Julio César López Hernández

Expediente 1404/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1404/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Julio César López Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso Julio César López Hernández, por propio derecho, no desahogó la prevención formulada en el presente juicio de amparo el veintitrés de noviembre del año en curso, no obstante estar debidamente notificado para ello, como se advierte del recibo de notificación que obra en autos, del que se advierte que fue notificado de tal auto, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y como consecuencia, se entiende que únicamente promueve la demanda de amparo por propio derecho. En tales condiciones, provéase lo conducente. La suscrita advierte que en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la negativa de la cancelación del embargo hecho al inmueble al que se le asignó el folio real TL86-Z3H9-D05R-1A7R, deducido del juicio ejecutivo mercantil promovido por José Luis Méndez Morales y Hernán Moreno representantes de Molineras de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Enrique Aguilar Hernández, exhorto 72/2009, Juzgado Civil y Familiar de Morelos expediente 432/2009, Juzgado Segundo del Primer Distrito Judicial de Monterrey Nuevo León, por un monto de trescientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y tres pesos treinta y cuatro centavos, inscrito en partida trescientos veinte a fojas setenta y tres, vuelta, sección dos, volumen seis, Distrito de Morelos de fecha veintiuno de septiembre de dos mil nueve; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I y 6° todos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual a la parte quejosa. El principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un ciudadano, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. En efecto conforme a los dispositivos en cita, para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, más aun tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, en donde se reclame un derecho subjetivo del que se estima es titular. Al respecto se invoca el criterio de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro: 232899 de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". En ese tenor, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, sólo los titulares de los derechos constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. De ahí que, a criterio de esta juzgadora, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el presente juicio lo promueve el endosatario en procuración de Sandra Patricia Canales Zarazúa; dentro del expediente 432/2009. Sin embargo, el acto reclamado consistente en la negativa de la cancelación del embargo hecho al inmueble al que se le asignó el folio real TL86-Z3H9-D05R-1A7R, deducido del juicio ejecutivo mercantil promovido por José Luis Méndez Morales y Hernán Moreno representantes de Molineras de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Enrique Aguilar Hernández, exhorto 72/2009, Juzgado Civil y Familiar de Morelos expediente 432/2009, Juzgado Segundo del Primer Distrito Judicial de Monterrey Nuevo León, por un monto de trescientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y tres pesos treinta y cuatro centavos, inscrito en partida trescientos veinte a fojas setenta y tres, vuelta, sección dos, volumen seis, Distrito de Morelos de fecha veintiuno de septiembre de dos mil nueve, no afecta directa, real, objetiva y jurídicamente derechos fundamentales del endosatario en procuración, puesto que con el mismo no se genera un perjuicio real y actual, por lo que no resiente una afectación de manera directa, al no ser el titular del derecho cuestionado. Esto es así, pues a este respecto, el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: "Artículo 35. El endoso que contenga las cláusulas "en procuración," "al cobro" u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados sólo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante". De la porción normativa transcrita, se colige que el endoso en procuración es un mandato limitado a las facultades que expresamente confiere dicho numeral, lo que resulta lógico en la medida que el interés del endosante, no puede, ni debe ser, dar poder al endosatario para otro efecto que no sea el cobro del título. De lo anterior deriva que pueda considerarse al endoso en procuración como un mandato limitado a las facultades que expresamente señala el artículo en comento, lo que se traduce en que tal endosatario debe realizar todas las gestiones necesarias para lograr el cobro del título endosado, pudiendo intervenir, por tanto, únicamente en aquellos juicios o procedimientos que se relacionen con lo indicado y no con aquellos casos que nada tengan que ver con el cobro, que es la finalidad esencial del endoso. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2009, Registro digital: 165556, Novena Época, Materia(s) Civil, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 103, que dice: "ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. EL DOCUMENTO MERCANTIL ENDOSADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO LO FACULTA PARA DESISTIR DE LA ACCIÓN O TRANSIGIR CELEBRANDO CONVENIOS DE PAGO. Conforme al precepto citado, el endosatario en procuración, como mandatario del endosante, cuenta con todas la facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas, pues dada la naturaleza del documento mercantil en que se plasma el endoso en procuración sería materialmente imposible describir todas las facultades, tanto generales -cobrar judicial y extrajudicialmente, endosarlo en procuración y protestarlo, en su caso-, como especiales -desistir, transigir, comprometerse en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos-, sin que le sean aplicables las reglas del derecho común del mandato judicial por ser distinto del mandato conferido al endosatario en procuración, ya que este último se rige por los principios generales del derecho mercantil, pues la finalidad esencial del endoso en procuración es el cobro judicial o extrajudicial del mismo. Así, el documento mercantil endosado en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, faculta al endosatario en procuración para desistir de la acción o transigir celebrando convenios de pago del título de crédito, sin que sea necesario que el endosante lo autorice para ello. Entenderlo de otra manera equivaldría a ir en contra de la naturaleza de dicho documento." Ahora bien, de la demanda de amparo se obtiene que Julio César López Hernández, compareció a promover el presente juicio de amparo, por derecho propio; luego, si de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso no transfiere la propiedad, es innegable que dicho endosatario no está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues el endoso en procuración solo le otorga facultad al endosatario para presentar el documento para su cobro judicial o extrajudicialmente, endosarlo en procuración y protestarlo, en su caso, sin que le sean aplicables las reglas del derecho común del mandato judicial por ser distinto del mandato conferido al endosatario en procuración, ya que este último se rige por los principios generales del derecho mercantil, pues la finalidad esencial del endoso en procuración es el cobro judicial o extrajudicial del mismo, empero, de