Julio Cesar Leon Hernandez
Expediente 992/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2018
Partes del expediente
- Julio Cesar Leon Hernandez
- JULIO CESAR LEON HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de queja penal interpuesto por la parte quejosa, contra el auto emitido por este órgano jurisdiccional el veintitrés de agosto del año en curso. Consecuentemente, acúsese recibo; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior que mediante la ejecutoria en cuestión declaró infundado el recurso de queja, quedando al tenor del punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Ahora, en vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al presente cuaderno algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso por el que se remitió el informe justificado con motivo del recurso de queja, original y copia del escrito de expresión de agravios, así como las copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, el cual quedó registrado bajo el consecutivo que refiere.
- Principal
Téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Titular del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 992/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciocho, que declara improcedente el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa en autos del juicio ejecutivo mercantil 591/2018, del índice estadístico del Juez Octavo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en el cual el impetrante de amparo figura como parte actora. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Fijado lo anterior, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo es improcedente. Lo anterior, puesto que se trata de una decisión intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de la hoy parte quejosa, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de una determinación dictada dentro de un procedimiento con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del sumario, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la justiciable en su escrito inicial de demanda; de cuyo contenido se destaca: Que dentro del juicio ejecutivo mercantil 591/2018, del índice estadístico del Juzgado Octavo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, el aquí quejoso figura como parte actora, quien demandó a *********, por el pago de la cantidad de $91,500.00 (noventa y un mil quinientos pesos); Una vez radicado dicho juicio, la autoridad responsable dictó auto de exequendo, y comisionó a la Actuaria de su adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y realizara la diligencia correspondiente; Sin embargo, la Actuaria adscrita al juzgado de origen, levantó una razón en la que manifestó la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia que le fue encomendada, en virtud de que la madre del demandado quien en ese momento se encontraba en el domicilio, le informó que dicha persona se encuentra viviendo en Monterrey; Consecuentemente, la parte actora solicitó que el requerimiento de pago y emplazamiento se realizara por medio de edictos, petición a la cual recayó el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el que se le negó tal publicación por el citado medio de difusión; Inconforme con dicha resolución la aquí parte quejosa, promovió recurso de revocación el cual fue declarado improcedente mediante interlocutoria de treinta de julio del año en curso, Punto inmediato que constituye el acto aquí reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: A la luz del marco transcrito, este Juzgador sostiene que la ya precisada determinación asumida por la autoridad responsable en el sentido de declarar improcedente el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa en autos del juicio ejecutivo mercantil 591/2018, en contra de la negativa de ordenar el requerimiento de pago y emplazamiento de la parte demandada en ese juicio por el medio de difusión , no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos probatorios de la actora, hoy quejosa. Lo anterior es así, en la medida en que las consecuencias derivadas del acto reclamado no implican afectación a un derecho sustantivo de la agraviada, pues incluso prescindiendo de dicha publicación por edictos, al momento en que se dicte sentencia, ésta podría ser favorable a sus intereses y en caso contrario tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. En síntesis, la multicitada determinación constitutiva del acto reclamado no tiene la solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia. Así puede verse por identidad de razones, la jurisprudencia 38/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Tomo XIII, de abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la parte quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio natural del que deriva el acto reclamado, la hoy solicitante de amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de diecinueve de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, toda vez que los promoventes señalan las listas de este juzgado para oír y recibir notificaciones; de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, hágase de su conocimiento que las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho y por así solicitarlo expresamente. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese, personalmente.
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