Julio César Martínez Tellez
Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 35 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 21/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Julio César Martínez Tellez
- Oscar David Pérez Vázquez en su caracter de Defensor del quejoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y el tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 279 a 284), en el que se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Asimismo, devuélvase al Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copias certificados del proceso penal 26/2013, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada.
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE:Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y el tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 279 a 284), en el que se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Asimismo, devuélvase al Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copias certificados del proceso penal 26/2013, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada del oficio SEADS/460/2019, de diez de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que Marco Antonio Vignola Conde quedó adscrito a este órgano jurisdiccional como Juez de Distrito a partir del uno de mayo del presente año, lo cual debe enterarse a las partes procesales para que estén en aptitud de ejercer el derecho de recusación a que alude el artículo 52 de la Ley de Amparo, además de evitar la reposición del procedimiento en perjuicio de una administración de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.SVS/evr
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso y tercero interesado interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 161 a 190), en que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal al peticionario de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para las autoridades responsables, toda vez que, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los efectos siguientes: ".conceder el amparo y protección de Justicia Federal al quejoso Julio César Martínez Téllez para el efecto de que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-Sonora" en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Concluya el tratamiento de ketoprofeno 100 mg, cada veinticuatro horas por veinte días y diclofenaco en gel, para aplicar cada doce horas por quince días en las noches, que le rectaron en la nota médica de diez de enero de dos mil diecinueve; o bien informe sobre la continuidad, suspensión o conclusión del referido tratamiento, así como si fue valorado nuevamente por el médico y cuál es su situación de salud actual, respecto al padecimiento que manifestó en su demanda de amparo. Ahora, se precisa que dichos medicamentos deben ser suministrados siempre y cuando los médicos de dicho Centro penitenciario no lo hayan hecho; pero en caso de que sí los hayan suministrado, como se indicó en las notas médicas citadas, antes de la emisión de esta sentencia, lo deberá acreditar fehacientemente con la documentación necesaria, además la referida atención médica debe ser conforme al cuadro básico de salud y de acuerdo con los recursos de los que disponga en el Centro de Reclusión en el cual se encuentra interno el aquí demandante de amparo. El Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, deje insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho y atienda la petición de traslado formulada por el quejoso, conforme a los lineamientos establecidos en este fallo constitucional; esto es, aperture el incidente a que se refiere el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales y lo continúe hasta su conclusión debiendo dar la intervención a las partes en el proceso; y en plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. En atención a lo anterior, mediante oficio número 3185 de dos de abril de dos mil diecinueve, la Secretaria en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Quinto en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, informó que el ocho de marzo del año en curso, en la causa penal 26/2013-IV dictó sentencia absolutoria a Julio Cesar Martinez Téllez y al efecto acompañó copia certificada del telegrama del Centro Federal de Reinserción Social número 11 CPS-Sonora, del cual se desprende que el día nueve de marzo de esta anualidad, el aquí quejoso egresó de dicho Centro Federal. Constancia que anexó dicha responsable, la cual de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tiene valor probatorio pleno dado su carácter de documento público. De igual forma el Actuario Judicial Adscrito al Juzgado Segundo de Sonora con fecha cuatro de abril de esta anualidad, informó que dicho quejoso no se encuentra Interno en dicho Centro Federal, ya que fue puesto en libertad el diez de marzo del año en curso, lo cual se colige con la constancia de notificación (foja 273) y con lo manifestado por el Juez Responsable en párrafos que anteceden. Acorde con lo anterior, deviene incontrovertible que derivado de los acontecimientos expuestos por la Secretaria en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Quinto en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, evidencia una causa que imposibilita a este juzgador de amparo resolver respecto al cumplimiento del fallo protector emitido en este sumario; lo anterior, en virtud de que dicho quejoso fue puesto en inmediata libertad, por tal motivo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo es procedente declarar que no existe materia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el controvertido constitucional en el que se actúa, pues a nada practico llevaría requerir a las autoridades responsables para que informen el tratamiento dado a dicho quejoso, en virtud de que es inconcuso que al quedar el aquí quejoso en libertad, existe la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, pues los efectos que ésta tenía, los cuales fueron descritos en párrafos precedentes, ahora son jurídicamente imposibles de realizar dada la conclusión de la pena privativa de la libertad de Julio César Martínez Tellez. En consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercero interesado para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
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