Julio Cesar Lanz Encalada
Expediente 1634/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Lanz Encalada
Actuaciones
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito de ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir con la prevención de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, e informa la cuantía del juicio de origen. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistente en el auto dictado el veintiuno de agosto del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 915/2014 del índice del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que no admitió el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el aquí quejosa; a juicio de la suscrita, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]' En primer lugar, es importante establecer que uno de los principios rectores del juicio de amparo lo es el llamado principio de definitividad consistente en que antes de acudir a la vía constitucional, es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. Empero, el acuerdo que constituye el acto reclamado es impugnable a través del recurso de revocación previsto por los artículos los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, en razón de la cuantía que a la letra dicen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.]" "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De los artículos transcritos se desprende que los autos que no fueren apelables, y los decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que le sustituya en el conocimiento del negocio, como acontece en el caso, pues el Juez responsable, al no admitir el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio ejecutivo mercantil 915/2014, y siendo un juicio en el que se reclamó la cantidad de cincuenta y cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional, causa una gravamen el cual es impugnable a través del recurso de revocación. En consecuencia, la parte quejosa debió agotar el recurso a su alcance dentro del juicio de origen, antes de promover la presente demanda de amparo; Máxime que la parte quejosa no acude a este juicio en su carácter de tercero extraño por equiparación, aunado fue el propio quejoso quien acudió al procedimiento de origen a interponer dicho incidente. Por lo tanto, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 Fracción V, aplicada a "contrario sensu", del mismo ordenamiento legal, PROCEDE DESECHAR la demanda de amparo por lo que al acto reclamado se refiere. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VI.- Vista la cuenta que antecede, glósese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de ***, quien se ostenta apoderada general de la tercero interesada Ruby ***, mediante el cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, nombra autorizados e interpone recurso de queja en contra del auto incidental de diez de junio del año en curso, dictado en los presentes cuadernos incidentales, por este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. En tal virtud, se le reconoce dicha personalidad con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en términos del acta de escritura pública número noventa y siete de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe de la notaria pública número cincuenta y cuatro del Estado que exhibió para tal efecto. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción III, de la Ley de Amparo, téngase por apersonado a este juicio de amparo a la nombrada tercero interesada R*** y como lo solicita, téngase como autorizados a Stephanie Villagran Ramírez para oír y recibir notificaciones y a María Fernanda Ramírez Campos, Angela Jezabel Bote Chim y Guadalupe Velazquez Hernández para revisar el expediente. Asimismo, se accede a la solicitud de la parte quejosa de que se faculte a sus autorizados el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales que emanen del presente asunto. Por otro lado, proporciona la ocursante la clave de usuario "luisama" para continuar con este expediente bajo el esquema de juicio en línea, consultando el expediente electrónico y recibiendo notificaciones por esa vía; al respecto, se accede a su petición, para el efecto de que con dicho nombre de usuario, pueda consultar el expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como recibir notificaciones por la vía electrónica, conforme al ordinal 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario "luisama" en el presente asunto. Ahora bien, respecto al recurso de queja que interpone en contra del auto incidental de diez de junio del año en curso, derivado de los lineamientos administrativos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la logística que atraviesa este órgano jurisdiccional en la remisión de constancias a los Tribunales Colegiados respecto de los medios de impugnación interpuestos, dada las medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 referido y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, respetuosamente, y tomando en consideración que en diverso acuerdo de trece de julio del año en curso se tuvo a Carlos Eduardo González Flota, apoderado general de la parte tercero interesada Estación *** interponiendo recurso de queja en contra del mismo acuerdo incidental de diez de junio del año en curso, se autoriza al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, que