Julio César Lamas Díaz (promovente)

Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
226/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Julio César Lamas Díaz (promovente)

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el libelo signado por el promovente Julio César Lamas Díaz, por propio derecho y en representación de su menor hija J.S.L.A., mediante el cual, interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de marzo de año en curso; consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, acorde al arábigo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-. Tal documento adquiere validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado que cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la legislación aplicable a la materia, se tiene al ocursante interponiendo recurso de queja contra el referido auto, que desechó de plano la demanda promovida por el impetrante. Luego, al advertirse que en el presente asunto únicamente obra la demanda de amparo, no es el caso otorgar a las partes el término de tres días, señalados en el numeral 101 de la legislación de la materia. En esa tesitura, en atención a lo dispuesto por el artículo 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, se habilita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Turno la consulta en forma electrónica de este sumario, con la finalidad de que obtenga acceso a las constancias que lo integran, el cual tiene el N.E.U.N.: 32305575, para la substanciación del medio de impugnación de referencia. Ahora bien, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en turno, el original y copia del escrito de agravios para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, sin que sea obstáculo que las notificaciones de este acuerdo, sean agregadas al expediente electrónico con posterioridad al envió de la queja, toda vez que en el mismo obra la correspondiente al proveído controvertido. Finalmente, para lo que a bien tenga determinar la Superioridad, en calidad de informe sobre la materia, comuníquese es cierto el acto objeto de la queja, únicamente en cuanto a la emisión del acuerdo de veintidós de los actuales.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. se tiene recibida la demanda promovida por Julio César Lamas Díaz, por propio derecho y en representación de su menor hija J.F.L.A., personalidad que acredita con el acta de nacimiento 1603BrQ6t2425488, contra actos del Agente del Ministerio Público Orientador Adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 226/2023-IV, que le correspondió. En primer término, cabe precisar el presente asunto se promueve demanda de amparo a favor de una menor de edad; es por ello que cuando se haga alusión a ella, se reservará su identidad bajo las iniciales J.F.L.A., en atención al interés superior de la niña, para preservar sus derechos fundamentales como lo es la de proteger sus datos de identidad, en términos de los artículos 8 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 3 y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tal documento adquiere validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado que cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Una vez analizado el citado libelo, este tribunal considera viable el desechamiento de plano de la demanda promovida por el impetrante, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. En el caso concreto, de la intelección del escrito de demanda, se obtiene que lo combatido por la parte agraviada se hace consistir en lo siguiente: La omisión de dar contestación a las peticiones formuladas mediante correo electrónico, el diecisiete de marzo del año en curso, relacionadas con las medidas de protección decretadas el diecinueve de enero anterior; ello, dentro de la carpeta de investigación 0285/2023-UTMMTY-VFYG. En esa tesitura, a criterio de quien resuelve, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta que se omita promover tal recurso. Véase como apoyo, la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 902, de contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el primer párrafo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. (.) (Énfasis del transcriptor) Dicho ordinal estipula que las determinaciones que impliquen la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son susceptibles de combatirse ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, la autoridad judicial citará a las partes a una audiencia donde escuchará y resolverá en definitiva. Lo antes precisado indica que existe un medio de defensa idóneo para atacar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas abstenciones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regulan la omisión de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello, con el objeto que el Juez de Control sea quien de manera ágil, una vez que otorgue intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución de la autoridad judicial rectora, en su oportunidad podrá promoverse juicio biinstancial, ya que tal decisión no admite recurso ordinario. Así, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Circunstancia que lleva a establecer que esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público con efectos tendientes a paralizar, suspender o terminar una investigación; por tanto, las actuaciones atribuibles al Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, dado que suponen la inmovilización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u abstenciones del Representante Social que definen el curso de una indagatoria, es que en caso de considerarlas ilegales, debe conminarlo a reanudar la investigación y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la actuación ministerial reprochada en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar su cesación y, en consecuencia, el Fiscal provea sobre las solicitudes planteadas. Confirma esas ideas, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en la página 943 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, que reza: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Igualmente la diversa 1a./J. 27/2018 (10a.), divulgada en la página 945 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de título y contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Tal procedimiento resulta el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del directamente agraviado y su representada, al ser el Juez de Control la autoridad facultada para controlar las actuaciones de la Representación Social desde la etapa de investigación; por tanto, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por su contenido, la tesis II.4o.C.1 K, Tomo XXX, Agosto de 2009, visible en la página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad." Máxime que, los actos impugnados en esta vía no atentan contra la libertad personal de la parte quejosa y tampoco se ubica en alguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), y c) de la citada porción normativa. Sin que el hecho que el accionante esté obligado a agotar los recursos establecidos en ley, antes de acudir al juicio de amparo, sea incompatible con la prerrogativa de acceso a la tutela judicial efectiva, prevista tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el dispositivo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno) no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención. Valida tal afirmación, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 3, página 2113 de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." Y, por analogía, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), publicada en la publicada en la página 971 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, que dispone: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." Abordarlo de otra manera desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, con el establecimiento de la figura de Jueces de Control, lo cual implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación o emita cierta determinación, la víctima, ofendido o, en su caso, el investigado, acudirían al juicio de amparo para hacer valer cuestiones de mera legalidad, descargando en el Juez de Distrito funciones reservadas, por disposición Constitucional, al Juez de Control. Deviene relevante, por el contenido la informa, la jurisprudencia 118/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, del tenor: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." (Énfasis añadido) Tampoco puede pensarse que la presente resolución deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al tratarse de actos omisivos, mientras estos no cesen, en cualquier momento pueden acudir ante el Juez de Control para hacer valer sus inconformidades -quien en el ámbito de sus atribuciones deberá resolver como en derecho proceda-; postura ajustada al espíritu de la aludida reforma, que indudablemente busca que el conflicto penal agote todas sus cuestiones ante la autoridad de primera instancia, evitando la parálisis de los procedimientos a causa de la promoción de numerosos juicios de amparo. Entonces, en el caso concreto el acto reclamado consiste: de la Fiscalía señalada como responsable, la omisión de dar contestación a las peticiones formuladas mediante correo electrónico el diecisiete de marzo del año en curso, relacionadas con las medidas de protección decretadas el diecinueve de enero anterior; ello, dentro de la carpeta de investigación 0285/2023-UTMMTY-VFYG; lo que se corrobora con las documentales que anexo al escrito inicial de demanda, relativas a las solicitudes realizadas. Misma, que se sigue con el sistema penal de corte acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos, el cual, según quedó establecido líneas atrás, sí prevé un medio de defensa ordinario, ante el Juez de Control, a través del que puede combatirse las abstenciones del órgano ministerial. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Se le tiene por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en su libelo de demanda. Igualmente, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Terrazas Salgado y Mario Torres Marín, pues facilita los números de cédula profesional; información corroborada por la secretaría mediante una consulta a la página electrónica oficial http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, según se desprende de la certificación asentada en párrafos precedentes; además, constituye hecho notorio para este Tribunal, en términos del arábigo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Vale invocar, la tesis XX.2o. J/24, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Asimismo, como lo indica, autorizando a la diversa persona que indica en su ocurso, en términos del artículo 24, segundo parágrafo, de la citada normativa aplicable, es decir, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que omitió proporcionar datos que acrediten que se encuentra legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo parágrafo del precepto 12 de la invocada normativa. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 Y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Martha Yadira Machado López, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante el Secretario Santos Alberto Ortiz Flores, que autoriza y da fe. (FIRMAS ELECTRÓNICAS)

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · 4,988 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano