Julio César Ochoa Higarda
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Ochoa Higarda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 8040. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de junio de dos mil veintitrés.********************ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual se le tiene acusando recibo de la misiva 9845/2023, relativa al proveído de catorce de junio pasado, con el que se notificó el auto de esa misma data y le fueron devueltas las constancias que anexó como complemento a su informe justificado, de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes.********************Finalmente, como está ordenado en autos, devuélvase el sumario en que se actúa al archivo definitivo, para su depósito y custodia.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En catorce de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, transcurrió del treinta y uno de mayo al trece de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada mediante lista de acuerdos el veintinueve de mayo del año en curso, sin que lo hubiere hecho.********************Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de junio de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnada por las partes en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1 VALORACIÓN. En términos del artículo 17, fracción Ill, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN.********************Por consiguiente, de conformidad con el artículo 17, una vez transcurrido el término de tres años, deberá transferirse el presente asunto a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo.********************3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.********************4. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase el toca original número ********************, que anexó como complemento a su informe justificado el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En seis de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio, el cual quedó registrado bajo el folio 7154, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintitrés.********************AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, acusando recibo del oficio 8686/2023, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto, de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós, -fojas 13 a 25-, ante el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, como amparo directo-, Mario Ibarra Hernández, en su carácter de apoderado jurídico de Julio César Ochoa Higareda solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA H. SEXTA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: La sentencia de segunda instancia de fecha 09 nueve de noviembre del 2022, dos mil veintidós, que recayó al toca número I-321/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en cuanto a apoderado de la parte demandada, hoy quejoso, en contra de la Diligencia de lanzamiento y entrega de inmueble, dictada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, de fecha 31 treinta y uno de agosto del 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio Ordinario Civil que sobre REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE, seguido por los CC. ESPERANZA VIVAS ARCEO, CLAUDIA IRENE OCHOA VIVAS, MIGUEL ANGEL OCHOA VIVAS, MELECIO OCHOA VIVAS, ENRIQUE OCHOA VIVAS, JORGE LUIS OCHOA VIVAS, BERENICE OCHOA ZAPIÉN, LEOPOLDO OCHOA CABRERA, en contra de JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA." La promovente del amparo expuso que se violaron las garantías establecidas por los numerales 14, 16, 17, 103, fracción III y 107, fracción III, inciso a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por escrito de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, tuvo por recibida la demanda de amparo, ordenó formar cuadernillo, corrió traslado y emplazó a los terceros interesados; por oficio 71, de dieciséis de enero del dos mil veintitrés, remitió el original y copias de la demanda de amparo directo, constancias del emplazamiento e informe justificado al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, turnado el dieciocho de enero siguiente al Primer Tribunal Colegiado de dicha especialidad. En proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, tuvo por recibida la demanda de amparo directo y en proveído de la misma fecha declaró carecer de competencia legal para conocer de la misma, al tratarse de una resolución que confirma la diligencia de lanzamiento y entrega de inmueble, acto que no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, por lo que ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede esta ciudad de Uruapan. El treinta de enero de dos mil veintitrés, se recibió la demanda en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnada en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, quien mediante proveído de treinta y uno de enero siguiente, se avocó al conocimiento del asunto, registró la demanda con el número de expediente 52/2023; la admitió a trámite; dio vista a las partes con el informe justificado, ordenó la notificación a la parte quejosa y el emplazamiento a los terceros interesados, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las trece horas con dos minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés ?foja 130?, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que únicamente los terceros interesados los formularon, con lo que cerró dicho periodo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama una resolución judicial con ejecución en el municipio de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, comprendido dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito de ampliación y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la quejosa reclama: Del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán. La resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca I-321/2022, relativo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra de la diligencia de lanzamiento y entrega de inmueble, verificada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el juicio Ordinario Civil 400/2019, que sobre Reivindicación de Inmueble, promovieron en su contra ESPERANZA VIVAS ARCEO, y otras personas, en la que se confirmó la diligencia. