Julio César López Sánchez
Expediente 702/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/07/2019
Partes del expediente
- Julio César López Sánchez
- Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial Tuxtla-Chiapa de Corzo, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial signada por la fedataria judicial adscrita a este juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercera interesada Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de la Mujer dependiente de la Fiscalía General del Estado, el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 51-54), por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la materia, se ordena hacer dicha notificación por lista de acuerdos, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio correcto en esta ciudad, para tal efecto. Notifíquese; y por lista a la tercera interesada Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de la Mujer dependiente de la Fiscalía General del Estado el proveído de veinte de junio del año en curso y este auto.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE LA FISCALÍA DE LA MUJER DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EL AUTO DE VEINTE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecinueve. Agréguese la comunicación del Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Corzo, por medio de la cual en cumplimiento a lo requerido en auto de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 40-41), remite la audiencia inicial de doce de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******, de su índice, en la cual se vinculó a proceso a ******, aquí quejoso, por el delito de ******, en agravio de ******mismas que se tienen por recibidas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con motivo de la determinación de vinculación a proceso se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgador procede a sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (...)". Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora bien, del oficio que remitió el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, se advierte que en la causa penal ******, de su índice, se vinculó a proceso a ******, aquí quejoso, por el delito de ******, en agravio de ******decretándole diversas medidas cautelares que tendrán vigencia durante todo el tiempo que dure el proceso****** Como puede apreciarse de las constancias que integran este juicio que el quejoso en su escrito inicial de demanda reclamó de las autoridades responsables la posible orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, del informe remitido por el Juez de Control se desprendió que lo que existía era el citatorio a favor del aquí quejoso, emitido a fin de que se llevara a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la causa penal ******, misma que se llevó a cabo el doce de junio del año en curso; por ello, el acto reclamado consistente en el citatorio quedó sin efectos al haber comparecido el peticionario ante el juez responsable y por el dictado del auto de vinculación, lo cual, ha generado un cambio en la situación jurídica del antes imputado ahora procesado, quejoso en este juicio. En esas circunstancias, con el dictado del auto de vinculación a proceso, cualquier violación que hubiera surgido con motivo del citatorio reclamado en este juicio de amparo, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cambiaron sus efectos por dicha determinación de vinculación a proceso, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad del citatorio emitido en la causa penal de origen, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra en este momento. Es aplicable a lo anterior la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, registro 199808, que expresa lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro 169410, que expresa lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En el mismo sentido, refuerza lo anterior, la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/18 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima época, tomo III, agosto de 2018, página 2482, registro 2017544, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica del quejoso ****** procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dadas las consideraciones expuestas con antelación, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve. De igual forma, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Finalmente, no obsta a la anterior determinación, el hecho de que no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados; en la medida que el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de estos y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente a las partes quejosa así como a la terceras interesadas ******y******Fiscal del Ministerio Público Investigador, Titular de la Mesa de Trámite número trece de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado (******), agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, por oficio a las autoridades responsables.
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