conozca de ambos, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a fin de tener a la vista las constancias relativas para la substanciación de los recursos de queja respectivos. Por tanto, una vez integrados estos autos, en su oportunidad, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, los originales de los escritos de expresión de agravios y una copia de estos destinados al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al Tribunal de revisión, para la substanciación del recurso respectivo. Hágase del conocimiento del Analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización al acceso del expediente electrónico ordenado en líneas precedentes, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía electrónica. Asimismo, ríndase informe sobre la materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO que este Juzgado emitió el acuerdo de diez de junio del año en curso, en autos de los presentes cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 926/2021-VI, en el cual, se acordó en lo conducente lo siguiente: "(.) Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama: 1. La licencia de uso de suelo para trámite de Licencia de Funcionamiento Municipal, que proveen los artículo 67 y 68 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, previo al inicio de los trabajos de construcción e instalación de una estación destinada al servicio de suministro de combustible (gasolinera) dentro de la superficie sin especificación de medidas y colindancias de los predios número trescientos veinticuatro letra "A" de la calle treinta y cuatro, trescientos seis letra "C" de la calle treinta y cinco y predio trescientos seis letra "D" de la calle treinta y cinco, todos del centro de la localidad y municipio de Motul, Yucatán. 2. La expedición de la licencia y/o permiso para construcción o ampliación de uso diferente a casa, o en su caso, la omisión de los actos de fiscalización, inspección, verificación, supervisión, dictaminación o suspensión de los trabajos de construcción en activo sin los estudios o permisos correspondientes, para la instalación de un comercio con actividad de estación de servicio de suministro de combustible ubicada en una fracción o superficie sin especificación de medidas y colindancias en la localidad y municipio de Motul, Yucatán. 3. La omisión de adoptar, verificar y ejecutar las medidas de seguridad humana que correspondan a la zona habitacional en donde se encuentran ejecutando las obras de construcción conforme al uso de solicitado. Respecto a la autorización para construir la estación de servicio a que se alude, lo procedente es negar medida cautelar, por tratarse de actos consumados, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza de los mismos, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. " Ahora bien, respecto a los efectos del acto reclamado, debe decirse que la autorización reclamada constituye un acto positivo, cuya ejecución es inacabada en virtud de que requiere de otros acto para su ejecución, por tanto, son susceptibles de suspenderse, pero, para que se conceda la medida cautelar solicitada deben satisfacerse los requisitos 2 Jurisprudencia número II.3°.J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 371, Tomo VI, Segunda Parte, Diciembre de 1992, octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. de procedencia que se prevén en el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo. El artículo 128 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Ahora, conforme lo establece el citado numeral 128 de la Ley de Amparo en vigor, la suspensión se decretará, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1.- Que la solicite el quejoso. En este caso, se tiene en cuenta que la parte quejosa aduce que la autorización para la construcción de la estación de servicio para la venta de gasolina ubicada colindante a los predios que habitan los quejosos en la localidad y municipio de Motul, Yucatán; les causa afectación ya que son vecinos del predio donde se lleva a cabo esa construcción. Sin duda alguna, los quejosos esgrimen un interés legítimo, puesto que afirman que por la construcción de la estación de servicio de gasolinera resienten una afectación directa a su esfera jurídica, pues consideran que contraviene sus derechos fundamentales. En consecuencia, al solicitar los quejosos la suspensión aduciendo tener un interés legítimo, debe atenderse al contenido del artículo 131 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dispone: "Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." En la especie, se estima colmado este requisito, porque acreditan de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que aducen se les ocasiona. En efecto, los accionantes de amparo manifestaron básicamente que la autorización para la construcción de una estación de servicio para la venta de combustible, viola sus derechos en virtud de que fue emitida sin cumplir con los requisitos de ley, no se cumple con el reglamento de construcción del Municipio de Mérida, Yucatán, no se cumplen los requisitos mínimos de seguridad que marca la ley y se encuentra en una zona habitacional y que son vecinos de dicho lugar donde se construye esa estación. En ese tenor, para obtener la suspensión que solicitan están obligados a