Julio César Gómez Salas

Expediente 537/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
537/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAS y Otros.
  • Julio César Gómez Salas
  • José Roberto Vélez Valdivia
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua residencia en Ciudad Juárez Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los arábigos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Aunado a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado JOSÉ UNIVERSO BAUTISTA FUERTE, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de marzo de este año, se tuvo al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informando que el caso único 37-2020-0036135 del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud, con sede en esta ciudad, seguido en contra de los quejosos Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia, se registró bajo el número de causa penal 5558/2020, la cual en audiencia inicial de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se ratificó de legal la detención y retención, se les formuló imputación y se decretó auto de vinculación a proceso, por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple. Asimismo, se admitió la suspensión condicional del proceso a favor de los aquí quejosos, por el plazo de doce meses, por lo que la suspensión fenecerá el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron sujetos a las condiciones que señala en su oficio de cuenta. De igual manera informa, que se ordenó la inmediata libertad de Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia, es por lo anterior, que dicha suspensión de proceso a que se sometieron los imputados, continua vigente hasta el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno. Por lo tanto, es evidente que en la especie existe un cambio de situación jurídica en el presente juicio de amparo, y que, en consecuencia, se actualiza la causal que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, hizo del conocimiento legal de este tribunal, que el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se celebró audiencia inicial y se ratificó de legal la detención y retención, se les formuló imputación, asimismo, se decretó auto de vinculación a proceso, por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple; de igual manera, se admitió la suspensión condicional del proceso a favor de los quejosos, por el plazo de doce meses, por lo que la suspensión fenecerá el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron sujetos a las condiciones que señala en su oficio de cuenta. Y, finalmente se ordenó la inmediata libertad de Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia. Lo que se encuentra corroborado con el oficio 1843/2021, de doce de marzo de este año, signado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, en el que se advierte que el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se celebró audiencia inicial y se ratificó de legal la detención y retención, se les formuló imputación, asimismo, se decretó auto de vinculación a proceso, por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple. Siendo aplicable al caso, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, de los siguientes rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior es así, puesto que del contenido del oficio 1843/2021, de doce de marzo de este año, signado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, en el que se advierte que el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se celebró audiencia inicial y se ratificó de legal la detención y retención, se les formuló imputación, asimismo, se decretó auto de vinculación a proceso, por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple. En el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De acuerdo con lo informado por las autoridades responsables, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia citada, pues si los quejosos acudieron a esta instancia judicial y solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que hizo consistir en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos y tortura, que reclaman los quejosos, así como su ejecución; de las constancias que obran en este juicio de control constitucional, se advierte que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informó a este juzgado federal, que se dicto auto de vinculación a proceso por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple; de igual manera, se admitió la suspensión condicional del proceso a favor de los quejosos, por el plazo de doce meses, por lo que la suspensión fenecerá el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron sujetos a las condiciones que señala en su oficio de cuenta; y, se ordenó la inmediata libertad de los aquí quejosos Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia. Por lo que, debe decirse, que hubo un cambio de situación jurídica, en virtud de que, inicialmente la afectación a la libertad personal era con motivo de los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos y tortura, que reclaman los quejosos, así como su ejecución, y en la actualidad, su libertad se constriñe con motivo de que la autoridad, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, dictó un auto de vinculación a proceso por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple, y, de igual manera, se admitió la suspensión condicional del proceso a favor de los quejosos, por el plazo de doce meses, por lo que la suspensión fenecerá el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron sujetos a las condiciones que señala en su oficio de cuenta; y, finalmente se ordenó la inmediata libertad de los aquí quejosos Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia. En efecto, del contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia de la acción constitucional, consistente en cambio de situación jurídica, cuando las violaciones constitucionales cometidas como consecuencia de la privación de la libertad de la parte quejosa, deban considerarse irreparablemente consumadas, en virtud de la aparición de un nuevo acto jurídico, que en la especie consiste en el auto de vinculación a proceso del aquí inconforme de amparo, lo que impide que pueda adoptarse una decisión en el juicio de amparo, sin afectar el nuevo estatus procesal que se generó. De lo anterior, se concluye que las violaciones constitucionales que pudiesen derivar de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, no pueden ser analizados al haber dejado de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en virtud del cambio de situación jurídica, resultando así un nuevo acto que consuma de forma irreparable las posibles violaciones habidas en los primeros actos reclamados y da margen a que se actualice en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Norma el criterio, la Tesis IV.2o.P.43 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." De igual forma, resulta aplicable, por analogía, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto de nuevo acto." En esa tesitura, al resultar evidente la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consecuentemente, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las quince horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que remite el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, se le tiene dando contestación al requerimiento efectuado por este juzgado, informando que el caso único 37-2020-0036135 del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud, con sede en esta ciudad, seguido en contra de los quejosos Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia, se registró bajo el número de causa penal 5558/2020, la cual en audiencia inicial de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se ratificó de legal la detención y retención, se les formuló imputación y se decretó auto de vinculación a proceso, por el delito de Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo en su variante de Posesión Simple. Asimismo, se admitió la suspensión condicional del proceso a favor de los aquí quejosos, por el plazo de doce meses, por lo que la suspensión fenecerá el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron sujetos a las condiciones que señala en su oficio de cuenta. De igual manera informa, que se ordenó la inmediata libertad de Julio César Gómez Salas y José Roberto Vélez Valdivia, es por lo anterior, que dicha suspensión de proceso a que se sometieron los imputados, continua vigente hasta el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por -Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder -Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y del Coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas (Narcomenudeo) Agente del Ministerio Público, con sede en esta ciudad, mediante oficio FGE-14S.3/3/1/7498/2020, de quince de diciembre de dos mil veinte, informó que los quejosos directos José Roberto Vélez Valdivia y Julio César Gómez Salas, fueron detenidos en flagrancia por parecer como responsables en la comisión de los delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión, previsto y sancionado en la Ley General de Salud, mismos que quedaron a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, dentro del término de cuarenta y ocho horas para el efecto de que se llevara a cabo la audiencia inicial y se resolviera su situación jurídica. En tal sentido, atento a lo expuesto con antelación, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en turno, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe el estado procesal que se encuentra en el numero único de caso 37-2020-0036135, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud, con sede en esta ciudad, instruido en contra de los quejosos José Roberto Vélez Valdivia y Julio César Gómez Salas, por parecer como responsables en la comisión de los delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; lo anterior, por ser necesarias para el dictado de la sentencia en este controvertido constitucional. A fin de dar margen a lo anterior, se ordena el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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