Julio César Guzmán Camacho
Expediente 1732/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julio César Guzmán Camacho
Actuaciones
- Principal
* Visto el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se tiene devuelto diligenciado el exhorto 1004/2019; por tanto, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado federal y téngase al quejoso Julio César Guzmán Camacho, notificado del proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve. *
- Principal
Por recibido el oficio y anexos enviados por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, residente en Toluca, mediante el cual remite las actuaciones relativas al juicio de amparo 1264/2019 de su índice, promovido por *****************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1732/2019 y fórmese expediente. Al respecto, no se acepta la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, residente en Toluca, por lo que se expondrá a continuación. El citado juzgador en la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 1264/2019 de su índice, promovido por ***************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades, considera que este Juzgado de Distrito es competente para el conocimiento del asunto de que se trata, argumentando medularmente en lo que interesa lo siguiente: "[] En ese sentido, es preciso destacar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, dentro del toca penal VI-285/2017, que revocó la diversa determinación de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 28/2014-I, ambas autoridades del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, originadas ambas resolución con motivo de la solicitud del quejoso respecto del incidente no especificado de traslado del centro de reclusión en que se encuentra en la actualidad interno -ALTIPLANO- al diverso de Chilpancingo, Guerrero, así como su ejecución. [] En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar dos deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) [.]. c) [.]. Por tanto, es la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, dentro del toca penal VI-285/2017, que revocó la diversa determinación de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 28/2014-I, ambas autoridades del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, pero en esencia lo que resolvió la sala responsable fue dejar insubsistente la determinación del juez primario ya que éste no tenía competencia para resolver el incidente planteado, sino el legalmente competente para ese fin, era el juez de ejecución en el lugar en que se encuentra el peticionario de amparo, el cual se materializó al notificarle esa determinación. Lo anterior se afirma, dado que el citado acto reclamado conlleva un principio de ejecución, pues la determinación de la Sala responsable al dejar insubsistente la resolución del juez primario que había declarado improcedente el traslado solicitado se advierte que constituye un acto declarativo, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de las autoridades responsables que emitieron los actos reclamados. Máxime, que en el caso específico las causas penales que se instruyen al aquí quejoso, 28/2014-I, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, así como la diversa 35/2014-I-3, por secuestro agravado, se encuentran en periodo de instrucción, ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, por ello se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el Municipio de Chilpancingo, Estado de Guerrero; por consiguiente, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Guerreo, con residencia en Chilpancingo, en turno." En ese orden, se tiene que la razón medular del juez declinante para estimarse incompetente estriba en dos cuestiones, la primera por que aduce que la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, dentro del toca penal VI-285/2017, que revocó la diversa determinación de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 28/2014-I, originadas ambas resoluciones con motivo de la solicitud del quejoso respecto del incidente no especificado de traslado del centro de reclusión en que se encuentra en la actualidad interno -ALTIPLANO- al diverso de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, constituye un acto declarativo. Pero también afirma, que las causas penales que se instruyen al quejoso **************, 28/2014-I, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, así como la diversa 35/2014-I-3, por secuestro agravado, se encuentran en periodo de instrucción ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, por lo que el acto reclamado conlleva ejecución en el Municipio de Chilpancingo, Estado de Guerrero. Apoyó sus argumentos en la Jurisprudencia 1ª./J118/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible novena época, registro: 160608, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. En torno a ello, el suscrito no comparte el criterio sostenido por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, residente en Toluca, en razón de lo siguiente. Como preámbulo, es menester establecer que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se obtienen las reglas para fijar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito respecto de un juicio de amparo indirecto, a saber: a) Es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Conforme a esta prescripción legal, es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, es decir, aquel que previno en el conocimiento del juicio de amparo; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, es necesario precisar que el acto atribuido por el quejoso a la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, consiste en la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, dentro del toca penal VI-285/2017, que revocó la diversa determinación de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 28/2014-I, originadas ambas resoluciones con motivo de la solicitud del quejoso respecto del incidente no especificado de traslado del