Julio César Medina de la Rosa
Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2021
Partes del expediente
- Julio César Medina de la Rosa
- Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristobal, Chiapas,
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. I. El oficio signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 57/2021, con número de orden 75/2021, que se le envió para notificar al quejoso Julio César Medina de la Rosa, el proveído integro de veintiocho de abril del año en curso. II. La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que, se desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Elio Rodríguez García, en calidad de defensor de Julio César Medina de la Rosa. Al efecto, se acuerda: En cuanto al punto I, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta. Ahora, del análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad de que se trata, se advierte que la parte quejosa Julio César Medina de la Rosa, no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, en tal virtud, se ordena notificar por medio de lista las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27 fracción II en relación con el precepto 29 de la Ley de Amparo. Dése de baja en el libro de gobierno el despacho en comento. Por lo que hace al punto II, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Archivo Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. Incidente de suspensión Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. Registros correspondientes Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Documentos para devolver a las partes Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite por incompetencia el original del juicio de amparo 299/2021-IV, de su estadística, promovido por Marco Antonio Elio Rodríguez García, en calidad de defensor de Julio César Medina de la Rosa, contra actos del Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otra autoridad. Pronunciamiento respecto del conocimiento del asunto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo vigente, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al juzgado oficiante de las constancias descritas supralíneas Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 295/2021-VIII, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al efecto, se acuerda: Causa de improcedencia Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otra autoridad, lo siguiente: Tormento psicológico. Aislamiento Incomunicación. Violación al artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al mantenerlo privado de su libertad por más de dos años, sin que se le dicte sentencia dentro de la causa penal 47/2017 del índice del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, en cuanto al acto reclamado, en este asunto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Toda vez que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el citado promovente, entabló diverso juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno tocó conocer a este Juzgado de Distrito, registrándolo bajo el número 270/2020-VII, en el cual estableció los mismos actos reclamados, las mismas autoridades responsables, así como los mismos antecedentes. Por lo que en la especie acontece la figura de litispendencia, la cual tiene como finalidad evitar que se dicten sentencias contradictorias sobre una misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que la constitucionalidad del mismo solo puede juzgarse una vez. De tal suerte que para su actualización es necesario, que converjan la identidad en el quejoso, las autoridades responsables, el acto reclamado y que al momento de presentar la demanda de amparo exista un diverso juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Ello en la inteligencia de que el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista un diverso juicio en trámite o pendiente de resolución y se promueva una ulterior demanda de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto motivo de disenso o norma general. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel que ya ha sido promovido y que no ha sido resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente incluso aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Por las razones que informa, es conducente invocar la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe y contenido: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Lo cual acontece en la especie, pues se itera que en este juicio de amparo indirecto, el promovente Marco Antonio Elio Rodríguez García, en calidad de defensor de Julio César Medina de la Rosa, reclamó del Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otra autoridad, el tormento psicológico, aislamiento, incomunicación, y la transgresión al artículo 20, fracción VIII, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mantenerlo privado de su libertad por más de dos años, sin que se le haya dictado sentencia en la causa 47/2017 del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo el mismo quejoso, autoridades responsables y actos reclamados que en el diverso juicio de amparo indirecto 270/2021-VIII, del índice de este juzgado, mismo que fue admitido el veinte de abril del año en curso, y se encuentra en trámite, tal y como se desprende de la certificación que antecede y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incluso, se advierte a simple vista que se trata de las mismas firmas, asimismo, que el contenido de la demanda es idéntico, en ambos asuntos, inclusive los terceros interesados que señala. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, es inconcuso que si una persona interpone un juicio de amparo bajo estas condiciones, es incuestionable que es improcedente, porque existe un diverso juicio de amparo en trámite. La razón de ser de la improcedencia en comento descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de una misma ley o acto de autoridad, así como evitar emitir sentencias contradictorias. IV. Desechamiento de la demanda. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción X, de la Ley de Amparo; con fundamento en el arábigo 113, de la ley de la materia, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Elio Rodríguez García, en calidad de defensor de Julio César Medina de la Rosa, contra los actos reclamados al Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otra autoridad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Autorizados y domicilio. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Teodoro Cruz del Carpio, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Registro de Cédulas Profesionales, de la Secretaría de Educación Pública. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Julio César Medina de la Rosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Estatal para la Reinserción Social número Cinco, pasillo de sentenciados, planta alta, celda número trece, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez en Materia Penal, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que en auxilio de las labores de éste juzgado, comisione a quien corresponda, y se constituya al domicilio antes indicado, a efecto de que notifique a la parte quejosa el contenido íntegro del presente proveído. Además, lo requiera para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista que se publica en los estrados de este juzgado. Hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad, apercibido que de no dar cumplimiento, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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