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado de la Sexta Sala Civil del supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado admitió la certeza de acto que se le reclama ?fojas 10 a 11?. Lo anterior, se corrobora con las constancias del toca de apelación 321/2022 , del índice de la Sexta Sala Civil del supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, donde obra la resolución reclamada, documental que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. En el caso, ninguna de las partes hizo valer causal de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni se advierte de oficio la actualización de alguna que amerite su estudio por este órgano jurisdiccional, por lo tanto, se procede a estudiar el fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 , con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar los disensos, es necesario hacer alusión a las constancias más relevantes del procedimiento de origen. 1. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, ESPERANZA VIVAS ARCEO, CLAUDIA IRENE OCHOA VIVAS, MIGUEL ANGEL OCHOA VIVAS, MELECIO OCHOA VIVAS, ENRIQUE OCHOA VIVAS, JORGE LUIS OCHOA VIVAS, BERENICE OCHOA ZAPIÉN, LEOPOLDO OCHOA CABRERA , demandaron ante el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, en la vía ordinaria civil, la acción reivindicatoria a JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA, a quien se ordenó su emplazamiento (fojas 1 a la 18 del tomo de pruebas). 2. El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demandada, entendiéndose con JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, quien se identificó con credencial para votar con fotografía folio 1750030369917 (foja 107 del tomo de pruebas). 3. El dos de octubre de dos mil diecinueve JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, dio contestación a la demanda instaurada contra JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA, oponiendo la reconvención de prescripción positiva adquisitiva a los actores (fojas 108 a 123 del tomo de pruebas). 4. El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo dando contestación a la demanda a JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA (fojas 128 a 130 del tomo de pruebas). 5. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA por conducto de su mandatario jurídico Mario Ibarra Hernández, ofreció pruebas de su parte escrito en el que exhibió poder general para pleitos cobranzas (fojas 131 a 134 del tomo de pruebas). 6. El ocho de septiembre de dos mil veinte, se le reconoció el carácter a Mario Ibarra Hernández, como apoderado jurídico de la parte demandada JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA (fojas 138 del tomo de pruebas). 7. Seguido el juicio por sus trámites legales, el once de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se decretó improcedente la acción de reconvención promovida por JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA frente a los actores y procedente la acción reivindicatoria ejercitada por ESPERANZA VIVAS ARCEO, CLAUDIA IRENE OCHOA VIVAS, MIGUEL ANGEL OCHOA VIVAS, MELECIO OCHOA VIVAS, ENRIQUE OCHOA VIVAS, JORGE LUIS OCHOA VIVAS, BERENICE OCHOA ZAPIÉN y LEOPOLDO OCHOA CABRERA, frente a JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA (fojas 36 a 48 del tomo de pruebas). 8. En auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos de segunda instancia, del que se aprecia que la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la sentencia de primer grado (fojas 50 del tomo de pruebas). 9. El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento y entrega del bien inmueble, en el domicilio ubicado en Privada de Matamoros, sin número, del fraccionamiento popular Dámaso Cárdenas, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, entendiéndose en la persona de JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA quien se identificó con credencial para votar con fotografía, con clave de elector OCHGJL66052416H300 agregándose copia de su credencial al acta judicial (fojas 54 a 57 del tomo de pruebas). 10. Contra dicha diligencia, Mario Ibarra Hernández, apoderado jurídico del demandado JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA interpuso recurso de apelación, turnado al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien confirmó la diligencia de lanzamiento y entrega del inmueble (fojas 78 a 91 y 147 a 153 del tomo de pruebas). SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en el resto. La quejosa, en el único concepto de violación sostiene que, se transgreden en su perjuicio los principios de congruencia y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14, 16, 17, 103 fracción IV, y 107 fracción III, inciso a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 573, 574, 575 y 579 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo siguiente: Que al Ad quem, no le asiste la razón al señalar que no existen bases jurídicas para concluir que la persona con la que se verificó la diligencia de lanzamiento y aquella frente a la que se siguió el proceso