Julio César Guarda Adorno
Expediente 1522/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio César Guarda Adorno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Villahermosa, Tabasco, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El original del incidente de suspensión es depurable, en atención a que se concedió la medida cautelar. Por lo que, previo transcurso del plazo de tres años procédase a su depuración. Transcurrido el plazo de seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cuatro de diciembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta se advierte que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito, el recurso de revisión previsto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento, en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por lo que se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo del mismo. ANOTACIONES. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en vigor, se establece: El juicio principal es DESTRUIBLE, al ser un juicio sobreseído fuera de audiencia. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del sumario anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese orden de ideas, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, devuélvase al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, un tomo de prueba consistente en la copia certificada de la causa penal 179/2019-I de su índice, así como dos discos versátiles certificados. Solicitándose atentamente el acuse de recibo respectivo. VISTA EN LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Finalmente, con la presente determinación dese cuenta en los cuadernos incidentales que derivan del presente sumario, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintinueve de octubre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de trece de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido un disco versátil digital certificado que contiene el audio y video de la audiencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, relativa a la causa penal 179/2019-I de la estadística del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, en la cual se aprobó un acuerdo reparatorio y sobreseimiento por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo y la suspensión condicional del proceso por el delito de cohecho, misma que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su segundo numeral. Es ilustrativa, la tesis, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1529, Libro XVII Tomo 2, Febrero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL HECHAS EN DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD). PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONSTITUYEN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE DESAHOGA POR SÍ MISMA, CUANDO SON REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA JUSTIFICAR SU INFORME. Hasta hace algunos años el concepto de documento parecía no requerir mayor definición, pues era inmediatamente entendido como escritura - documento escrito-. No obstante, el acelerado avance científicotecnológico ha generado una gran diversificación en los medios y modos de almacenar información (los cuales se han adoptado y popularizado en las sociedades modernas), evolución que ha derivado en que la equivalencia entre escritura y documento no pudiera mantenerse por más tiempo. Ejemplo de la anterior realidad es que para la implementación del nuevo procedimiento penal de corte acusatorio y oral, producto de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, los ordenamientos adjetivos surgidos a raíz de ésta han establecido que el registro de las audiencias orales no sea por escrito, sino que debe efectuarse a través de audio y video (imágenes y sonidos), lo que implica que la información captada por esos medios deba ser almacenada a través del soporte material correspondiente, para así formar parte de las constancias que integran el procedimiento. Esto es, las actuaciones en los nuevos procedimientos penales ya no se encuentran limitadas al soporte físico proporcionado por el papel, sino que, siendo finalmente datos, se están almacenando en soportes y formatos diversos (dependiendo el tipo de información de que se trate), los cuales integran las constancias del procedimiento con plena validez y eficacia legal. Siendo así, si una autoridad judicial remite como apoyo a su informe con justificación un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), que contiene la videograbación de una audiencia, lo que está haciendo es simplemente adjuntar el documento idóneo para justificar su informe, el cual tendrá pleno valor probatorio siempre y cuando esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad judicial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como actos reclamados: a) La calificación de la detención del aquí quejoso. b) El auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 179/2019-I de la estadística del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, por los delitos de 1) posesión ilícita de hidrocarburos, 2) cohecho y 3) posesión de vehículo robado. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa le atribuye al Agente del Ministerio Público de la Federación, el sometimiento a una investigación formalizada; sin embargo, dicho acto no se tiene como acto destacado, debido a que el mismo no es combatido por vicios propios, sino que se controvierte como una consecuencia del acto reclamado precisado en el inciso b). SE ADVIERTE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En ese sentido, este órgano jurisdiccional al confrontar lo sucedido en la causa penal de origen el cuatro de marzo de dos mil veinte, con los actos reclamados en el presente asunto, advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo1, por los motivos que a continuación se explicaran. Como punto de partida, se debe establecer que la referida causa de improcedencia surge a la vida cuando acontece que respecto del acto reclamado, el interesado expresó su allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo; es decir, debe revelar que se ha conformado con la decisión y consecuencias que implican el acto reclamado. Bajo esa óptica, en el particular se estima que existen elementos indudables y completos que evidencian el consentimiento del aquí quejoso Julio Cesar Guarda Adorno, con las consecuencias que derivan 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" de los actos aquí combatidos, dado que al haber suscrito un acuerdo reparatorio que conllevo al sobreseimiento por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo y la suspensión condicional del proceso por el delito de cohecho, esa acción entraña su consentimiento de los mismos, dado que es su voluntad concluir el proceso penal, a través de mecanismos de solución alterna. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. De ahí, que se estima que en el caso, se encuentra demostrado de manera completa e indudable la conformidad del aquí quejoso sobre los actos que en este sumario controvierte; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XIII, del citado ordenamiento jurídico. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.33/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional estuviere señalada para las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciséis de octubre de dos mil veinte. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su realización, debido a que no se ha logrado el emplazamiento del tercero interesado Ángel Alberto Espinoza Flores; por tanto, para dar oportunidad a ello, se difiere la citada audiencia y en su lugar con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese en términos de ley.
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