Julio César Ireta Herrera
Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Campeche, Campeche
- Julio César Ireta Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Seguidamente, vista la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. Se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se advierte que este Juzgado de Distrito cuenta en su índice, con el diverso juicio constitucional 672/2020, promovido por JULIO CÉSAR IRETA HERRERA, en contra de las mismas autoridades y por el acto reclamado, por los que se sigue el presente sumario; por lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, la causa que se materializa es la contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;..." De tal porción legislativa, se colige, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese contexto, considerando que las versiones electrónicas de las resoluciones almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por sus siglas SISE, constituyen un hecho notorio, que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, pueden invocarse como tal por parte de esta potestad Federal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, se acude a la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 672/2020, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional. Sirve de sustento, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2016, y dar paso a la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por tanto, de tal revisión, se aprecia, que por escrito recibido el diez de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, JULIO CÉSAR IRETA HERRERA por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LA H. JUNTA ESPECIAL No. 48 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio en el predio sin número de la avenida 16 de septiembre, primer piso, del palacio federal de esta Ciudad de San Francisco de Campeche. IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal resolución interlocutoria de fecha seis de enero de dos mil veinte, del incidente de liquidación del incidente de insumisión al arbitraje, dictado por la H. Junta Especial No. 48 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral número 375/2014, formado con motivo de la demanda laboral del suscrito en contra del IMSS, Delegación Estatal Campeche, por cuanto que no contiene la cuantificación y/o sumatoria correcta del importe total de prestaciones contractuales debidamente demostradas, diferencias, incrementos, salarios caídos, indemnización y que debieron plasmarse como monto total de $1'800,197.45 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100), salvo error u omisión aritmética, de acuerdo a su propia resolución incidental de insumisión al arbitraje, que otorgan al suscrito el derecho de percibir dichas cantidades faltantes, y no con la cantidad total sin conceder e inferior que es de $312,705.48, (Son: TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 48/1009) salvo error u omisión aritmética. Por ello, la responsable viola la cláusula 56 del CCT-IMSS, debidamente acreditado en autos y que me otorga el derecho de la indemnización contractual consistente en los salarios caídos que se computan del 23 de febrero hasta 30 de julio de 2019, más los que sigan cayendo hasta que se cumpla en todos sus términos la resolución de insumisión y del incidente de liquidación que se combate por ilegal e incongruente, vulnerando los artículos 837, fracción 11, 841 y 842 y demás relativos aplicables de la Ley Federal del Trabajo, mis derechos humanos labora les y sustanciales ya que omitió precisar correctamente, de manera fundada y motivadamente, la cuantía de las prestaciones que debe de pagarme el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Campeche, ahora tercero interesado; asimismo es omisa en cuantificar las prestaciones contractuales que forman parte del incidente de liquidación impugnado, tales como aguinaldo, fondo de ahorro, subsidio para el empleo, vale de despensa, todos estos reconocidos y aceptados inclusive por el propio patrón IMSS, quien decidió no reinstalarme sino oponerse a la misma y que la junta decidió procedente, por tanto, el Instituto debe pagarme las prestaciones contractuales demandadas y reconocidas por todo el tiempo de su exigencia; también la responsable fue omisa en pronunciarse sobre la devolución de retenciones hechas y que no fueron condenadas empero el IMSS las retuvo ilegalmente, concepto 107 y concepto 152, el primero del fondo de jubilación y el segundo del fondo de jubilación, ambos suman la cantidad de $116.067.07, y que son ilegales dado que forman parte de la resolución de insumisión ni de ningún incidente de liquidación, amén de que el IMSS rompió mi relación de trabajo, en tanto que el suscrito demandé mi reinstalación y la autoridad responsable decretó la procedencia de la no reinstalación y por consiguiente debieron de no retenerme estos conceptos, vulnerando mis derechos humanos laborales, derechos subjetivos y mis garantías individuales establecidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Acto que consideró vulneraba los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que, en el juicio de amparo en que se actúa, el quejoso JULIO CÉSAR IRETA HERRERA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se especificarán: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LA H. JUNTA ESPECIAL No. 48 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio en el predio sin número