de origen son distintas, que no es suficiente la diferencia de nombres, es decir que en el momento de la ejecución el reo respondiera al nombre de JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA y en la sentencia a JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA, porque en ambas actuaciones se utilizaron indistintamente los dos patronímicos para señalar al demandado, lo que sucedió también en la secuela procesal. Lo anterior, pues sostiene que en el juicio, la diversidad de nombres no formó parte de la controversia, ni fue materia del mismo; que miente el Ad quem al aseverar que se utilizaban indistintamente dichos nombres, porque no se manejó como nombre del demandado JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA y/o JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, y en la sentencia no se condenó a JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA y/o JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, sino únicamente a JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA. Que la actora demandó a JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA, por quien se admitió, prosiguió el juicio y se condenó en sentencia; que el emplazamiento a juicio verificado en su domicilio, la contestación de la demanda con lo que se sometió al juicio y opuso excepciones y defensas, es independiente pues aclaró que su nombre es JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, lo que evidenció el error del Juez y que a pesar de ello, en los subsecuentes acuerdos se asentó todavía como nombre del demandado JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA. Tales errores afirma, no se le pueden adjudicar, que estimar que consintió los errores, es subsanarlos y convalidarlos; al propio tiempo que le impone la carga, cuando la obligación de aclarar o corregir el error para que la sentencia fuera conforme a derecho correspondía a la actora, y al A quo verificar la personalidad; que el haber comparecido a defenderse no convalida los errores. Que la Sala, no puede establecer que el nombre del demandado se manejó de manera indistinta, porque en la dilación del juicio nunca se manejó que JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA y/o JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, fueran una y la misma persona; que sostener "que aunque el actor demandó a Julio César Higareda Ochoa, y que la demanda la contestó JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, "se puede inferir bajo una sana y lógica razonabilidad que implica una presunción que se trata de la misma persona", es violatorio de derechos, pues pretende establecer erróneamente que los nombres pertenecen a una y la misma persona y que se utilizaron de manera indistinta, lo que es falso y debe tenerse como error y no estarse ante una diversidad de nombres. Que al no interpretarlo así, inobservó el debido proceso, olvidando que la falta de congruencia en la sentencia de primer grado, alcanza la de segundo, fijó criterios no ventilados y situaciones ajenas al juicio, convalidando los errores de fondo y forma cometido por el A quo en la sentencia y diligencia de ejecución, en un caso donde no aplica la suplencia de la queja, extralimitándose en sus funciones, al ser únicamente órgano revisor, sin facultades para introducir o modificar cuestiones que no formaron parte de la controversia. En apoyo de su argumento citó la tesis de rubro PERSONALIDAD. EL EXAMEN DE ÉSTA POR EL JUEZ RESPONSABLE, ES DISTINTO AL QUE INCUMBE AL JUZGADOR DE AMPARO . Siguiendo con la misma línea de argumentación, afirma que la sentencia ejecutoriada es inamovible, lo que impide que se ejecute en la persona de JULIO CÉSAR OCHOA HIGAREDA, pues al ser la sentencia fuente de derechos reales y personales, debe entenderse con las personas y cosas reclamadas en el juicio; en el caso, con el condenado JULIO CÉSAR HIGAREDA OCHOA, único obligado a entregar el bien; y no suponer que por los errores en el nombre del demandado puede sustituirse en una persona diversa a aquél. Como se anticipó, dichos argumentos, analizados en su conjunto por su íntima vinculación son infundados. Contrariamente a lo expuesto por el quejoso, la resolución reclamada no vulnera los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica, así como los principios de congruencia y de debido proceso, pues como legalmente lo resolvió la sala responsable no existen bases jurídicas para concluir que la persona con la que se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento impugnada y aquélla frente a la que se siguió el proceso de origen, concluido con sentencia definitiva de once de noviembre de dos mil veinte sea diferente o distinta, pues la persona que compareció a dar contestación a la demanda ordinaria civil sobre acción reivindicatoria, es la misma con la que se llevó a cabo la ejecución de la sentencia, -Julio César Ochoa Higareda-. Es así, pues basta ver que en ambas diligencias, dicha persona, se identificó con la misma credencial de elector número OCHGJL66052416H300, la cual también sirvió de identificación ante el Notario en el momento de otorgar el mandato al apoderado jurídico, en la cual también se lee la clave número OCHGJL66052416H300, hechos que incluso admite el quejoso, pues sostiene que dio contestación a la demanda, porque personal del juzgado acudió a su domicilio a hacerle del conocimiento del asunto, asimismo que acudió a dar contestación; por lo que asiste razón a la sala al sostener que el ahora quejoso consintió el carácter de reo y ser el legitimado para responder de la acción promovida por la actora. Lo anterior, queda mayormente evidenciado de las constancias