Julio César Navarro Ponce

Expediente 1414/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1414/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Julio César Navarro Ponce
  • Erick Javier Cabrera
  • José Emilio Agramón Barceló

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el numeral 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 18, fracción I incisos a) y b), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del tres de septiembre de dos mil veinticinco.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, a través del cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones encaminadas a acatar en sus términos la ejecutoria dictada en autos, y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas a dichas gestiones

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido la sentencia terminada de engrosar el siete de julio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en el fallo protector pronunciado en este juicio se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos reclamados a los Magistrados de la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: ? Determine si, en el caso particular, el desahogo de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, relativas a la ratificación de los dictámenes periciales de que se habla en esta resolución, por lo que hace al relativo a cargo del perito Guadalupe Badillo Torres, se satisface la pretensión del oferente con la diligencia de ratificación que ya fue celebrada en fecha anterior -diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis-, con motivo que había sido ofrecida también por el agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado de origen. ? Asimismo, al haberse prolongado indefinidamente el desahogo de la diversa probanza de mérito, consistente en la prueba de ratificación del dictamen pericial en materia de ingeniería y arquitectura forense a cargo del perito Jorge Flores Montes de Oca, en principio, evalúe la pertinencia de repetir la prueba con diverso perito, o bien, amerita que se declare la imposibilidad jurídica y material para el desahogo de la misma, para lo cual deberá observar los siguientes lineamientos: a) Si la pericial puede ser repetida, por estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, al conservarse en el estado que tenía cuando se emitió, el Juez deberá proveer lo conducente para que las partes propongan peritos, a fin de que emitan una nueva opinión técnica y, en su caso, ratifiquen su contenido; b) Si la experticia no puede repetirse, porque el objeto o materia sobre el que recayó desapareció o se destruyó, pero existen otras pruebas vinculadas con el dictamen, donde se advierta la descripción de objetos o cualquier otra circunstancia apreciable por los sentidos, como fotografías o inspecciones judiciales o ministeriales, en las que se describan los elementos que pueden ser de utilidad para realizar diverso dictamen, el Juez deberá requerir a las partes para que propongan expertos que, con vista en los elementos de prueba existentes en autos, emitan su opinión; y, c) Si el estudio no puede ser repetido y no existen otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra pericial, entonces declarará la imposibilidad de su ratificación y dará intervención a otro perito para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, lo ratifique. ? Y, proceda en términos del artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, esto es, agote el periodo de instrucción y declare el cierre de la misma, en caso de que no existan pruebas pendientes de desahogo ofrecidas por la defensa de los aquí procesados. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar la sentencia definitiva y el aplazamiento de la prisión preventiva, en tanto que fueron reclamados en vía de consecuencia directa de la omisión de decretar el cierre de instrucción en la causa penal de origen." Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirva dar a la ejecutoria de amparo de que se trata. Sin que haya lugar de requerir al superior jerárquico del juez responsable, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la referida ley, toda vez que los tribunales, así como los jueces de instancia y federales, carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía el criterio contenido en la tesis número P. LVIII/2009, sustentada por EL Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES.

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