Julio Cesar Oliva Rangel

Expediente 646/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
646/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Oliva Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, sin que lo anterior haya acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el catorce de marzo de dos mil veintidós, misma que causó ejecutoria el diez de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Julio César Oliva Rangel, contra los actos que reclamó de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, para lo siguiente: "Séptimo. Efectos de la concesión. Con fundamento en lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, emita una determinación en la que, de manera fundada y motivada, estudie la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento administrativo E-152/CSPC/2017, únicamente por lo que hace al quejoso Julio César Oliva Rangel, analizando si de conformidad con los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, aplicables en el caso, prescribió o no su facultad para dictar resolución definitiva en dicho expediente. 2. Hecho lo anterior, notifique personalmente al quejoso la determinación que pronuncie al respecto." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la autoridad responsable, mediante oficio registrado con el folio 8049, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el expediente E-152/CSPC/2017, de su índice, en la que, con libertad de jurisdicción, decretó que es procedente la prescripción de las facultades de la Comisión der Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario a favor del aquí quejoso Julio César Oliva Rangel, y ordenó su notificación personal, lo que así aconteció el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por conducto de su autorizada. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que la autoridad responsable: 1. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, emitió una resolución en el expediente E-152/CSPC/2017, de su índice, en la que, con libertad de jurisdicción, decretó que es procedente la prescripción de las facultades de la Comisión der Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario a favor del aquí quejoso Julio César Oliva Rangel, y 2. Ordenó la notificación personal del quejoso, lo que así aconteció el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por conducto de su autorizada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, devuélvase el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual exhibe los acuses de los oficios por los cuales informó al Síndico Procurados, al Director General de Policía y Tránsito, al Coordinador de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Oficial Mayor, todos del Ayuntamiento de Tijuana, de la resolución que dictó el diecinueve de mayo de dos mil veintidós; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de dar vista a la parte quejosa con ello, toda vez que los efectos del fallo protector no se concedieron para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintidós. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la autoridad responsable, a través del cual solicita una prórroga de treinta días, al plazo concedido en autos para dar cumplimiento al fallo protector, por los motivos que informa en el oficio de cuenta. En atención ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga el término improrrogable de diez días legalmente computado, para que informe el cumplimiento al fallo protector en los términos precisados. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Una vez transcurrido el plazo concedido, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que haya lugar. Autoridad informa. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual informa que no es el superior jerárquico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, y que ésta no cuenta con un superior jerárquico, toda vez que es un órgano colegiado de carácter honorífico, encargado de conocer, resolver e imponer sanciones; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que se otorgó el amparo y protección a Julio César Oliva Rangel, sin que lo hubieran hecho. Ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Requerir cumplimiento. Ahora, en la sentencia ejecutoriada se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Efectos de la sentencia. Ahora, en la sentencia ejecutoriada se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "Séptimo. Efectos de la concesión. Con fundamento en lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, emita una determinación en la que, de manera fundada y motivada, estudie la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento administrativo E-152/CSPC/2017, únicamente por lo que hace al quejoso Julio César Oliva Rangel, analizando si de conformidad con los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, aplicables en el caso, prescribió o no su facultad para dictar resolución definitiva en dicho expediente. Hecho lo anterior, notifique personalmente al quejoso la determinación que pronuncie al respecto." Requerimiento a la autoridad responsable. Sin que obste lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Requerimiento al superior jerárquico de la responsable. De igual forma, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, en su calidad de superior jerárquico de la responsable, para que en igual término remita las constancias con las que acredita el requerimiento a su inferior del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a la autoridad responsable, éstas deberán, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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