Julio Cesar González Vilchis

Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
640/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar González Vilchis

Actuaciones

  1. Incidental

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre de la presente anualidad, se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento Registrador Público de la Propiedad Federal, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de aquél en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, remitiera copia certificada del oficio D.R.0508/22. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la citada autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, mediante el cual, en cumplimiento al auto de referencia, remite copia certificada del oficio antes citado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obran en autos los acuses de recibo relativos a los oficios 32184/2022 y 32185/2022, dirigidos respectivamente al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la mencionada Secretaría, ambas con residencia en la Ciudad de México, con los cuales se acredite que se encuentran notificadas del auto de cinco de octubre del presente año, en el cual se les otorgó una prórroga de diez días hábiles para que dieran cumplimiento al fallo protector. Por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que tengan conocimiento de este acuerdo informen a este Juzgado de Distrito, la fecha que recibieron los oficios de referencia (respectivamente), y en su caso, la fecha en que así fue. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se les impondrá una multa, en lo individual, equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que la información solicitada podrán remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las autoridades responsables, como en este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado electrónicamente por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California; atento a su contenido y como lo solicita, infórmesele que mediante proveído de seis de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 265/2021, al que se acompañó testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 39/2021 de su índice y los autos originales del juicio de amparo en el que se actúa, como se advierte de la certificación secretarial que antecede. Cúmplase.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Julio César González Vilchis; contra los actos que reclama del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 640/2022-IV. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión de plano respecto los actos reclamados, para los efectos siguientes: "[.] A la primera autoridad, le reclamo la falta de políticas públicas adecuadas para el eficaz cumplimiento de los servicios médicos que dicha Institución presta, a todos aquellos, que de manera directa o indirecta, aportamos cuotas de conformidad con la normatividad vigente, como puede ser el caso de que no puedo practicarme una Tomografía, desde el mes de septiembre, porque al parecer no existe la formalización de un acuerdo de subrogación con los distintos laboratorios de la ciudad de Ensenada, Baja California; ? A todas las autoridades restantes, les reclamo la deficiente atención que me han brindado, y toda omisión y orden que impida gozar del derecho a la salud y vida del suscrito, sobretodo, por la falta de tratamiento en el cáncer testicular, que me fue detectado en el año de 2020, contrariando con dicha actitud, lo dispuesto en los artículos 1 y 4 Constitucionales; y ? De igual forma, les reclamo las consecuencias, efectos y riesgos en mi estado de salud que con sus acciones omisiones me han provocado. [.]" Sin embargo, analizado en su integridad la demanda de amparo se advierte que contrariamente a lo manifestado por el quejoso, los actos reclamados no se ubican dentro de los supuestos establecidos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, no se esté en el supuesto de decretar la suspensión de plano en el presente asunto, en los términos solicitados, lo anterior, toda vez que el acto reclamado consiste sustancialmente en la programación de una fecha lejana con el especialista en oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, del cual manifiesta es derechohabiente, por tanto que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos para decretar la suspensión de plano. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial número 3o.A.J/7 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Página 951, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión de los actos reclamados, solicitado por la parte quejosa. Se señalan las diez horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido que la información requerida podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que sea actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identifican del mismo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa, en lo individual, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa, en lo individual, de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que exhibió anexas a su demanda de amparo, mismas que se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió documentales en copia certificada, proceda la secretaria a realizar el cotejo de dichas constancias, a fin de agregarlas al incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Por otra parte, se tiene como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Armando González Hernández, Martín Morán Macías, Gerardo Daniel Trujillo Méndez, Mario Jacinto Martínez Tirado y Evelyn Sánchez Martínez, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Roxana Elizabeth Guadalupe Martínez Adalid y Ma. Dolores Moreno Calderón, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó el nombre de usuario "AJFENSENADA", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se autoriza que la promovente pueda consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; además se instruye a la actuaria para que las notificaciones que deban ser personales a la parte tercero interesada, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora bien, dado que no existe disposición legal en contrario, como lo solicita, se autoriza la utilización de los medios electrónicos que precisa; en la inteligencia, de que el uso y destino de las constancias que obtengan bajo ese supuesto, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 725, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. Por su parte, se solicita a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las diversas partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original.