de la avenida 16 de septiembre, primer piso, del palacio federal de esta Ciudad de San Francisco de Campeche. IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal resolución interlocutoria de fecha seis de enero de dos mil veinte, del incidente de liquidación del incidente de insumisión al arbitraje, dictado por la H. Junta Especial No. 48 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral número 375/2014, formado con motivo de la demanda laboral del suscrito en contra del IMSS, Delegación Estatal Campeche, por cuanto que no contiene la cuantificación y/o sumatoria correcta del importe total de prestaciones contractuales debidamente demostradas, diferencias, incrementos, salarios caídos, indemnización y que debieron plasmarse como monto total de $1'800,197.45 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100), salvo error u omisión aritmética, de acuerdo a su propia resolución incidental de insumisión al arbitraje, que otorgan al suscrito el derecho de percibir dichas cantidades faltantes, y no con la cantidad total sin conceder e inferior que es de $312,705.48, (Son: TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 48/100) salvo error u omisión aritmética. Por ello, la responsable viola la cláusula 56 del CCT-IMSS, debidamente acreditado en autos y que me otorga el derecho de la indemnización contractual consistente en los salarios caídos que se computan del 23 de febrero hasta 30 de julio de 2019, más los que sigan cayendo hasta que se cumpla en todos sus términos la resolución de insumisión y del incidente de liquidación que se combate por ilegal e incongruente, vulnerando los artículos 837, fracción 11, 841 y 842 y demás relativos aplicables de la Ley Federal del Trabajo, mis derechos humanos labora les y sustanciales ya que omitió precisar correctamente, de manera fundada y motivadamente, la cuantía de las prestaciones que debe de pagarme el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Campeche, ahora tercero interesado; asimismo es omisa en cuantificar las prestaciones contractuales que forman parte del incidente de liquidación impugnado, tales como aguinaldo, fondo de ahorro, subsidio para el empleo, vale de despensa, todos estos reconocidos y aceptados inclusive por el propio patrón IMSS, quien decidió no reinstalarme sino oponerse a la misma y que la junta decidió procedente, por tanto, el Instituto debe pagarme las prestaciones contractuales demandadas y reconocidas por todo el tiempo de su exigencia; también la responsable fue omisa en pronunciarse sobre la devolución de retenciones hechas y que no fueron condenadas empero el IMSS las retuvo ilegalmente, concepto 107 y concepto 152, el primero del fondo de jubilación y el segundo del fondo de jubilación, ambos suman la cantidad de $116.067.07, y que son ilegales dado que forman parte de la resolución de insumisión ni de ningún incidente de liquidación, amén de que el IMSS rompió mi relación de trabajo, en tanto que el suscrito demandé mi reinstalación y la autoridad responsable decretó la procedencia de la no reinstalación y por consiguiente debieron de no retenerme estos conceptos, vulnerando mis derechos humanos laborales, derechos subjetivos y mis garantías individuales establecidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Acto que señala infringe en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo antes reseñado, es perceptible, que la autoridad responsable y acto que reclama la parte quejosa, tanto en el juicio de amparo 672/2020, como en el presente asunto 673/2020, son los mismos. Bajo esa premisa, una vez advertida la causa de improcedencia que opera indefectiblemente en el caso señalado, la cual es mejor conocida en el ámbito procesal como litispendencia, es adecuado explicar lo que se entiende por dicha figura. Litispendencia deriva de la conjugación de dos vocablos latinos que son litigium y pendeo, es decir, etimológicamente significa: "la existencia de un pleito pendiente de resolver". Resulta conveniente realizar una breve explicación en relación con los efectos y la teleología que persiguió el legislador con la instauración de dicha causal prevista en la Ley de Amparo. La figura de la litispendencia refiere que un litigio está en vida, es decir, está pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, es decir, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio; esta figura ha sido estudiada desde dos puntos de vista, como excepción y como presupuesto procesal, y tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, la más importante de estas finalidades, es evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Primero. Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio. Segundo. Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción de éste, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen varios extremos, mejor conocidos como identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos dentro del juicio de amparo con esas características, son el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta igualdad de elementos debe darse entre los dos juicios de amparo promovidos, pues tanto la ley de la materia, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento, no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Es ilustrativa la tesis XIX.2o.