo día, deviene inconcuso que los indicados actos reclamados adquirieron la calidad de consumados de modo irreparable, en la medida de que se realizaron todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, por lo que, física y materialmente ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas y, por ende, se surte la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. En efecto, los actos aquí reclamados imposibilitan física y materialmente que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tienen tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, habida cuenta que ni siquiera un eventual otorgamiento de la protección constitucional podría restituir al peticionario en el goce de sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la página 423, Tomo XXVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". En consecuencia, con fundamento en los artículos 113, 61, fracciones XVI, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto a los actos consistentes en las agresiones verbales, menosprecio y humillaciones así como la expulsión del recinto judicial. Por otro lado, con relación al diverso acto reclamado consistente en: Orden de no volver a dejarlo ingresar al edificio judicial. Este juzgador estima, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que se estima que tal acto no causa un perjuicio directo e inmediato en la esfera jurídica del impetrante de garantías, puesto que para que un acto de autoridad pueda ser reclamado mediante el juicio de amparo, debe producirse una afectación real y actual a su esfera jurídica y, sólo es hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de iniciar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada mediante la instauración del juicio de garantías, pero de ninguna forma, como acontece en la especie, el juicio de amparo es procedente antes de que se presente dicha afectación. Por tanto, resulta inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda no ha surgido el derecho al ejercicio constitucional del amparo, puesto que como quedó establecido, se requiere de la certeza y afectación actual del acto en la esfera jurídica de los gobernados, lo que en la técnica del juicio de amparo se conoce como el principio de agravio personal y directo, que encuentra su fundamento en la parte inicial del precepto 6 de la Ley de Amparo, que como se evidencia en el caso, no se actualiza al no observarse ni acreditarse la orden de no volver a dejarlo ingresar al edificio judicial, por tanto no se advierte el menoscabo de manera real y actual derecho de los peticionarios; por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, en sentido contrario. Lo anterior es así, ya que en la Ley de Amparo, en sus artículos 6 y 61, fracción XII, se obtiene de una interpretación armónica y sistemática, que para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto indispensable, que los peticionarios de amparo acrediten el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, actual y real para que se encuentre debidamente facultado para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. De ahí que, el quejoso manifiesta como acto reclamado la orden de no volver a dejarlo ingresar al edificio judicial. Sin embargo, en el caso, se estima que dicha manifestación por si sola, no convierte en eminente dicha prohibición. En efecto, se considera insuficiente dicha declaración o aclaración por parte del quejoso, para estimar que es inminente que no se le permitirá la entrada al recinto judicial; dado que no hay un dato cierto de ello, más allá de su simple manifestación. De ahí que, se estime que no se acredita de manera ineludible la existencia de un acto que provoque una afectación real ni actual a la esfera jurídica del quejoso, quien ubica la negativa de acceso al recinto judicial, como una consecuencia de la discusión que tuvo con la aquí responsable. Razón por la que, el acto que se combate en esta vía constitucional resulta ser futuro de realización incierta, toda vez que no existe la certeza de que sea inminente que no se le permitirá el ingreso al recinto judicial de ahí que se actualice la causal de improcedencia indicada, al no existir agravio personal y directo que se estime generado a la fecha de presentación de la demanda. En dicho sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia que señala que el agravio necesario para justificar la acción de amparo, debe ser actual, como se corrobora con la siguiente trascripción del referido criterio jurisprudencial con registro 232192, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199- 204, primera parte, página 135, que a la letra dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL." De lo anterior, es válido reiterar que, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. En efecto, los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracciones XII, XVI y XXIII, esta última en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notificación vía electrónica. Con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario "***", conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Autorizados amplios. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizado con facultades amplias únicamente a ***, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a la diversa persona que menciona, en razón de que no acredita tener registrada su cédula profesional en el sistema de referencia, por lo que se le autoriza en términos restringidos, es decir, para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "A- DESECHAMIENTO DE DEMANDA ACTOS CONSUMADOS Y FUTUROS E INCIERTOS- AUTORIZADOS- NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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