que integran el toca de apelación, de la que se aprecia que durante la secuela procesal en el proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a Julio César Ochoa Higareda, dando contestación a la demanda e interponiendo reconvención en contra de sus demandantes; situación que también aconteció en la sentencia en la parte considerativa fojas 20 y 21, en la que se denominó al reo como Julio César Ochoa Higareda. Por otra parte, no tiene razón el quejoso en los argumentos consistentes en que el hecho de que haya contestado la demanda y opuesto excepciones es una cuestión independiente; que se le está imponiendo una carga que sólo corresponde al actor aclarar y al juez de primer grado verificar la personalidad, que el Magistrado fijó criterios no ventilados y situaciones ajenas al juicio y que corrigió o convalidó errores de la sentencia. Es así, pues los razonamientos vertidos por la sala no modifican, ni aclaran la sentencia, ni tampoco le impone cargas distintas a las establecidas en aquélla, para sostener que debieron cumplirse las formalidades del debido proceso; además, el hecho de que haya comparecido al juicio a contestar la demanda, no es una cuestión independiente o autónoma en el juicio, como lo pretende evidenciar el quejoso, sino una cuestión relevante porque determina a quién le corresponde cumplir la sentencia. En el caso, quedó demostrado que a través de la contestación de demanda el ahora quejoso, quien efectivamente fue representado legalmente por el mismo apoderado que ahora acciona el juicio de amparo, como lo apunta la sala, se sometió al juicio, y por tanto, a las resultas del mismo; admitió estar en posesión del bien materia de la litis, confesión que fue valorada y tomada en consideración en la sentencia, de ahí que el hecho de que durante el proceso y en la sentencia, no se haya manejado indistintamente el nombre del demandado como Julio César Higareda Ochoa y/o Julio César Ochoa Higareda, no tenga relevancia jurídica, pues de acuerdo a los datos que tomó en consideración el Magistrado responsable está claro que el quejoso es el sujeto obligado a cumplir la sentencia, como legalmente lo resolvió la sala; sin que lo anterior implique corregir o subsanar errores de forma o de fondo, pues la identidad del reo no deriva del pronunciamiento hecho en la resolución reclamada, sino de lo resuelto en sentencia, en la que se determinó que no hay duda de que Julio César Ochoa Higareda, tiene la posesión del bien materia de la litis, de ahí que el razonamiento del Magistrado de que se puede inferir bajo una sana lógica razonabilidad que implica una presunción de que se trata de la misma persona, no es falso ni ilegal como lo alega, contrario a ello, encuentra sustento jurídico en los antecedentes relatados. Cabe además puntualizar, que no es la determinación reclamada la que restringe sus derechos, sino la sentencia, resultado de un procedimiento donde fue oído y vencido, en el que tuvo oportunidad de hacer valer los recursos correspondientes, por lo que ahora no puede alegarse violación al debido proceso. De igual forma, tampoco significa que se haya suplido la deficiencia de la queja, pues la conclusión a la que arribó el Magistrado no es más que el resultado de los argumentos que planteó vía agravios en la segunda instancia. Por otra parte, cierto es que la sentencia ejecutoriada es inamovible; sin embargo, ello no limita la facultad del magistrado responsable para hacer una interpretación de la misma y lograr su cumplimiento, pues la efectividad de las sentencias depende de su ejecución; y, admitir la literalidad del nombre del condenado Julio César Higareda Ochoa, como lo pretende el quejoso haría nugatoria la sentencia, para lo cual, el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantizar su efectividad, derecho que no puede hacerse nugatorio por un error en la cita del nombre del demandado, el cual, no puede ser aprovechado por el reo para evadir la ejecución de la sentencia. Se afirma lo anterior, pues el derecho a la ejecución plena de las sentencias constituye también un derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva para quien obtuvo sentencia favorable, previsto en los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cual tiene como finalidad evitar que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho que se había reconocido, lo que se garantiza a través de los recursos establecidos por la ley para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad; de manera que los errores judiciales o incongruencias que pudieron haberse cometido en la sentencia, deben ceder frente al derecho de la parte actora para ejecutar la sentencia, como legalmente lo ponderó la Sala responsable, quien en apoyo de su argumento citó la tesis de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O LAUDOS, DEBE PREVALECER AUN CUANDO SE ALEGUE COSA JUZGADA, DERIVADA DE UN ERROR JUDICIAL INSOSTENIBLE POR CONTRAVENIR LOS HECHOS DEL CASO. La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) y 2a. XXI/2019 (10a.), han definido el derecho a la ejecución plena de las sentencias como parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo de que su instrumentalidad se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho que se había reconocido, lo que requiere, además, que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. Así, dada la relevancia del derecho aludido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintos precedentes considerados en la primera de las tesis referidas, se ha pronunciado en el sentido de que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" y