demostrar que los actos reclamados les ocasiona lesión a sus derechos fundamentales, en esencia, estar en el supuesto requerido para que la autorización para la construcción de la estación de servicio para la venta de combustible les perjudica; en el caso, acreditar, al menos indiciariamente la afectación. En este punto, debe tenerse presente que lo que se reclama es la autorización para construir una estación de servicio (gasolinera), en un predio aledaño o colindante al que los quejosos habitan. En el caso, los peticionarios del amparo, ostentándose vecinos del lugar donde se construye la gasolinera y que a la postre funcionará, a fin de acreditar su interés suspensional en este asunto, exhibieron copia certificada de sus identificaciones oficiales, actas de nacimiento y certificados de inscripción vigente de los predios. Tales documentos son suficientes por ahora para demostrar el interés indiciario de los quejosos para obtener la medida cautelar solicitada, en tanto que con ellos demuestran conforme a lo previsto en el artículo 128, fracción I, y 131, ambos de la Ley de Amparo, que son vecinos del lugar donde se construye la gasolinera que alegan, y por tanto, el daño inminente e irreparable que podría causarles el establecimiento de esa estación de servicio que aducen. A fin de demostrar lo aseverado, debe recordarse que el establecimiento y funcionamiento de las estaciones de servicios (gasolineras), es una actividad que se encuentra rigurosamente reglamentada, pues constituye una cuestión de orden público e interés social que el establecimiento de tales giros se lleve a cabo de manera ordenada, y sobre todo segura, ya que es interés del Estado proteger la integridad de los habitantes, habida cuenta que las actividades que desarrollarían implican un riesgo que podría poner en peligro a la sociedad en general. Esto es, en el caso no se reclama cualquier tipo de construcción privada o comercial, sino la de una gasolinera, cuyo giro comercial implica la existencia de un riesgo para la sociedad, y en concreto, para los vecinos del lugar. De este modo, el daño inminente que se acredita de forma indiciaria, deriva de la especial situación en que se ubican los quejosos frente al acto reclamado, la que se justifica precisamente por la colindancia o cercanía que pudiera existir entre la estación de servicio que se construye y los inmuebles en donde habitan los aquí quejosos, y en especial del riesgo que conlleva la actividad comercial que se pretende ejecutar en el inmueble. Así, a consideración de quien resuelve, para el otorgamiento de la medida cautelar que se pide, basta que los quejosos demuestren indiciariamente que se ubican en esta situación especial de vecinos o colindantes del lugar donde se construye la estación de servicio, para demostrar su interés indiciario para obtener la suspensión, lo que en el caso, quedó demostrado con los documentos a que se ha hecho alusión con antelación y que se aportaron a estos incidentes. Orienta lo expuesto, la tesis aislada siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PROMOVERLO CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA QUE PUEDE AFECTAR EL INMUEBLE EN EL QUE REALIZA SUS FUNCIONES, OTORGADA CON APOYO EN UNA LEY ANTE LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON QUIEN GESTIONÓ A SU FAVOR EL ACTO. Conforme al artículo 7o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene legitimación para promover el juicio de amparo indirecto contra la expedición de una licencia de factibilidad de uso de suelo para la construcción de una gasolinera, cuando puede resentir alguna afectación patrimonial, con motivo de que un hospital, en cuyo inmueble realiza sus funciones de seguridad social, pueda ser afectado por la cercanía con el predio de la gasolinera que se ubica a una distancia menor que la establecida, como mínimo de resguardo, en el artículo 122 Bis, fracción III, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Ello, porque se genera un riesgo que debe controlarse, al estar involucrado un establecimiento para el manejo de sustancias inflamables que, entre otras cosas, podrían producir una explosión, contaminación, u otro evento en el entorno que produzca una afectación al citado inmueble. Aunado a lo anterior, la referida afectación patrimonial se advierte respecto a una relación jurídica en la que el instituto recurrente se encuentra en un plano de igualdad con los particulares terceros interesados, que gestionaron a su favor el acto, porque esa igualdad acontece ante la ley que regula la emisión del acto reclamado, a la cual deben someterse al acudir ante las autoridades administrativas correspondientes, sobre todo, porque el instituto quejoso no cuenta con facultades legales para emitir algún acto unilateral a través del cual pudiera crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas con las que lograra la insubsistencia de la licencia referida, sin la necesidad de acudir a los órganos correspondientes ni contar con el consenso de la voluntad de quienes puedan resultar afectados". 