centro de reclusión en que se encuentra en la actualizada interno -ALTIPLANO- al diverso de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, carece de ejecución material. Por ende, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que, en este caso, es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Se estima lo anterior, ya que en la resolución reclamada la responsable determinó esencialmente lo siguiente: "[.] Ahora bien, en atención a ello, se procede a resolver el asunto en estudio, y al realizar esta Alzada una nueva reflexión del fondo de la apelación, llega a la conclusión de que el Juez Primario, de manera incorrecta resolvió sobre el incidente de traslado del procesado del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", ubicado en ex-Rancho la Palma, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, al diverso Centro de Readaptación Social ubicado en Chilpancingo, Guerrero, toda vez de que éste no era el competente para resolver sobre el incidente planteado por el procesado. [.] Y al tener en funciones tanto el Poder Judicial de la Federación y los Órganos Jurisdiccionales de las Entidades Federativas, Jueces de Ejecución competentes de acuerdo a su adscripción determinada por su Ley Orgánica y demás disposiciones legales, para que ellos sean quienes resuelvan lo concerniente a la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución, que como ya se dijo en líneas anteriores, dicha legislación, contempla en su Capítulo V el tema referente al traslado, pasando esta potestad única y exclusivamente a dichos Jueces de acuerdo a su adscripción, en razón de lo anterior, el presente incidente planteado por el procesado, debió ser interpuesto ante el Juez de Ejecución cercano a donde se encuentre la persona privada de su libertad. Motivo por el que, al momento en que este Tribunal de Alzada emite la presente resolución, ya se encuentra vigente la figura de los Jueces de Ejecución Penal, de ahí que, lo correcto es que sea el Juez de Ejecución competente, de acuerdo a donde se encuentra privado de su libertad el inculpado, quien analice y en su momento oportuno resuelva si es procedente o no el traslado solicitado por el procesado, ya que al no ser así se estaría violentado de manera directa el artículo 18 Constitucional. Es por ello, lo correcto es Revocar la resolución incidental de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, por carecer de competencia para el dictado del mismo, dejándose a salvo los derechos del procesado para efectos de que haga su petición el Juez de ejecución competente." Como se observa, la resolución dictada por la sala responsable no modifica ni altera la orden de traslado del quejoso, dado que únicamente determinó que el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, carecía de competencia para el dictado de la resolución correspondiente al incidente no especificado de traslado del centro de reclusión en que se encuentra en la actualizada interno -ALTIPLANO- al diverso de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y dejó a salvo los derechos del procesado para efecto de que los hiciera valer ante el Juez de Ejecución competente; de ahí que dicha resolución sea de carácter meramente declarativo, por lo que carece de ejecución para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional insiste que los actos reclamados en el presente juicio de amparo carecen de ejecución material; para lo cual resulta observable la norma contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, en lo conducente la tesis I.6o.P.100 P (10a.), con número de registro: 2015967, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 50, enero de 2018, tomo IV, página: 2176, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL NO MODIFICA LA PENA DE PRISIÓN, LA INTERLOCUTORIA RELATIVA ADQUIERE CARÁCTER MERAMENTE DECLARATIVO Y, POR TANTO, CARECE DE EJECUCIÓN PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La interlocutoria mediante la que el Juez de ejecución resuelve la traslación de tipo y, consecuente, adecuación de la pena, es un acto que afecta la libertad personal del sentenciado; sin embargo, cuando la resolución no modifica la pena de prisión adquiere carácter meramente declarativo y, por tanto, carece de ejecución para efectos del juicio de amparo; de ahí que no pueda reputarse que el director del reclusorio donde el reo se encuentra privado de la libertad, tenga el carácter de autoridad ejecutora. Situación distinta ocurre cuando la resolución modifica la sanción privativa de libertad, porque en tal caso se materializan sus efectos y, entonces, se puede establecer que el director del centro de reclusión ejecuta la interlocutoria dictada por la autoridad judicial. Por esta razón, cuando el sentenciado reclama en la vía constitucional la resolución dictada en el incidente de traslación del tipo, que no hizo modificación alguna en la pena de prisión, y atribuye su ejecución al director del reclusorio donde compurga la sanción privativa de libertad, deberá considerarse que el acto no existe y, en consecuencia, decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que a ese acto se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo." En relatadas circunstancias, el suscrito considera que no se actualiza el supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; por lo que no se acepta la competencia planteada. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. DOMICILIO. Como el quejoso **************, está privado de su libertad, todas las notificaciones deberán practicarse personalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, denominado "Altiplano", residente en el Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México en turno, residente en Toluca, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, denominado "Altiplano", residente en el Estado de México, Guerrero, y notifique al quejoso Julio César Guzmán Camacho, el presente proveído.
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