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la copia simple de la demanda de amparo que promueve Julio César González Vilchis, contra actos del contra los actos que reclama del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades; con fundamento el articulo decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo; fórmese por separado únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 640/2022-IV. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; pues de lo contrario, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido que la información requerida podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que sea actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identifican del mismo. Se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia incidental. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "[.] A la primera autoridad, le reclamo la falta de políticas públicas adecuadas para el eficaz cumplimiento de los servicios médicos que dicha Institución presta, a todos aquellos, que de manera directa o indirecta, aportamos cuotas de conformidad con la normatividad vigente, como puede ser el caso de que no puedo practicarme una Tomografía, desde el mes de septiembre, porque al parecer no existe la formalización de un acuerdo de subrogación con los distintos laboratorios de la ciudad de Ensenada, Baja California; ? A todas las autoridades restantes, les reclamo la deficiente atención que me han brindado, y toda omisión y orden que impida gozar del derecho a la salud y vida del suscrito, sobretodo, por la falta de tratamiento en el cáncer testicular, que me fue detectado en el año de 2020, contrariando con dicha actitud, lo dispuesto en los artículos 1 y 4 Constitucionales; y ? De igual forma, les reclamo las consecuencias, efectos y riesgos en mi estado de salud que con sus acciones omisiones me han provocado. [.]" Por otra parte, solicita la suspensión para los efectos siguientes: ".para que se instruya al personal de la Clínica 8, a la práctica de la Tomografía indicada por el Oncólogo Córdova, y con ello, estar en posibilidad de recibir atención médica de nivel, que ml caso de salud requiere y con ello estar en posibilidad de que se inicie el tratamiento que al efecto se requiera, o en su caso, se establezca plenamente la ausencia de tumores cancerígenos en ml organismo..." Por tanto, previo a emitir un pronunciamiento en cuanto a la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, procede verificar si en el caso se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: I. Que la solicite la parte quejosa; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. El primer requisito se cumple ya que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Respecto del segundo requisito, se reúne igualmente, ya que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social, al no advertirse alguno de los supuestos contemplados por el artículo 129 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, al solicitarse la medida cautelar para efecto de las autoridades responsables realicen las gestiones necesarias para que se fije fecha próxima para que la parte quejosa reciba una atención médica que requiere, debe analizarse además de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, si se acredita la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. En el caso concreto se acredita la apariencia del buen derecho, en razón que de las manifestaciones y las constancias exhibidas se aprecia la posible inconstitucionalidad de los actos reclamados. Ahora, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Novena Sección Suspensión del acto reclamado Subsección 1-Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." (Negritas añadido) Asimismo, tiene aplicación al caso, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1376, Libro 30, Tomo II, Mayo de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia ley." Por tanto, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, para prevenir una eventual condición de gravedad en el estado de salud de la parte quejosa, ante la omisión de atención médica por parte de las autoridades responsables, implicaría una imposibilidad material para que dicha afectación pudiera repararse retroactivamente en su persona, una vez que, en su caso, se dicte la sentencia en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Ahora bien, el artículo 4° constitucional, que protege el derecho a la salud, establece lo siguiente: "Art. 4°.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. [.]" En el caso, la parte quejosa reclama la programación de una fecha lejana con el especialista en oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, del cual manifiesta es derechohabiente, calidad que se evidencia de las documentales anexas al escrito de demanda, de las que se advierte que cuenta con el número de afiliación 2199804307. De igual manera que ha sido atendido en diversas ocasiones por el padecimiento que afecta a su salud, sin embargo, previa solicitud de estudio clínico relativo a la tomografía de pelvis y abdomen, el catorce de octubre pasado, se le fijó como fecha de estudio, hasta el veinte de diciembre próximo. Lo anterior, afecta su derecho humano de protección a la salud, en la medida que el estudio clínico ordenado en fecha lejana, conlleva a que la atención o tratamiento médico que deba otorgarse al quejoso, se prolongue hasta que se tengan los resultados que deriven de ese examen, teniendo el riesgo que el padecimiento actual empeore por la falta de atención oportuna. Por tanto, al advertirse la posible inconstitucionalidad de los actos reclamados, esto es, la apariencia del buen derecho y al encontrarse satisfechos los requisitos contemplados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 147 de la citada legislación, lo procedente es conceder la suspensión provisional a la parte quejosa, con efectos restitutorios provisionales para el efecto de que de inmediato se fije fecha próxima para la realización del estudio de tomografía que requiere el quejoso, lo anterior, a efecto de que se le brinde el tratamiento médico que requiera para el padecimiento que actualmente afecta su salud. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, las documentales, que adjuntó a su escrito aclaratorio de demanda, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. Por otra parte, se tiene como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Armando González Hernández, Martín Morán Macías, Gerardo Daniel Trujillo Méndez, Mario Jacinto Martínez Tirado y Evelyn Sánchez Martínez, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Roxana Elizabeth Guadalupe Martínez Adalid y Ma. Dolores Moreno Calderón, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó el nombre de usuario "AJFENSENADA", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se autoriza que el promovente pueda consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; además se instruye a la actuaria para que las notificaciones que deban ser personales a la parte tercero interesada, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora bien, dado que no existe disposición legal en contrario, como lo solicita, se autoriza la utilización de los medios electrónicos que precisa; en la inteligencia, de que el uso y destino de las constancias que obtengan bajo ese supuesto, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 725, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria de éste juzgado para que firme los oficios derivados de este asunto, y que los relativos a la notificación de este acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes.

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