Julio Cesar Montoya Luevanos
Expediente 1441/2014 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 134 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 134
- Última actuación
- 02/02/2023
Partes del expediente
- Julio Cesar Montoya Luevanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 134.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, a través del cual ************** autorizado de la parte quejosa en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita copias. Con apoyo en el artículo 17 Constitucional en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias a costa de la parte de las constancias que integren el presente expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. Asimismo, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indíquese que a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar, en su equipo de cómputo, copia de las constancias que obren en el expediente electrónico y la cual se considerará como copias certificadas electrónicamente, ya que contará con la evidencia criptográfica. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, a través del cual ********************, quien se ostenta como autorizado de la parte quejosa, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de amparo, solicita copias certificadas por duplicado, de las constancias que ahí indica y designa autorizados para recibirlas. No ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a ********************, como autorizado de la parte quejosa con las limitaciones que refiere el artículo 12, segunda parte y segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir exclusivamente para oír notificaciones, aún las de carácter personal, e imponerse de autos. Notifíquese. L
- Principal
-Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de octubre en curso que dice. La parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó. Este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Finalmente, en acatamiento al artículo 18, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Al respecto debe precisarse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. Tomando en consideración que a la fecha de presentación de la demanda ya existe resolución de separación del quejoso en el desempeño de sus funciones como policía custodio adscrito a la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, hoy llamada Fiscalía General del Estado de Jalisco y ante la imposibilidad constitucional de que los elementos de seguridad sean restituidos en el desempeño de sus funciones, acorde a lo dispuesto en el artículo 123, aparatado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar los efectos de la presente sentencia, se tomará en cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de dos mil diecisiete, Tomo I, página quinientos cinco, de rubro y texto siguientes: (.) Por tanto, la responsable Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, hoy llamada Fiscalía General del Estado de Jalisco, deberá: a) Pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo, en términos de lo ordenado en jurisprudencia citada, tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio además de que dicha indemnización y prestaciones deberán computarse desde que se concretó su cese y hasta que se realice el pago correspondiente. Por otra parte, debe precisarse que las consecuencias generadas con la separación injustificada no cesan con el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones de la quejosa, sino que subsiste un efecto pernicioso, consistente en la anotación en el Registro Nacional y Estatal, de Personal de Seguridad Pública, relativa a que el servidor público fue sancionado, lo que genera antecedente negativo que incide en la obligación que tienen las instituciones policiales de verificar, previa contratación de sus elementos, los antecedentes de los aspirantes y en abstenerse en contratar a aquellos que han sido destituidos por resolución firme como servidores públicos. Por tanto, para poder determinar que el derecho violado por la separación del servidor público que se califique de injustificada por derivar de un procedimiento administrativo de separación en el que existieron violaciones procesales, formales o de fondo, como es el caso, no basta ordenar el pago de la indemnización correspondiente, por lo que la responsable deberá, además: b) Ordenar la ANOTACIÓN en el expediente del quejoso, resguardado tanto en el Registro Nacional como en el Estatal de Personal de Seguridad Pública, de que este fue separado en forma definitiva, de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII del artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible reinstalarlo en su cargo. Dicho efecto se obtiene de la resolución listada el ****************, dictada en la revisión principal ********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito." Dicha resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Asimismo, a fin de determinar si la sentencia está o no cumplida, si se ha incurrido en exceso o defecto, o si existía imposibilidad para cumplirla, resulta necesario destacar las siguientes actuaciones, encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El doce de julio de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente innominado para determinar la cantidad que se debería cubrir al quejoso; en la que se determinó lo siguiente: "18.