Julio Cesar Lopez

Expediente 679/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
679/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Julio Cesar Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diez de mayo del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Julio César López, con el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo, y toda vez que no existe razón legal para que los documentos exhibidos por la citada parte quejosa permanezcan en autos, se accede a la devolución de los mismos; esto, por el conducto que se indica, previo recibo y copia que de ellos se deje en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Julio César López, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de veintisiete de abril del año en curso. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo, contra el acto que reclama de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural perteneciente a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad y su escrito aclaratorio, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que lo procedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito con el cual da cumplimiento a la prevención hecha, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En base en un análisis integral a la demanda y su escrito aclaratorio, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.. " De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no tienen una ejecución de imposible reparación. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos en aplicación analógica de la fracción V de dicho numeral; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución que ponga fin al procedimiento. Además, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento administrativo, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Ilustra lo anterior la tesis aislada, con registro digital 2008665, que prevé: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo emitido el dieciocho de febrero de dos mil veintidós por el Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural perteneciente a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en el expediente 831589, en el que se admite la solicitud de enajenación onerosa realizada por José Antonio Nevarez Cervera, respecto de un predio "innominado" ubicado en la localidad de Dzimam Bravo, presuntamente nacional, y respecto del cual, el quejoso se ostenta propietario por ser propiedad privada. Es decir, se inconforma contra el inicio del procedimiento de enajenación de terrenos nacionales respecto el predio del que se ostenta legítimo propietario, habiendo manifestado que no ha comparecido a dicho procedimiento en defensa de sus derechos; dicha confesión prueba plenamente en su contra de conformidad con lo establecido por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Expuesto lo anterior, se estima que tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación de un procedimiento, como lo es el inicio a trámite de dicho procedimiento administrativo en el que se dilucidará la procedencia o no, de la enajenación onerosa del terreno presuntamente nacional, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal, pues se reclama un acto dentro de la secuela procesal del asunto de origen. De esta suerte, independientemente que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Por tanto, la consecuencia que se admita la solicitud de enajenación onerosa en cuestión, por sí misma, no genera una afectación en los derechos del hoy quejoso, pues tal extremo no implica que el procedimiento se resuelva en su contra, declarándose el predio como terreno nacional y la solicitud procedente. Máxime que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se deben llamar a dicho procedimiento administrativo los poseedores del terreno, lo que dará oportunidad a cualquier interesado en ejercer cualquier derecho respecto del predio. En consecuencia, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la constitución y los tratados internacionales, el inconforme tendrá que esperar a que se dicte la resolución correspondiente, para impugnar dicha violación a través del juicio de amparo que proceda contra la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, en caso que esa determinación le sea desfavorable y la hoy reclamada impacte a su sentido, en términos de lo establecido en los artículos 172, fracciones III, IV y XII, y 174, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicados en forma analógica. Resulta aplicable el siguiente precedente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 184549: ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado." Por lo tanto, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Julio César López, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de veintisiete de abril del año en curso. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo, contra el acto que reclama de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural perteneciente a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad y su escrito aclaratorio, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que lo procedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito con el cual da cumplimiento a la prevención hecha, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En base en un análisis integral a la demanda y su escrito aclaratorio, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.. " De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no tienen una ejecución de imposible reparación. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos en aplicación analógica de la fracción V de dicho numeral; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución que ponga fin al procedimiento. Además, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento administrativo, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Ilustra lo anterior la tesis aislada, con registro digital 2008665, que prevé: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo emitido el dieciocho de febrero de dos mil veintidós por el Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural perteneciente a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en el expediente 831589, en el que se admite la solicitud de enajenación onerosa realizada por José Antonio Nevarez Cervera, respecto de un predio "innominado" ubicado en la localidad de Dzimam Bravo, presuntamente nacional, y respecto del cual, el quejoso se ostenta propietario por ser propiedad privada. Es decir, se inconforma contra el inicio del procedimiento de enajenación de terrenos nacionales respecto el predio del que se ostenta legítimo propietario, habiendo manifestado que no ha comparecido a dicho procedimiento en defensa de sus derechos; dicha confesión prueba plenamente en su contra de conformidad con lo establecido por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Expuesto lo anterior, se estima que tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación de un procedimiento, como lo es el inicio a trámite de dicho procedimiento administrativo en el que se dilucidará la procedencia o no, de la enajenación onerosa del terreno presuntamente nacional, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal, pues se reclama un acto dentro de la secuela procesal del asunto de origen. De esta suerte, independientemente que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Por tanto, la consecuencia que se admita la solicitud de enajenación onerosa en cuestión, por sí misma, no genera una afectación en los derechos del hoy quejoso, pues tal extremo no implica que el procedimiento se resuelva en su contra, declarándose el predio como terreno nacional y la solicitud procedente. Máxime que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se deben llamar a dicho procedimiento administrativo los poseedores del terreno, lo que dará oportunidad a cualquier interesado en ejercer cualquier derecho respecto del predio. En consecuencia, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la constitución y los tratados internacionales, el inconforme tendrá que esperar a que se dicte la resolución correspondiente, para impugnar dicha violación a través del juicio de amparo que proceda contra la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, en caso que esa determinación le sea desfavorable y la hoy reclamada impacte a su sentido, en términos de lo establecido en los artículos 172, fracciones III, IV y XII, y 174, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicados en forma analógica. Resulta aplicable el siguiente precedente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 184549: ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado." Por lo tanto, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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