que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución". Por su parte, un segmento de la doctrina ha reconocido como elementos distintivos del error judicial, los siguientes: a. Que surja de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias; b. Los sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, c. Los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Por tanto, cuando en la etapa de ejecución de sentencias o laudos, pretende desconocerse un derecho previamente reconocido al justiciable, con apoyo en la figura de la cosa juzgada, derivada de un error judicial insostenible por contravenir los hechos del caso, debe ceder dicha figura o formalismo, a efecto de lograr la ejecución o materialización de la prerrogativa fundamental cuyo reconocimiento se obtuvo". Tesis, en la que a partir de los criterios de la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) y 2a. XXI/2019 (10a.), se definió el derecho a la ejecución plena de las sentencias como parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, se sostuvo que no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos y que dada la relevancia del derecho aludido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintos precedentes considerados en la primera de las tesis referidas, se ha pronunciado en el sentido de que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" y que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Se apuntó, que un segmento de la doctrina ha reconocido como elementos distintivos del error judicial, los siguientes: a. Que surja de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias; b. Los sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, c. Los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos; que cuando en la etapa de ejecución de sentencias o laudos, pretende desconocerse un derecho previamente reconocido al justiciable, con apoyo en la figura de la cosa juzgada, derivada de un error judicial insostenible por contravenir los hechos del caso, debe ceder dicha figura o formalismo, a efecto de lograr la ejecución o materialización de la prerrogativa fundamental cuyo reconocimiento se obtuvo. Criterio que se estima orientador al caso concreto, pues fija la situación que debe prevalecer en caso de ocurrir un error judicial insostenible por contravenir los hechos del caso, como ocurrió en la especie, el cual debe ceder frente al derecho humano de la parte actora quien obtuvo sentencia favorable. Por último, devienen inoperantes los argumentos expresados por el quejoso en el sentido siguiente: Que con motivo del requerimiento de entrega del bien inmueble a su persona, se evidenciaron las incongruencias cometidas por el a quo y de las que se evidenciaron violaciones a los artículos 573, 574, 575 y 579 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, rectores en la formulación de sentencia y los que imponen ocuparse de las personas o cosas materia de la litis. Que las violaciones hechas valer no se refieren a la acción o al derecho que la actora cree le asiste, sino que estriban en las incongruencias y errores de la actora y A quo, las que señala debieron corregirse y estudiar de oficio la personalidad del demandado y establecer los criterios necesarios para no caer en el error y dictar así una sentencia apegada a derecho. Lo anterior se califica de esa manera, puesto que, la litis del juicio de amparo, se ocupa únicamente a juzgar la constitucionalidad de la resolución de la Sala responsable que a su vez ponderó la legalidad del acto de ejecución de la sentencia y violaciones que pudieron haber ocurrido en el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 fracción IV , por lo que el análisis de los conceptos de violación, se restringe a dichos actos, lo que excluye cualquier posibilidad de analizar tanto violaciones a las normas rectoras de la formulación de sentencia, así como de aquellas ocurridas con anterioridad a la misma. Al caso, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala, publicada en el Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 424, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 166031, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Por la misma razón, es inaplicable el criterio que invocó la parte quejoso de rubro "PERSONALIDAD. EL EXAMEN DE ÉSTA POR EL JUEZ RESPONSABLE, ES DISTINTO AL QUE INCUMBE AL JUZGADOR DE AMPARO". Es así, pues además de que no constituye jurisprudencia que sea obligatorio para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, además de que la tesis refiere a la forma como debe examinarse la personalidad de las partes durante el proceso ordinario, así como al estudio que corresponde al Juez de Distrito en el juicio de amparo, cuestión que son ajenas a la litis del juicio de amparo que nos ocupa, la que se reitera, se constriñe a los actos de ejecución de sentencia, sin la posibilidad de hacer estudio que pueda modificar la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio natural. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Julio César Ochoa Higareda, contra el acto que reclamó de la Sexta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. OCTAVO. ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por los terceros interesados, porque el órgano jurisdiccional, no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio César Ochoa Higareda , contra el acto reclamado de la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, precisado en el considerando segundo, consistente en la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca I-321/2022 , por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente
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