Julio César López Castro

Expediente 264/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 31 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
264/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Julio César López Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se observa que por resolución constitucional de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dictó resolución constitucional en la que este Juzgado Federal por una parte, sobreseyó en el juicio de mérito y, por el otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *******************, para el efecto que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, en su carácter de autoridad responsable, dejara insubsistente la resolución dictada en audiencia oral de ocho de julio de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de ejecución 2561/2018, en la que decretó orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso; y, procediera a emitir una nueva determinación, en la que citara al quejoso a la celebración de una audiencia oral en la que se dirimiría la controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, con el fin de solicitar la correspondiente orden de reaprehensión de López Castro, subsanando las los vicios formales a que se hizo referencia en la ejecutoria de mérito. Luego, el quince de diciembre de dos mil veinte, una vez que transcurrió el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la resolución constitucional aludida en el párrafo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria. Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, para que en el término de tres días, diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con relación a la carpeta de ejecución 2561/2018, de su índice. Posteriormente, se observa que mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la responsable manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para tal efecto, comunicó el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro de la causa número 2561/2018, de su índice; por lo que, en dicho auto, se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su legal interés conviniera, apercibidas de que, de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Respecto a lo anterior, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la licenciada ********************, Representante Especial de la menor identificada como L.L.L.M., tercero interesada en el presente juicio, desahogando la vista aludida en líneas precedentes y, al respecto, realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada dentro del presente juicio de amparo. Por otro lado, por escrito recibido en auto de dieciocho de febrero del año actual, se tuvo al Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, allegando copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta judicial 2561/2018, en alcance al oficio recibido el dieciocho de diciembre del año próximo anterior, con lo que refirió justificar el cumplimiento dado a la resolución constitucional dictada en este juicio; por lo que, con ellas, se dio vista de nueva cuenta a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su legal interés conviniera; vista que desahogó la representante especial de la tercero interesada menor identificada como L.L.L.M., mediante acuerdo de veinticuatro de febrero del año que transcurre. Ahora, considerando que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes, previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria por parte de la responsable, con apoyo en el párrafo segundo del citado precepto, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI Marzo de 2000, Novena Época, de rubro siguiente:"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En primer orden, es importante señalar que, en la resolución constitucional de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo 264/2020 y, por el otro, se concedió la tutela constitucional a Julio César López Castro, para efecto que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, dejara insubsistente la resolución dictada en audiencia oral de ocho de julio de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de ejecución 2561/2018, en la que decretó orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso; y, procediera a emitir una nueva determinación, en la que citara al quejoso a la celebración de una audiencia oral en la que se dirimiría la controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, con el fin de solicitar la correspondiente orden de reaprehensión de López Castro, subsanando las los vicios formales a que se hizo referencia en la ejecutoria de mérito. Lo anterior, en virtud que, debido a que el Agente del Ministerio Público adscrita a ese Juzgado de Ejecución presentó controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, con el fin de solicitar la correspondiente orden de reaprehensión en contra del quejoso ******************, fue mediante auto de diecinueve de junio de dos mil veinte, que el Juez de Ejecución responsable, fijó las once horas del ocho de julio de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia, donde se resolvería sobre la controversia planteada; ordenando la citación de la totalidad de las partes Julio César López Castro, Rosalinda Medina López en ejercicio de sus propios derechos y en representación de la entonces menor ********************* y de la menor L.L.L.M.; al defensor público de la adscripción; así como al fiscal adscrito a dicho órgano jurisdiccional de ejecución. Sin embargo, el juez responsable no apercibió al quejoso para que, en caso de no comparecer al desahogo de dicha audiencia, se procedería a declararlo sustraído de la acción de la justicia y en consecuencia, se haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, ordenando directamente la reaprehensión de la parte quejosa, reclamada en esta instancia constitucional; es decir, no le hizo saber de las consecuencias jurídicas del incumplimiento a su determinación de diecinueve de junio de dos mil veinte, siendo omiso en hacerle de su conocimiento de las consecuencias que podría generar su desacato de asistir a la audiencia que se celebró el ocho de julio de dos mil veinte; pues al ser el quejoso Julio César López Castro, un sujeto pasivo en el procedimiento de origen, se le deben respetar la totalidad de las formalidades esenciales del proceso, previo a la emisión de un acto privativo de alguno de sus derechos fundamentales, en la especie, la libertad personal. En principio, se advierte que las documentales exhibidas, por la responsable, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen eficacia demostrativa plena. En acatamiento a dichas consideraciones, la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, dentro de la causa de ejecución 2561/2018, de su índice, relativa a la ejecución de la sanción impuesta a Julio César López Castro, por el ilícito de violencia familiar y lesiones, derivada del toca penal en definitiva número 372/2018, de la estadística de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, originado con motivo de la carpeta judicial 7804/2015, del índice del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la determinación emitida el ocho de julio del mismo año, respecto a la orden de reaprehensión librada contra López Castro; por lo que giró oficio al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin que cancelara la orden de reaprehensión aludida. De igual manera, señaló las doce horas del veintidós de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia peticionada por la Agente del Ministerio Público; y, citó a la totalidad de las partes - ***************************************** en ejercicio de sus propios derechos y en representación de la entonces menor ***************************** y de la menor L.L.L.M.; al defensor público de la adscripción; así como al fiscal adscrito a dicho órgano