- Ahora bien, atendiendo a las pruebas aportadas, este juzgado de distrito considera que a partir del ********, se realizará el cómputo para determinar las cantidades que corresponden al promovente. 19.- Asimismo, se indica que las cuantías a determinar lo serán hasta esta fecha en que se resuelve el incidente de liquidación de planilla, es decir, ******** por lo que más adelante se determinará la actualización necesaria." Por lo que, en base a ello se procedió a realizar la cuantificación total de las cantidades que la autoridad responsable debería cubrir a la quejosa, esto es: (DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 04 DE JULIO DE 2019) CONCEPTO CANTIDAD SUELDO BASE $779,737.50 EXCEDENTE $104,438.50 QUINQUENIO $9,636.20 DESPENSA $55,935.07 TRANSPORTE $38,676.50 PRIMA VACACIONAL $10,806.84 AGUINALDO $108,146.46 INDEMNIZACIÓN DE 3 MESES DE SALARIO $38,007.00 PAGO DE VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO LABORADO. $84,460.00 TOTAL $1,229,844.07 Y se concluyó que la autoridad responsable debería expedir cheque nominativo para abono en cuenta a nombre del quejoso, por la cantidad de $1´229,844.07 (un millón doscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 07/100 moneda nacional). Precisando: ". que corresponde a la parte patronal realizar las deducciones que por concepto de obligaciones tributarias deban retenerse, por disposición legal, toda vez que tales cuestiones no son susceptibles de analizarse en el presente incidente." El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, las autoridades informaron las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitieron copia del cheque ***********, expedido en favor de la parte quejosa. Por ello se requirió a la parte quejosa para que se constituyera en las instalaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad del Estado, a efecto de recibir la suma monetaria correspondiente; y se le apercibió que de no hacerlo, se dictaría resolución en la que declararía si la sentencia estaba o no cumplida, si se había incurrido en exceso o defecto, o si existía imposibilidad para cumplirla. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el escrito del quejoso a través de cual manifestó su conformidad con el cumplimiento a la sentencia de amparo; por lo que se declaró que la sentencia de amparo había quedado cumplida. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el escrito de la parte quejosa a través de cual se interpuso recurso de inconformidad en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, por las siguientes razones: 1. Por la falta de pago actualizada respecto del periodo comprendido entre el cinco de julio al cinco de diciembre, ambos de dos mil diecinueve. 2. Por la omisión de requerir a la responsable, para que acreditara haber realizado las aportaciones al Fondo de Pensiones del quejoso ante el Instituto de Pensiones del Estado, con sus recargos y actualizaciones. El once de junio de dos mil veinte, se recibió el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 6/2020 de su índice, en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de inconformidad. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para el efecto de que reponga el procedimiento de cumplimiento del fallo protector, a fin de que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, notifique de forma personal a la parte quejosa el contenido de las constancias que fueron aportadas al procedimiento en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación, le dé la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga y una vez hecho lo anterior, desahogada la vista o no, se pronuncie si ha quedado cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo de origen, de acuerdo a los lineamientos que en la misma fueron establecidos." Por ello, en estricto a cumplimiento a lo ordenado por el superior, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias recibidas en auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el plazo fijado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Apercibiéndolo, que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, se dictaría resolución en la que declararía si la sentencia estaba o no cumplida, si se había incurrió en exceso o defecto, o si existía imposibilidad para cumplirla. En auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, una vez analizado el escrito presentado de la parte quejosa, se determinó que no se tenía por cumplido el fallo protector, pues para que ello sucediera, debería enterarse al quejoso la actualización de su indemnización. Así, se dijo: ". si en el incidente de liquidación resuelto en autos, se calculó la cantidad a pagar al quejoso por aquellos conceptos, hasta el doce de julio de dos mil diecinueve (fecha en que se resolvió el incidente aludido) y la autoridad responsable entregó aquella el cinco de diciembre de dos mil diecinueve; es inconcuso que el tiempo transcurrido entre esas fechas, es también materia de indemnización, pues así se ordenó en el fallo emitido en el presente juicio de amparo. Sin que proceda que se cubra monto alguno por el tiempo que siga transcurriendo, pues en el caso, la actualización de que se habla, procede únicamente de la fecha en que se dictó la resolución en aquel incidente y hasta que el quejoso acudió por el cheque donde la autoridad pretendió dar cumplimento al fallo protector (cinco de diciembre de dos mil diecinueve) sobre todo, porque entenderlo de otra forma, daría lugar a una cadena interminable de incidentes de liquidación y pagos por concepto de prestaciones causadas entre el dictado de las interlocutorias respectivas y el momento en que se enteran los montos ahí liquidados." Por lo que en ese auto se procedió a liquidar las prestaciones respecto del periodo comprendido del doce de julio de dos mil diecinueve al cinco de diciembre de dos mil diecinueve, que corresponde a un total de ciento cuarenta y cuatro días; sin tomar en consideración las prestaciones: Indemnización de tres meses de salario y pago de veinte días de salario por cada año laborado, toda vez que las mismas ya habían sido liquidadas y no fueron susceptibles de actualización. Luego, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo la responsable informando las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiendo copia del cheque ************, expedido en favor de la parte quejosa. Por ello, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, se constituyera en las instalaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a efecto de recibir la suma monetaria correspondiente; y se le apercibió que de no hacerlo, se dictaría resolución en la que declararía si la sentencia estaba o no cumplida, si se había incurrido en exceso o defecto, o si existía imposibilidad para cumplirla. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito del quejoso a través de cual manifestó su conformidad con el cumplimiento a la sentencia de amparo; por lo que se declaró que la sentencia de amparo había quedado cumplida. El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo recibido el escrito de la parte quejosa a través de cual se interpuso recurso de inconformidad en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por las siguientes razones. 1. Por la omisión de requerir a la responsable, para que acreditara haber realizado las aportaciones al Fondo de Pensiones del quejoso, en el periodo comprendido entre el nueve de junio de dos mil catorce al cinco de diciembre de dos mil diecinueve, ante el Instituto de Pensiones del Estado, con sus recargos y actualizaciones. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 38/2021, de su índice, del que se advierte que lo declaró fundado; De la ejecutoria del tribunal revisor se advierte lo siguiente: "(.) Decisión. Al resultar fundado lo expuesto por la parte recurrente, se declara fundado el recurso de inconformidad y se ordena al juez de distrito de origen, continúe con el procedimiento de ejecución a fin de que sea requerida la autoridad responsable, para que acrediten las medidas tendentes, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, respecto al entero de las aportaciones al Instituto de pensiones del Estado de Jalisco en favor de la parte quejosa, hecho lo cual se pronuncie respecto al cumplimiento de todos los lineamientos que fueron impresos en la sentencia, relacionando a su vez los pagos que correspondían ser enterados a la parte quejosa (.)" Con motivo de ello, se requirió a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, remitiera las constancias conducentes, a través de las cuales se tenga por satisfecho el entero de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en favor de la parte quejosa *****************. Por ello, es estricto acatamiento a lo resulto por el revisor, este órgano jurisdiccional requirió a las responsables, para que remitieran las constancias conducentes, a través de las cuales se tenga por satisfecho el entero de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en favor de la parte quejosa ************; y, demuestren los trámites internos que tiene que realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por su parte, las autoridades responsables Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Administración, en representación del Secretario de Administración y Director de Juicios Laborales de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes el veintiuno y veintiséis de septiembre y tres de octubre de dos mil veintidós, informaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitieron, entre otras, las siguientes constancias: ? Solicitudes de pago certificadas por la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de la Hacienda Pública ? Copia certificada de las aportaciones realizadas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en favor de la parte quejosa ? Oficio *********, de doce de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual el Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad del Estado, mediante el cual solicita a la Directora de Gastos y Servicios Personales de la Hacienda Pública, sea emitido el pago de las actualizaciones y recargos ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ? Oficio ***********, de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual la Directora de Gastos y Servicios Personales de la Hacienda Pública, informa que se han cubierto las aportaciones correspondientes al Instituto de Pensiones. A las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que realizaron las aportaciones correspondientes al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en favor de la parte quejosa ***************. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se sobreseyó y concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Finalmente, en acatamiento al artículo 18, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo.
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