Julio Cesar Hernandez Aguilar
Expediente 1618/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Hernandez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintiocho de octubre del año en curso, se le envió el oficio 19391/2019, sin embargo, no se le remitió el toca penal 69/2019 mencionado en el mismo; en atención a lo anterior, gírese atento oficio a la Segunda Sala del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y remítasele el toca de referencia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el treinta de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, devuélvase a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad, el toca penal 69/2019 de su índice, que remitió el diez de marzo de dos mil veinte.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Magistrada Tercera y Presidente de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de treinta de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vistos los presentes autos y nuevamente el oficio signado por la Juez en turno, del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en audiencia de once de septiembre de dos mil veinte, se aprobó y ratificó el acuerdo reparatorio 64/2020 de cumplimiento diferido, celebrado entre el aquí quejoso Julio César Hernández Aguilar con la querellante Nora Elizabeth Dircio Prudencio, y se decretó la suspensión del proceso hasta el quince de diciembre del año en curso, fecha en la que se deberá dar cumplimiento total al aludido acuerdo reparatorio, así como que continúan con vigencia y con todos sus efectos las medidas cautelares impuestas al aquí quejoso. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consiste en la resolución de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos del toca penal 69/2019, que revocó la determinación pronunciada por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la audiencia de uno de agosto de esa anualidad, decretándose en su lugar auto de vinculación a proceso en contra de Julio César Hernández Aguilar, por el hecho posiblemente constitutivo de fraude, previsto y sancionado con pena privativa de libertad, en el artículo 324, fracción XII, 325, fracción IV y 326 del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por Nora Elizabeth Dircio Prudencio. Ahora bien, a juicio de la suscrita, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:"XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.Del precepto transcrito, se obtiene que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo, se encuentra la relativa a la existencia de actos que hayan sido consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o un acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso.En el caso a estudio, tenemos que el quejoso Julio César Hernández Aguilar promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos del toca penal 69/2019, que revocó la determinación pronunciada por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la audiencia de uno de agosto de esa anualidad, decretándose en su lugar auto de vinculación a proceso, por el delito de fraude, en victimización de Nora Elizabeth Dircio Prudencio. Durante la tramitación de este juicio constitucional, la Juez en Turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral del Estado, mediante oficio 2653, informó que en audiencia de once de septiembre de dos mil veinte, se aprobó y ratificó el acuerdo reparatorio 64/2020 de cumplimiento diferido, celebrado entre el aquí quejoso Julio César Hernández Aguilar con la querellante Nora Elizabeth Dircio Prudencio. Del mismo modo, informó que decretó la suspensión del proceso hasta el quince de diciembre del año en curso, fecha en la que se deberá dar cumplimiento total al aludido acuerdo reparatorio, así como que continúan con vigencia y con todos sus efectos las medidas cautelares impuestas al aquí quejoso. Asimismo, la aludida Juez de Control, remitió a este Juzgado de Distrito copia auténtica del acuerdo reparatorio número 64/2020 celebrado entre el querellante (aquí tercero interesada) y el acusado (aquí quejoso), ante la Facilitadora Institucional del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la Materia Penal de la Fiscalía General del Estado y un disco versátil dvd que contiene copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de esa fecha, relativa a la aprobación de dicho acuerdo reparatorio. Siendo, que de reproducción de la videograbación de la audiencia de mérito, se puede corroborar que a la hora 11:43:05, tiempo de la grabación el imputado manifestó que su firma estampada en el acuerdo reparatorio corresponde a su voluntad, de la cual está dispuesto a cumplir y que entiende las consecuencias de incumplimiento; asimismo, a las 11:45:45, tiempo de la grabación, se advierte que se aprobó judicialmente el acuerdo reparatorio en comento.Habiendo precisado los anteriores antecedentes, la suscrita Juzgadora estima necesario hacer referencia al marco normativo del acuerdo reparatorio al que llegaron las partes en la causa penal de origen, esto con la finalidad de acreditar la mencionada causal de improcedencia del presente juicio.Los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, 184, 186, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen:Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el inculpado no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Artículo 2. Objeto del Código. Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 184. Soluciones alternas. Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso. "Artículo 186. Definición. Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Artículo 188. Procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Artículo 189. Oportunidad. Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno.La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada.Artículo 190. Trámite. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción.Los numerales transcritos hacen referencia a la justicia alternativa, la cual se entiende como el diseño y la implementación de mecanismos de solución de controversias al procedimiento jurisdiccional, cuya finalidad es encontrar soluciones desde una perspectiva neutral, tomando en cuenta a la víctima y al imputado. Una forma de solución alterna del procedimiento, es el acuerdo reparatorio, mismo que puede ser celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplido en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Dichos acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio y en los casos en que se haya dictado auto de vinculación a proceso, prosperan hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Además, los artículos mencionados establecen que una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, el Juez decretará la extinción de la acción haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. En el asunto que nos ocupa, tenemos que el quejoso Julio César Hernández Aguilar reclama el auto de vinculación dictado en su contra; sin embargo, la Juez de origen aprobó el acuerdo reparatorio entre las partes, el cual es de cumplimento diferido y concluirá en el diciembre de dos mil veinte. Por tanto, es claro que el solicitante del amparo ya exteriorizó su voluntad y estuvo de acuerdo o conforme con el hecho delictivo que se le imputó; por ende, existe una manifestación expresa de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente.Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 33/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014495 Instancia: Primera SalaTipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.) Página: 461 CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN EL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional.Bajo este contexto, se concluye que el acto reclamado fue consentido por el quejoso al optar por el acuerdo reparatorio referido, por lo que en este asunto se configura el motivo de improcedencia en estudio.Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, el hecho de que el acuerdo reparatorio celebrado entre el aquí quejoso y la víctima, sea de cumplimiento diferido, pues ello no implica que no exista el consentimiento del acto que ahora se reclama, además de que iría contra la naturaleza de la solución alterna, por la que voluntariamente optaron las partes, el permitir que por virtud del juicio de amparo, el imputado incumpla con las obligaciones adquiridas en el acuerdo celebrado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Julio César Hernández Aguilar. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del catorce de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.
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