Julio César Lugo Chaca
Expediente 671/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2018
Partes del expediente
- Julio César Lugo Chaca
- Oscar Arturo López Pastel
- Mario Marín Romero
- Antonio Hernández Anzures
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su dispositivo legal 2º, agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Oficina Registral de Toluca, del Instituto de la Función Registral del Estrado de México, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remite copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado para que dentro del plazo de tres días, manifiestes lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que las responsables dan cumplimiento al fallo protector, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa. Finalmente, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte quejosa haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se le tuvo como domicilio, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista al quejoso la presente determinación y personalmente al tercero interesado.
- Principal
VI.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por los apoderados legales del tercero interesado Luis Miguel Cerecero Aguirre, mediante el cual autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandra Esquivel Bernal y solicitan copias simples de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, de treinta de abril del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a Alejandra Esquivel Bernal, para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de autos. Por otro lado, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del precepto legal 2° a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias que refiere previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal.
- Principal
Vista la certificación realizada el día de la fecha, se advierte que únicamente compareció la perito oficial *******, no así el quejoso *****. se agrega a los autos la certificación de cuenta para los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que mediante proveído de ocho de los actuales, se requirió al quejoso ****, para que ratificara su escrito de desistimiento presentado el siete de mayo anterior; asimismo, se requirió a los quejosos S***** y *****, para que manifestaran si es su deseo desistir del presente juicio de amparo y, en su caso, ratifiquen sus manifestaciones. Lo anterior, dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de dicho acuerdo. En ese tenor, se encuentra pendiente el cumplimiento al requerimiento formulado a la parte quejosa, aunado a que no obra constancia de notificación del acuerdo de ocho de mayo anterior por el que se le formuló el mismo. Así las cosas, se reserva acordar lo conducente respecto de la incomparecencia del quejoso *****, hasta en tanto se dé cumplimiento al requerimiento referido, o bien, fenezca el plazo concedido para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Julio César Lugo Chaca, Mario Alberto Ramírez Palacios, Antoño Hernández Anzurez, Óscar Arturo López Pastel, Mario Marín Romero, Hugo Pablo Padilla Romero, Alejandro Fuentes Martínez y Brayan Hernández Ortega, por propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Gobernación de la República Mexicana y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 671/2018. Ahora bien, previo acordar lo conducente respecto de la procedencia de este juicio, es propio señalar que el acto reclamado en esta instancia consiste en la orden de traslado de los quejosos a un diverso centro carcelario del que actualmente se encuentran internos, a saber, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México y su ejecución. Precisado lo anterior, a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales de los quejosos y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y los promoventes de amparo no sean trasladados del centro de reclusión en el que actualmente se encuentran internos a uno diverso. Dicha suspensión se concede siempre y cuando, no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria, o bien, de una cuestión de competencia definida. Asimismo, se precisa que la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la orden de traslado es dictada con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Finalmente, tampoco surtirá efecto alguno si previo a la emisión del presente auto se encuentra acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la orden de traslado reclamada se emitió con motivo de: a) Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de la parte quejosa. b) Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. c) Riesgo objetivo de la salud o la integridad de los reclusos. d) Peligro para los internos. e) Seguridad de los propios quejosos. f) Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario. g) Tratándose de delincuencia organizada y por medidas especiales de seguridad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 58/2016 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013066, que señala: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." En el entendido de que únicamente se ordena el envío del oficio que derive del presente asunto a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México, toda vez que es el lugar en el cual se encuentran recluidos los quejosos, y resulta evidente la participación de ésta en la ejecución de los actos reclamados. A la autoridad responsable se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. Asimismo, la responsable deberá informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas, en el entendido de que si al rendirlo afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, será sancionada en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. En diverso orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I y II, 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 51 y 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendida de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: PRIMERO. Cada uno de los quejosos de manera individual deberá realizar bajo protesta de decir verdad una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: a) Indiquen si la orden de traslado reclamada fue emitida por alguna autoridad Judicial, esto es, por un Juez de Control o de Ejecución, o bien, si únicamente por las autoridades administrativas que señalan; en la inteligencia que de haber sido emitida por alguna de las citadas autoridades judiciales deberán manifestar su denominación correcta y si las señalan como responsables. b) Deberán señalar el número de expediente de las causas o procesos con los cuales están vinculados, así como ante qué autoridades se encuentran radicados los expedientes respectivos y el estado procesal que actualmente guardan. c) Los impetrantes de amparo deberán manifestar si contra el acto reclamado han promovido el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber, el recurso de apelación y, si así fuere, tendrán que precisar ante qué autoridad judicial se radicó, el estado procesal que guarda dicho medio de impugnación, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso tal determinación la señalan como reclamada; en el entendido que de reclamar la resolución del recurso de apelación de referencia tendrán que indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. d) Los quejosos deberán preciar la forma en que cada una de las autoridades que señala como responsables han intervenido en la emisión y/o ejecución de los actos que señalan como reclamados, pues de lo manifestado en el escrito de demanda no se advierte con claridad tal circunstancia. e) Los peticionarios de la protección constitucional deberán expresar si en una temporalidad de seis meses a la fecha han promovido diversos juicios de amparo contra el acto reclamado en la demanda que se provee; en este aspecto, además tendrán que informar el número de expedientes, ante qué juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de éstos. Cabe acotar, que tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda por los promoventes de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." También, resulta aplicable por haberse interpretado disposición de similar contenido la tesis 347, publicada en la página 293 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, tomo VI, Materia Común, registro 917881, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." SEGUNDO. Deberán precisar si señalan como autoridad responsable al personal de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México, pues de los antecedentes del acto reclamado refieren que fueron informados por dicho personal que se ejecutarían traslados masivos a diferentes centros penitenciarios de la República Mexicana, sin que del capítulo correspondiente se advierta que lo señalen como autoridad responsable. Tal requerimiento resulta necesario dado que la precisión de las autoridades responsables, es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello, teniendo en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo; por ende, debe requerirse a la parte quejosa para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Al respecto, es aplicable en lo conducente la tesis P. CXI/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 194895, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión de los quejosos. Como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Julio César Lugo Chaca. No obstante, por única ocasión, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de notificar la presente determinación a cada uno de los quejosos en el lugar en el que se encuentran recluidos, ello en razón de que los requerimientos formulados en el presente auto implican hechos propios en torno a los antecedentes del o los actos que señalen como reclamados y con la finalidad de salvaguardar sus derechos. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro orden de ideas, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por realizada la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, con fundamento en lo previsto en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
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