3 II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, el otorgamiento de la medida cautelar no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por el contrario, constituye una cuestión que participa de esa naturaleza que la construcción y funcionamiento de las estaciones de servicio (gasolineras) se efectúe respetando eficazmente todas las providencias encaminadas a prevenir la afectación de los derechos de la sociedad, pues su construcción y funcionamiento conlleva un grado de peligro; de ahí la obligación de respetar cualquier limitación tendente a salvaguardar la vida de las personas, sus 3 Época: Décima Época, Registro: 2008850, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: (V Región)5o.24 K (10a.), Página: 1743. bienes o entorno, ante cualquier siniestro que pudiera acontecer con motivo de la actividades que se realiza desde que se almacena, transporta o expende gasolina o diésel. Así, debe decirse que la suspensión de la construcción y funcionamiento de una estación de servicio (gasolinera), no conlleva la afectación al orden público e interés social, en la medida en que se trata de un giro comercial reglamentado que si bien puede generar beneficios económicos para los expendedores de gasolinas, o inclusive crear fuentes de trabajo, lo cierto es que no producen beneficios para la sociedad en general que deban preservarse; es decir, la construcción de la estación de servicio no se trata de una cuestión de interés social u orden público que deba preservarse, ya que ni siquiera se pone en riesgo el abasto del hidrocarburo. Consecuentemente, debe estimarse colmado el segundo requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que la medida cautelar concedida no se produzca un perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. De este modo, al haberse satisfecho los requisitos contenidos en la fracción I y II del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente, con base en dicho numeral y el 131 y 147, ambos de la ley de la materia, es conceder la medida cautelar que se solicita, para que no surta efectos la licencia para construir y operar la gasolinera que se ubica en los predios número trescientos veinticuatro letra "A" de la calle treinta y cuatro, trescientos seis letra "C" de la calle treinta y cinco y predio trescientos seis letra "D" de la calle treinta y cinco, todos del centro de la localidad y municipio de Motul, Yucatán, ya que se advierte la existencia de posibles riesgos a la vida y a la salud de los aquí quejosos, derivadas de la concentración de gasolina o almacenamiento de gasolina, lo que obliga a este órgano jurisdiccional, en aplicación del principio precautorio , a otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, a fin de evitar en lo posible que los promoventes del amparo sufran afectaciones a su esfera legal, de preeminente relevancia legal y rango constitucional, como son la vida y su salud, de ahí la necesidad de garantizar el disfrute máximo de esas prerrogativas. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia que se cita: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA... Así como la tesis aislada siguiente: "LICENCIA PARA OPERAR UNA GASOLINERA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PARA QUE NO SURTA EFECTOS, POR LOS POSIBLES RIESGOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS, DERIVADOS DEL ALEGADO INCUMPLIMIENTO A LA DISTANCIA MÍNIMA QUE DEBE EXISTIR ENTRE ESTACIONES DE SERVICIO... Ello se estima así, pues al advertirse posibles riesgos a la vida y a la salud de las personas por la concentración cercana de depósitos de gasolina, opera el principio precautorio, que determina tomar acciones en protección a los bienes jurídicos de preeminente interés social, como lo es evitar que no se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud de las personas". En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación, por lo que deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento a esta medida cautelar, pues ésta, como se precisó, se concedió para el efecto de que deje de surtir efectos la licencia para construir u operar la gasolinera antes señalada. Esta suspensión surte efectos, hasta en tanto se resuelva lo correspondiente a la suspensión definitiva; pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, a su nombre, y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la Sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito de esta ciudad, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, misma que se le fija discrecionalmente con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo y 107, fracción X, Constitucional, para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; en el entendido que de conformidad con la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, signada por la entonces Titular de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia... , los depósitos en dinero o en valores podrán efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley, tal y como lo establecen los artículos 26 y 27, último párrafo del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo en sesión de dos de mayo de dos mil siete. En la inteligencia, de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, éste deberá ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa (.)". Finalmente, hágase del conocimiento al Tribunal de Alzada que corresponda, que la celebración de la audiencia incidental se encuentra señalada para las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
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