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, enero de mil novecientos noventa y tres, página trescientos doce, con número de registro 203430, que es del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Puede pensarse que la identidad del acto reclamado hace inútil la referencia a la identidad de autoridad, pues tratándose del mismo acto corresponde a la misma autoridad; si no fuera así ya no sería el mismo acto reclamado sino diverso, por ser atribuible a una autoridad distinta. Sin embargo, la ley, en aras de claridad, señala también como requisito, la identidad de la responsable a fin de no generar confusiones de tal forma que pudiera interpretarse que hay identidad de acto, cuando se trata de actos de igual naturaleza, lo que desvirtuaría el juicio de amparo. Es necesario reiterar que se trate del mismo acto, autoridad y quejosa, en ambos juicios de amparo, subsistiendo el más antiguo y el segundo, debe no admitirse el escrito inicial de demanda o bien admitida ésta, procede sobreseer en el juicio. De todo lo expresado con antelación se desprende, que para que se actualice la hipótesis en comento se requiere que: a) La ley o el acto que se reclama debe ser materia de otro juicio de amparo. b) El primer juicio debe estar pendiente de resolver en primera o única instancia o en revisión, y en caso de ya tener sentencia definitiva, ésta debe estar pendiente de causar ejecutoria. c) Se debe dar la triple identidad de elementos: quejoso, autoridades responsables y acto reclamado. Expuesto lo anterior, resulta aplicable a lo anterior, la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página doscientos sesenta, tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, registro 209531, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Luego, si en el caso, en el juicio constitucional 672/2020, se encuentra pendiente de resolución en este órgano de control constitucional, resulta patente que se actualiza de modo manifiesto e insuperable la causa de improcedencia invocada. Por tanto, al quedar acreditada la causa de sobreseimiento e improcedencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución, dado que, como se ha visto, el acto reclamado es materia de diverso juicio de amparo, por lo que estamos en presencia de una causa sobrevenida plenamente demostrada que no se modificará con prueba alguna. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, por lo que con apoyo en el dispositivo legal 63, fracción V, de la invocada ley, procede sobreseer en el juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, registro 184572, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRE-TARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es aplicable, por su contenido, la tesis IV.3o.A.43 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo III, abril de dos mil dieciocho, página dos mil cuatrocientos nueve, registro 2016757, del tenor: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CON BASE EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA ACTUALIZACIÓN REQUIERA DE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO O PUEDA SER DESVIRTUADA MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE DETERMINADO MEDIO DE PRUEBA. La posibilidad de dictar una resolución donde se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia, prevista en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, tiene una finalidad relacionada con la maximización del derecho de acceso a la justicia, en tanto privilegia la economía procesal, al evitar que se siga con el trámite del juicio innecesariamente. Por lo anterior, procede exclusivamente cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, esto es, cuando está plenamente demostrada, advirtiéndose en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de su ampliación, de los escritos aclaratorios y de los documentos que hasta ese momento obran en los autos del juicio. En consecuencia, es improcedente decretar ese sobreseimiento con base en una causa de improcedencia cuya actualización requiera de un estudio exhaustivo o pueda ser desvirtuada mediante el ofrecimiento de determinado medio de prueba. Por ello, antes de sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, el Juez debe plantearse las siguientes interrogantes: 1) ¿La actualización de la causa de improcedencia requiere una decisión de mera constatación, o plantea una serie de problemas interpretativos y/o probatorios que ameritan una justificación suficiente que no puede realizarse en un acuerdo de trámite? y, 2) En caso de seguir con la secuela procesal ¿Existe la posibilidad de llegar a una conclusión diversa, con base en los elementos de convicción que pudieren allegar las partes? Si la respuesta es afirmativa, el Juez debe sobreseer fuera de audiencia; si es negativa, éste debe reservar el estudio de la cuestión para el dictado de la resolución constitucional." Es oportuno destacar también, que el precepto 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista a la quejosa para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia". Ahora, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que la recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Se precisa a las partes que el presente proveído se dictó al haberse actualizado, respecto a este asunto, las hipótesis contenidas en los artículos 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; por ende, de conformidad con el artículo 11, fracción I, del referido Acuerdo, la notificación de este fallo será hecha a las partes conforme a la normatividad correspondiente. Notifíquese Personalmente.
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SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se advierte que este Juzgado de Distrito cuenta en su índice, con el diverso juicio constitucional 672/2020, promovido por **************, en contra de las mismas autoridades y por el acto reclamado, por los que se sigue el presente sumario; por lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, la causa que se materializa es la contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. De tal porción legislativa, se colige, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese contexto, considerando que las versiones electrónicas de las resoluciones almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por sus siglas SISE, constituyen un hecho notorio, que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, pueden invocarse como tal por parte de esta potestad Federal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, se acude a la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 672/2020, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional. Sirve de sustento, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2016, y dar paso a la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por tanto, de tal revisión, se aprecia, que por escrito recibido el diez de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, ************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LA H. JUNTA ESPECIAL No. 48 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio en el predio sin número de la avenida 16 de septiembre, primer piso, del palacio federal de esta Ciudad de San Francisco de Campeche. IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal resolución interlocutoria de fecha seis de enero de dos mil veinte, del incidente de liquidación del incidente de insumisión al arbitraje, dictado por la H. Junta Especial No. 48 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral *******, formado con motivo de la demanda laboral del suscrito en contra del IMSS, Delegación Estatal Campeche. Acto que consideró vulneraba los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que, en el juicio de amparo en que se actúa, el quejoso ***************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto precisado. Acto que señala infringe en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo antes reseñado, es perceptible, que la autoridad responsable y acto que reclama la parte quejosa, tanto en el juicio de amparo 672/2020, como en el presente asunto 673/2020, son los mismos. Bajo esa premisa, una vez advertida la causa de improcedencia que opera indefectiblemente en el caso señalado, la cual es mejor conocida en el ámbito procesal como litispendencia, es adecuado explicar lo que se entiende por dicha figura. Litispendencia deriva de la conjugación de dos vocablos latinos que son litigium y pendeo, es decir, etimológicamente significa: "la existencia de un pleito pendiente de resolver". Resulta conveniente realizar una breve explicación en relación con los efectos y la teleología que persiguió el legislador con la instauración de dicha causal prevista en la Ley de Amparo. La figura de la litispendencia refiere que un litigio está en vida, es decir, está pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, es decir, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio; esta figura ha sido estudiada desde dos puntos de vista, como excepción y como presupuesto procesal, y tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, la más importante de estas finalidades, es evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Primero. Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio. Segundo. Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción de éste, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen varios extremos, mejor conocidos como identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos dentro del juicio de amparo con esas características, son el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta igualdad de elementos debe darse entre los dos juicios de amparo promovidos, pues tanto la ley de la materia, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento, no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Es ilustrativa la tesis XIX.2o.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, enero de mil novecientos noventa y tres, página trescientos doce, con número de registro 203430, que es del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Puede pensarse que la identidad del acto reclamado hace inútil la referencia a la identidad de autoridad, pues tratándose del mismo acto corresponde a la misma autoridad; si no fuera así ya no sería el mismo acto reclamado sino diverso, por ser atribuible a una autoridad distinta. Sin embargo, la ley, en aras de claridad, señala también como requisito, la identidad de la responsable a fin de no generar confusiones de tal forma que pudiera interpretarse que hay identidad de acto, cuando se trata de actos de igual naturaleza, lo que desvirtuaría el juicio de amparo. Es necesario reiterar que se trate del mismo acto, autoridad y quejosa, en ambos juicios de amparo, subsistiendo el más antiguo y el segundo, debe no admitirse el escrito inicial de demanda o bien admitida ésta, procede sobreseer en el juicio. De todo lo expresado con antelación se desprende, que para que se actualice la hipótesis en comento se requiere que: a) La ley o el acto que se reclama debe ser materia de