Julio César Moreno Orendain
Expediente 981/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Julio César Moreno Orendain
Actuaciones
- Principal
: Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Por otro lado, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda, de conformidad con el numeral 21, inciso d) del citado acuerdo general conjunto, se determina que el presente expediente, es susceptible de ser destruido.
- Principal
::. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente. Ahora, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control adscrito a los juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, en cumplimiento al fallo protector realicen lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa *****, en contra *****, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9°, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y d) y fracción II, inciso e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de *****.; en entendido que subsiste la formulación de imputación y vinculación a proceso formulada por el Ministerio Público. b) En ese mismo acto, sin dar oportunidad a nuevo debate entre las partes, resuelva nuevamente sobre la solicitud de vinculación a proceso, sin variar la información incorporada por las partes; esto es, se pronuncie expresamente sobre los planteamientos expuestos por la defensa con relación a la licitud de los datos de prueba relativos a los testigos de identidad reservada ***** y ***** y al reconocimiento de evidencia como lo denominó la fiscalía de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, quedando en libertad de convalidarlos o no, pero respetando los requisitos constitucionales de todo acto de autoridad en los términos de esta sentencia. En el entendido que no se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 77, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, porque -hasta ahora- se tiene que el acto reclamado fue dictado por un delito respecto del cual procede prisión preventiva oficiosa, además que el amparo concedido no implica necesariamente la libertad del quejoso sino la reparación de vicios formales, de modo que se está en el caso de excepción contemplado en la parte final de ese párrafo, por lo que la presente resolución no surte efectos de inmediato. c) Remita a este juzgado de distrito fotocopia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector en los términos antes precisados. Con el apercibimiento para la referida autoridad que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad requerida que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Finalmente, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.
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