jurisdiccional-, para que comparecieran debidamente identificadas a la audiencia programada, misma que sería llevada por el método de videoconferencia, mediante la herramienta "Microsoft Teams". Finalmente, previno al sentenciado, aquí quejoso **************************, quien se encuentra en libertad bajo las medidas cautelares previstas en las fracciones VII, VIII y IX del artículo 184 del Código Procesal Penal, para que de no acudir a la audiencia programada, se haría efectiva la prevención que se le hizo el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y en el entendido que de no presentarse voluntariamente en el Centro de Prevención y Reinserción Social "Topo Chico", para cumplir con la pena impuesta, se ordenaría su reaprehensión; asimismo, en caso de no presentarse sin causa justificada a la audiencia relativa a la controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, la Agente del Ministerio Público adscrita a ese Juzgado de Ejecución, tendría la facultad de solicitar la revocación de la medida cautelar, así como la correspondiente orden de reaprehensión y detención. De las copias certificadas allegadas por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se observa la "CITA DE ESPERA", dirigida al quejoso López Castro, a fin que esperara al actuario adscrito a la Unidad de Medos de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a las quince horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a fin de llevar acabo la diligencia relativa a la notificación del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, del "INSTRUCTIVO", realizado el dieciocho de diciembre siguiente, por la propia actuaria adscrita a la Unidad de Medos, se advierte que entendió la diligencia con una persona del sexo femenino, toda vez que no se encontraba el quejoso López Castro, quedando debidamente notificado del propio acuerdo. Por lo que, el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo mediante videoconferencia, la audiencia precisada en el párrafo que antecede, en presencia del quejoso de mérito y su defensor público, así como el Fiscal adscrito a dicho Juzgado, en la que éste solicitó el diferimiento de la misma, pues el quejoso le manifestó su intención de efectuar el pago de la reparación del daño causado a las aquí terceras interesadas, y justificar el tratamiento que está llevando el referido López Castro para su rehabilitación, de lo que las partes estuvieron de acuerdo y, el Juez determinó diferir la audiencia de mérito y, concedió el término de cinco días al sentenciado para que realizara el pago de la reparación del daño que le fue impuesto mediante sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, y justifique el tratamiento que está llevando para su rehabilitación y de no dar cumplimiento a lo referido, se negará todo beneficio hasta en tanto cumpliera con esa determinación. De lo que el sentenciado manifestó su conformidad y, las partes se dieron por notificadas. De ahí, que si resolvió conforme a los lineamientos con los que se le conminó en la sentencia de garantías, es evidente que subsanó los vicios de fondo que en ella contenía. Consecuentemente, la nueva resolución emitida en esos términos, restituye al quejoso, que aquí promovió el ejercicio de la acción constitucional, en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que la resolución constitucional ha quedado cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Octubre de 1997, página 414, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Sin que esta autoridad realice mayor pronunciamiento respecto a las manifestaciones vertidas por la licenciada ***************************, Representante Especial de la menor identificada como L.L.L.M., ya que la Responsable acató en todo momento los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, atendiendo a que no existe actuación pendiente por realizar, se ordena en su oportunidad, el ARCHIVO del expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, esto al tenor de lo establecido por el artículo 196, párrafo cuarto de la expresada ley reglamentaria; por tanto, glósese el original y duplicado del incidente de suspensión. Por tanto, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, devuélvanse a las autoridades responsables Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado; y, Director Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, las constancias remitidas como justificación a su informe. En la inteligencia de que el acuse de notificación del presente proveído, bastará para saber que dicha autoridad recibió las constancias en mención, es decir, no tendrá que acusar recibo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente expediente, deberá ser conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; y toda vez que se sobreseyó en este juicio y además se concedió la protección de la justicia federal a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, el presente expediente se considera susceptible de depuración; por lo que, una vez que transcurra el plazo antes aludido, esta autoridad dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, para lo cual se deberá conservar la demanda, entendiéndose como parte integrante de la demanda, el escrito aclaratorio de ésta, la sentencia dictada en el presente juicio, el auto mediante el cual se declara la ejecutoria de la resolución que pone fin al juicio; así como el presente proveído; hecho lo anterior, esta autoridad deberá solicitar la transferencia del presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación correspondiente. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, conforme al artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita, deberá desincorporarse y destruirse una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que hace alusión el referido numeral; mientras que el original del cuaderno de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) del mencionado acuerdo en relación con el punto 7.1.1, número 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, es depurable en virtud de haberse concedido en definitiva la medida cautelar solicitada por el impetrante de garantías. Lo anterior, pues de la certificación secretarial de cuenta se desprende que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en atención a que su naturaleza no actualiza las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo que nos ocupa. Finalmente, de conformidad con el referido artículo 18 párrafo antepenúltimo del mencionado Acuerdo General, tomando en consideración que el quejoso, allegó al presente expediente diversos documentos, mediante escritos de veintidós de julio y veintiocho de agosto de dos mil veinte, respectivamente; notifíquese de manera personal a éste, para que dentro de un plazo de noventa días hábiles, acuda a este Juzgado a recuperar los documentos de que se habla, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado *******************, ante la Secretario que da fe, licenciada ********************. Doy fe. aaby

  2. Incidental

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno a la parte quejosa y terceros interesados, por no acudir al órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, mediante el cual se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Incidental

    Se notifica por medio de lista el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno a la parte incidentista, por no acudir al órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, mediante el cual se deja a disposición de la parte quejosa las documentales allegadas para que obraran como pruebas dentro del incidente no especificado relativo a la modificación y reducción de la garantía fijada en la suspensión definitiva, tomando en consideración que en esta data se declaró cumplido el fallo protector.

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