ningún modo le transfiere la propiedad y en consecuencia, la titularidad de los derechos derivados del referido título de crédito. En ese contexto, el legitimado para promover la demanda de amparo sería el endosante del documento, pues en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las facultades del endosatario en procuración Julio César López Hernández, son únicamente para el cobro judicial o extrajudicial del documento endosado en el juicio ejecutivo mercantil 432/2009; por tanto, resulta inconcuso que el titular del derecho ejercitado en el documento mercantil es Sandra Patricia Canales Zarazúa, no el aquí quejoso como endosatario en procuración, por lo que carece de legitimación para instar el presente juicio de amparo. Esto, porque al peticionario de amparo sólo se le otorgaron a través del endoso en procuración, facultades de endosatario, y por ende, de procurador para el cobro del documento cambiario, en el juicio ejecutivo mercantil 432/2009, no así para promover el presente juicio de amparo, en virtud de que con el endoso no se le transfiere la propiedad del título para de ese modo poder promover en otra vía como es el juicio constitucional, la demanda de amparo que promovió sin contar con legitimación para tal efecto; por ello, es evidente que el acto aquí reclamado no le irroga un agravio en su persona. De ahí la imposibilidad para instar la controversia constitucional como endosatario al no resultarle un derecho jurídicamente tutelado. Bajo esa línea de pensamiento, si el citado artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatoria de derechos y, en el caso, esa circunstancia no se colma, entonces la parte que acude carece de legitimidad para acudir a la presente vía. Sobre el particular resulta aplicable la Tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2007, Registro digital: 173087, Novena Época, Materia(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 5 que dice: "CHEQUES. TANTO LOS CRUZADOS COMO LOS QUE CONTIENEN LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA" PUEDEN SER ENDOSADOS EN PROCURACIÓN PARA OBTENER SU COBRO JUDICIAL. Los tenedores legítimos de cheques cruzados y de los que tengan la leyenda "para abono en cuenta", en términos de los artículos 197 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que no hayan sido pagados por falta de fondos del librador, pueden acudir ante la autoridad jurisdiccional a intentar su cobro, por sí o a través de un endosatario en procuración, pues de acuerdo con el artículo 35 de dicha ley, con esta clase de endoso no se transmiten los derechos propios del documento al endosatario, quien se constituye en un mero mandatario que actúa en nombre del endosante, el cual conserva la propiedad del cheque, de manera que las restricciones que implican tales modalidades se respetan en la hipótesis apuntada, lo que trae como consecuencia que los endosatarios en procuración de cheques con esas características tengan legitimación procesal para ejercitar las acciones derivadas del título de crédito." De esta manera, al no actualizarse el principio que establecen los artículos 107, fracción I, Constitucional; 5° y 6° de la Ley de Amparo, relativo a que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, luego, dicha situación refleja que la substanciación del presente juicio de amparo sea notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. Al respecto se invoca la tesis 2ª.XVIII/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1736, que establece lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." También se invoca la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 354039, materia Común, Civil, Quinta Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVII, página 2107 del tenor literal siguiente: "ENDOSATARIOS EN PROCURACION, AMPARO IMPROCEDENTE PEDIDO POR LOS, EN CASO DE CONDENACION EN COSTAS. Es improcedente el juicio de amparo que se interponga contra la resolución que condene al quejoso en las costas en un juicio, si dicha condena no se le impuso en lo personal, sino en su carácter de endosatario al cobro, del título de crédito que motivó el mismo juicio, pues en tal caso, no puede decirse que el acto reclamado afecta los intereses jurídicos del quejoso, ya que debe entenderse que la condena recae propiamente en el dueño del documento endosado." Asimismo, resulta aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 344754, Quinta Época, Materia Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo C, página 478, que establece: "ENDOSATARIO, EN PROCURACION, AMPARO IMPROCEDENTE PEDIDO POR EL. De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia, el endoso en procuración da derecho para ejercitar las acciones que del documento se derivan y para intervenir personalmente en el juicio, pero no transfiere la propiedad del documento. Por tanto, si el amparo lo pidió el endosatario en procuración, por su propio derecho, de ello se sigue que el juicio de garantías se promovió por una parte a quien personalmente no perjudica el acto reclamado, por lo cual debe estimarse improcedente el propio juicio, y sobreseerse en el mismo, de acuerdo con los artículos 4o., fracción XVIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En tal virtud, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Julio César López Hernández, por propio derecho, recibida en línea con evidencia criptográfica, contra actos del Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1404/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. CUESTIÓN PREVIA. Los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los requisitos que debe contener una demanda de amparo en la vía indirecta; así como la obligación de proveer sobre si se desecha, previene o admite tal libelo; con lo cual está implícita la facultad de revisar la demanda y, en su caso, de prevenir a la parte quejosa si de ese análisis se advierte alguna omisión o irregularidad por alguno de los supuestos que establece el artículo 114 citado. PREVENCIÓN. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente Julio César López Hernández, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio (únicamente si se presentara de manera física) y bajo protesta de decir verdad: Precise si la demanda de amparo la promueve por su propio derecho o como endosatario en procuración de Sandra Patricia Canales Zarazúa; ello, ya que en los antecedentes del acto reclamado, específicamente en el punto número uno de dicho capítulo, refiere que es endosatario en procuración de un título de crédito denominado pagaré de Sandra Patricia Canales Zarazúa. Y en caso de promover como endosatario en procuración de la antes mencionada, deberá acreditar con documento idóneo dicha personalidad. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al solicitante del amparo, que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término legal concedido para tal efecto, se entenderá que únicamente promueve la demanda de amparo por propio derecho. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por la vía electrónica mediante el usuario JCLH23, agregando al presente asunto constancia de dicha notificación. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en este órgano jurisdiccional, para que realice el alta correspondiente en el sistema; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano