Julio César Hernández Zaragoza
Expediente 1545/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1545/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Hernández Zaragoza
Actuaciones
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el expediente principal, y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por Julio César Hernández Zaragoza, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándole al efecto copia simple del libelo constitucional. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Todas y cada una de las actuaciones, acuerdos, actos y documentos que se emitieron por la autoridad responsable. Acto o actuación en la que se ordene y/o se solicite orden de aprehensión en contra del quejoso. 5. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para que "no se realicen actos, actuaciones por parte responsable, tendientes a afectar la libertad e integridad física del suscrito quejoso, y no ordene o solicite orden de aprehensión en mi contra, y no se me prive de mi libertad." 6. Se niega suspensión. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que exista la solicitud del agraviado; 2. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; y, 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el particular, no se advierte satisfecho el tercero de los requisitos antes descritos, puesto que de conceder la medida para efecto de suspender la tramitación de la carpeta de investigación de origen, se paralizaría el procedimiento penal; proceder que sería inaceptable por infringir disposiciones de orden público. En ese sentido, cabe mencionar que la Ley de Amparo en su artículo 129, dispone de manera enunciativa diversos supuestos en que se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, sin que en ellas se advierta que la paralización de la tramitación de una carpeta de investigación pueda considerarse como un elemento que evidencie el perjuicio al interés social o que contravenga disposiciones de orden público, con motivo de la suspensión. No obstante lo anterior, el artículo 150 de la Ley de Amparo, señala expresamente que en los casos en que la suspensión sea procedente (se reúnan los requisitos del numeral 128), se deberá conceder de tal forma que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. Es decir, la Ley de Amparo es categórica en establecer que los procedimientos no deberán ser suspendidos, no obstante se otorgue la medida cautelar, pues éstos deben continuar por su cauce legal hasta el dictado de la resolución firme. Recordemos que el quejoso señala como acto reclamado, entre otros, todas y cada una de las actuaciones, acuerdos, actos y documentos que se emitieron por la autoridad responsable, advirtiéndose de su demanda que uno de los fines que persigue con la promoción del amparo y la eventual concesión de la medida precautoria es que se suspenda su tramitación; no obstante, dicha solicitud trae como consecuencia impedir que en la referida carpeta se continué con la investigación de los hechos con apariencia de delito que fueron denunciados. Ahora bien, la investigación constituye una de las fases de procedimiento penal en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no sería procedente su paralización; además, de concederse la medida cautelar solicitada se vería afectado el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Lo anterior porque, de conceder la suspensión en la continuación de la carpeta de investigación, se impediría que el Ministerio Público ejerza la facultad de investigación que le otorgan los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Máxime que, la continuación de una carpeta de investigación no afecta de forma irreparable la esfera jurídica de la quejosa, puesto que no se le está privando de algún derecho subjetivo contemplado en la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad personal o la libertad en sus diversas manifestaciones, pues -se insiste- la investigación es una facultad del Ministerio Público prevista en el orden constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno del Decimoquinto Circuito, de voz y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA DIVERSA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar y tiene por objeto conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado o a terceros. Ahora bien, tratándose de la resolución que revoca la diversa que confirma el no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la carpeta de investigación resulta improcedente conceder la suspensión contra sus efectos, toda vez que con su concesión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al impedir que el Ministerio Público reinicie la facultad de investigación que le otorgan los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales." De igual forma, por ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral." 7. Se concede suspensión. Ahora, por lo que se refiere a los actos privativos de la libertad que reclama el quejoso, tratándose de orden de aprehensión, con fundamento en los numerales 162, 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, para que el quejoso no sea privado de la libertad, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que se refiere a su libertad personal. Lo anterior, no obstante que el hecho con apariencia de delito que se le impute, se encuentre dentro del catálogo que establece el artículo 19 Constitucional, como de aquéllos que ameritan prisión preventiva oficiosa, disposición que se replica en el diverso numeral 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia emitida el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, al resolver el Caso García Rodríguez y otro contra México, determinó que dicha disposición constitucional, en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, al imponer la aplicación de aquella medida cautelar de oficio para los delitos ahí señalados, sin que se