otro juicio de amparo. b) El primer juicio debe estar pendiente de resolver en primera o única instancia o en revisión, y en caso de ya tener sentencia definitiva, ésta debe estar pendiente de causar ejecutoria. c) Se debe dar la triple identidad de elementos: quejoso, autoridades responsables y acto reclamado. Expuesto lo anterior, resulta aplicable a lo anterior, la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página doscientos sesenta, tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, registro 209531, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Luego, si en el caso, en el juicio constitucional 672/2020, se encuentra pendiente de resolución en este órgano de control constitucional, resulta patente que se actualiza de modo manifiesto e insuperable la causa de improcedencia invocada. Por tanto, al quedar acreditada la causa de sobreseimiento e improcedencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución, dado que, como se ha visto, el acto reclamado es materia de diverso juicio de amparo, por lo que estamos en presencia de una causa sobrevenida plenamente demostrada que no se modificará con prueba alguna. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, por lo que con apoyo en el dispositivo legal 63, fracción V, de la invocada ley, procede sobreseer en el juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, registro 184572, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRE-TARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es aplicable, por su contenido, la tesis IV.3o.A.43 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo III, abril de dos mil dieciocho, página dos mil cuatrocientos nueve, registro 2016757, del tenor: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CON BASE EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA ACTUALIZACIÓN REQUIERA DE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO O PUEDA SER DESVIRTUADA MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE DETERMINADO MEDIO DE PRUEBA. La posibilidad de dictar una resolución donde se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia, prevista en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, tiene una finalidad relacionada con la maximización del derecho de acceso a la justicia, en tanto privilegia la economía procesal, al evitar que se siga con el trámite del juicio innecesariamente. Por lo anterior, procede exclusivamente cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, esto es, cuando está plenamente demostrada, advirtiéndose en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de su ampliación, de los escritos aclaratorios y de los documentos que hasta ese momento obran en los autos del juicio. En consecuencia, es improcedente decretar ese sobreseimiento con base en una causa de improcedencia cuya actualización requiera de un estudio exhaustivo o pueda ser desvirtuada mediante el ofrecimiento de determinado medio de prueba. Por ello, antes de sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, el Juez debe plantearse las siguientes interrogantes: 1) ¿La actualización de la causa de improcedencia requiere una decisión de mera constatación, o plantea una serie de problemas interpretativos y/o probatorios que ameritan una justificación suficiente que no puede realizarse en un acuerdo de trámite? y, 2) En caso de seguir con la secuela procesal ¿Existe la posibilidad de llegar a una conclusión diversa, con base en los elementos de convicción que pudieren allegar las partes? Si la respuesta es afirmativa, el Juez debe sobreseer fuera de audiencia; si es negativa, éste debe reservar el estudio de la cuestión para el dictado de la resolución constitucional." Es oportuno destacar también, que el precepto 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista a la quejosa para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia". Ahora, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que la recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Se precisa a las partes que el presente proveído se dictó al haberse actualizado, respecto a este asunto, las hipótesis contenidas en los artículos 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; por ende, de conformidad con el artículo 11, fracción I, del referido Acuerdo, la notificación de este fallo será hecha a las partes conforme a la normatividad correspondiente. Notifíquese Personalmente. Y por oficio a las autoridades. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de diez de septiembre de dos mil siete, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la apoderada legal de la parte tercero interesada ********** con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones de la citada parte, el ubicado en ******************** esta ciudad y como autorizados en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ,********************** por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como licenciados en derecho. Con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia, ténganse por formuladas sus alegaciones, para los efectos legales correspondientes, sin perjuicio de su relación en el acto de la audiencia constitucional. Finalmente, con sustento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista del citado tercero interesado, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por el término de ocho días, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimare pertinente. Notifíquese.
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