Julio Cesar Ortiz Ramirez

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Julio Cesar Ortiz Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a catorce de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de trece de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No se aperturó. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Se apersona autoridad tercero interesada. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Poder ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad, visto su contenido, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad tercero interesada, por apersonada al presente juicio constitucional. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo protector. Actuaciones a realizar. En consecuencia, lo procedente es que, las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen lo siguiente: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa Leonardo Vaca Rodríguez. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión de retiro por edad y años de servicio presentada por la promovente del amparo el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la cual deberá ser emitida por escrito y:  En breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rigen el citado Instituto.  Ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión de retiro por edad y años de servicio formulada por la parte quejosa. 3. Notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal. Requerimiento. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables Director General, Director de Pensiones y Jubilaciones, Jefe del Departamento de Gestiones de Pensiones y Jubilaciones y Junta Directiva, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se les notifique el presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa; y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, con sede en esta ciudad, sin que en el caso sea necesario dar vista con el informe en cuestión por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Notifíquese personalmente.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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