otorgue la posibilidad de analizar la necesidad de cautela frente a las circunstancias particulares de cada caso, siendo que la limitación de la libertad es de carácter excepcional cuando otras de las medidas establecidas en el ordenamiento procedimental no sean suficientes para garantizar que el implicado impedirá el desarrollo eficiente del procedimiento, o eludirá la acción de la justicia. En ese tenor, no obstante que el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; empero, considerando lo establecido por la Corte Interamericana, no ha lugar a conceder la suspensión provisional en esos términos, puesto que existe obligación de este órgano jurisdiccional y de cualquier autoridad del Estado Mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Además, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. Constitucional, al existir diferencia entre el alcance y protección reconocida en normas de distinta fuente, debe prevalecer la norma que represente mayor protección a la persona. Ello, con independencia de que este órgano jurisdiccional establezca medidas de aseguramiento a fin de que no evada la acción de la justicia, mismas que serán determinadas en líneas posteriores. ORDEN ADMINISTRATIVA. si se trata de una orden de comparecencia, presentación, localización o retención, girada por autoridad administrativa, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, que el quejoso no sea privado de la libertad, hasta que la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que si el peticionario de la medida cautelar es sorprendido en flagrante delito o si se trata de caso urgente, la suspensión sólo producirá el efecto de que, una vez que sea retenida, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en que quede recluida, y sin dilación ante el Ministerio Público que la reclame para que determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos del párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, o su consignación ante la autoridad judicial competente, habida cuenta que el procedimiento penal es de orden público e insuspendible. En la inteligencia de que, si la orden de comparecencia, presentación, localización o retención fue emitida por el Ministerio Público POR CASO URGENTE en términos del artículo 164 y 165 de la Ley de Amparo, y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades ejecutoras deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente a la quejosa ante el Fiscal que haya emitido dicha orden, quien procurará que la imputada sea presentado sin demora ante el órgano jurisdiccional correspondiente, y en caso de que no concurran los supuestos establecidos en el último de los preceptos señalados deberá ser puesto en inmediata libertad. 8. Requisitos de efectividad de la medida cautelar. Esta medida cautelar surte sus efectos desde este momento, hasta que se dicte la suspensión definitiva, pero será revocada en su momento, conforme a los artículos 166 párrafo último y 167 de la Ley de Amparo, si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: 8.1. Garantía. Con apoyo en lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, la parte incidentista deberá exhibir hasta antes de la fecha señalada para el verificativo de la audiencia incidental, es decir, no deberá exceder el plazo de cinco días siguientes al dictado del presente proveído, una garantía por la cantidad de $********************(********************), en cualquiera de las formas legales, las cuales pueden ser: 8.1.1. Billete de depósito. Que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; lo anterior, siguiendo los requisitos que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o, 8.1.2. Póliza de fianza. En este caso, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas, y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA A ********************, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ********************". La anterior cantidad se fija en forma discrecional, a fin de evitar que el promovente de la medida cautelar se sustraiga de la acción de la justicia. 8.2. Entrega de pasaporte. Aunado a lo anterior, el impetrante deberá entregar su pasaporte, hasta antes de la fecha señalada para el verificativo de la audiencia incidental, con el fin de evitar que pueda abandonar el país y sustraerse de la acción de la justicia; en caso de no contar con dicho documento, deberá informarlo, bajo protesta de decir verdad, e impuesta de las penas que establece el artículo 261 de la Ley de Amparo. 8.3. Apercibimiento a la parte quejosa. Hágase saber al impetrante del amparo que, de no exhibir garantía económica, u omitir la exhibición del pasaporte, dejará de surtir efectos la suspensión que ahora se concede y quedarán expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar la privación de la libertad; respecto de lo cual, en su oportunidad y en su caso, comuníquese a la autoridad responsable correspondiente. 9. Copias certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias certificadas del presente auto, previo recibo que se deje en autos para constancia. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. Resulta aplicable la jurisprudencia que se reproduce enseguida: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Julio César Hernández Zaragoza, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1545/2023. 2. Suspensión. Por separado, tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado; verbigracia, cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciba el informe justificado. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, y autorizando para tal efecto a las personas que nombra Consuelo González Mora y Claudia Adriana Avalos Galván, en el entendido de que gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo dado que tienen sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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