Julio César López Gutiérrez

Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Julio César López Gutiérrez
  • Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, Chiapas.
  • Julio César López Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, por medio del cual hace del conocimiento el contenido del auto de cuatro de enero del año en curso, emitido en el Toca Civil 43-A/2020, asimismo acusa de recibo al oficio 22619/2021 del índice de este juzgado, por medio del cual se le devolvió la copia certificada del toca de apelación civil número 43-A/2020 y testimonio del expediente 706/2007. Situación de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA.- SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 29 DE NOVIEMBRE 2021.- Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que por sentencia terminada de engrosar el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Julio Cesar López Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Regional Colegiada en Materia Civil 02 Cero Dos Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil número 43-A/2020, de su índice. b). Emita una nueva, en la que revoque la determinación recurrida y al no existir reenvío, realice un análisis exhaustivo de las cuestiones objetivas que obran en el juicio natural, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, a fin de determinar si existe o no la necesidad de los acreedores alimentistas Zulmy Maricela y César Ulises, ambos de apellidos López Pérez y Maricela Pérez González, de recibir la pensión de alimentos provisional que gozan para subsistir, prescindiendo de trasladar la carga de la prueba al deudor alimentista, aquí quejoso, para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad consignado en el artículo 307 del Código Civil para el Estado de Chiapas; hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda." Inconforme con dicha determinación, los terceros interesados Maricela Pérez González, Zulmy Maricela López Pérez y César Ulises López Pérez, interpusieron recurso de revisión, del cual tocó su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, registrándolo bajo el número 112/2021, el cual el treinta de septiembre del año en curso, confirmó la sentencia que concedió el amparo solicitado. Luego, en auto de veinticinco de octubre del año que transcurre, se tuvo por recibida la ejecutoria en mención y se requirió a la Sala Regional Colegiada en Materia Civil 02 Cero Dos Tapachula, del Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector. Así, en acatamiento a la sentencia de amparo, por oficio 474-A/2021, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario General de Acuerdos interino de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Cero Dos, en esta ciudad, informó, entre otras cosas, que en esa fecha el referido tribunal dejó insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil 43-A/2020. De igual forma, en diverso comunicado número 499-A/2021, recibido en este juzgado el nueve de noviembre del año en curso, el Secretario General de Acuerdos Interino de la Sala Regional Colegiada responsable, remitió copia certificada de la resolución emitida en esa fecha, dentro del toca civil número 43- A/2020 de su índice, con la que informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por lo que, en auto de diez de noviembre siguiente, se dio vista a las partes por el plazo de tres días, a fin de que manifestaran lo que en derecho correspondiera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, el suscrito juzgador federal procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, del análisis de las constancias remitidas por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil 02 Cero Dos Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad al cumplimiento, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la referida Sala responsable, se desprende que, en cumplimiento al fallo protector, en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, dejó insubsistente la sentenciada reclamada de trece de marzo de dos mil veinte. De igual forma, el nueve de noviembre del presente año emitió una nueva resolución, en la que realizó un análisis del juicio natural, siguiendo los lineamientos del fallo protector, en la que revocó la sentencia interlocutoria emitida el catorce de enero de dos mil veinte, pronunciada por el Juez Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, dentro del incidente de cesación de pensión alimenticia promovido por Julio César López Gutiérrez, deducido del expediente 706/2007, relativo al juicio especial de alimentos y ordenó la cesación de la pensión alimenticia provisional que percibían Maricela Pérez González y Zulmy Maricela y César Ulises, ambos de apellidos López Pérez. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable, ha cumplido con la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que por sentencia terminada de engrosar el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Julio Cesar López Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Regional Colegiada en Materia Civil 02 Cero Dos Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil número 43-A/2020, de su índice. b). Emita una nueva, en la que revoque la determinación recurrida y al no existir reenvío, realice un análisis exhaustivo de las cuestiones objetivas que obran en el juicio natural, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, a fin de determinar si existe o no la necesidad de los acreedores alimentistas Zulmy Maricela y César Ulises, ambos de apellidos López Pérez y Maricela Pérez González, de recibir la pensión de alimentos provisional que gozan para subsistir, prescindiendo de trasladar la carga de la prueba al deudor alimentista, aquí quejoso, para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad consignado en el artículo 307 del Código Civil para el Estado de Chiapas; hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda." Inconforme con dicha determinación, los terceros interesados Maricela Pérez González, Zulmy Maricela López Pérez y César Ulises López Pérez, interpusieron recurso de revisión, del cual tocó su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, registrándolo bajo el número 112/2021, el cual el treinta de septiembre del año en curso, confirmó la sentencia que concedió el amparo solicitado. Luego, en auto de veinticinco de octubre del año que transcurre, se tuvo por recibida la ejecutoria en mención y se requirió a la Sala Regional Colegiada en Materia Civil 02 Cero Dos Tapachula, del Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector. Así, en acatamiento a la sentencia de amparo, por oficio 474-A/2021, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario General de Acuerdos interino de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Cero Dos, en esta ciudad, informó, entre otras cosas, que en esa fecha el referido tribunal dejó insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil 43-A/2020. De igual forma, en diverso comunicado número 499-A/2021, recibido en este juzgado el nueve de noviembre del año en curso, el Secretario General de Acuerdos Interino de la Sala Regional Colegiada responsable, remitió copia certificada de la resolución emitida en esa fecha, dentro del toca civil número 43- A/2020 de su índice, con la que informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por lo que, en auto de diez de noviembre siguiente, se dio vista a las partes por el plazo de tres días, a fin de que manifestaran lo que en derecho correspondiera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, el suscrito juzgador federal procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, del análisis de las constancias remitidas por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil 02 Cero Dos Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad al cumplimiento, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la referida Sala responsable, se desprende que, en cumplimiento al fallo protector, en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, dejó insubsistente la sentenciada reclamada de trece de marzo de dos mil veinte. De igual forma, el nueve de noviembre del presente año emitió una nueva resolución, en la que realizó un análisis del juicio natural, siguiendo los lineamientos del fallo protector, en la que revocó la sentencia interlocutoria emitida el catorce de enero de dos mil veinte, pronunciada por el Juez Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, dentro del incidente de cesación de pensión alimenticia promovido por Julio César López Gutiérrez, deducido del expediente 706/2007, relativo al juicio especial de alimentos y ordenó la cesación de la pensión alimenticia provisional que percibían Maricela Pérez González y Zulmy Maricela y César Ulises, ambos de apellidos López Pérez. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable, ha cumplido con la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto, envía copia certificada de la resolución de nueve de noviembre del actual. En atención a lo anterior, con el referido comunicado y las constancias anexas al mismo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.)1, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1593, Tomo II, Libro II, Décima Época, Tesis Aislada 2a. CXIV/2013, registro 2005257, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." Finalmente, debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo abrogada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano