Julio César Godoy Toscano
Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Godoy Toscano
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA. De conformidad con el artículo 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberán DEPURARSE los cuadernos principal y original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 5 DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Del estado de autos se advierte, que obra un legajo de copias certificadas, relativas al juicio ejecutivo mercantil 208/2006, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, virtud a que resulta innecesaria su retención, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 272/2021, promovido por Julio César Godoy Toscano, a través de su apoderado jurídico , por alegada violación de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados . El quejoso reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán: La sentencia interlocutoria de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en la que se declaró procedente el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia definitiva, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 208/2006. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con jurisdicción, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo reconoció al momento de rendir su informe de ley. Certeza que se corrobora con las documentales que al efecto exhibió, las cuales poseen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º párrafo segundo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" . CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente realizar la siguiente relación de antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil seis, ante la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Julio César Godoy Toscano, en la vía ejecutiva mercantil, demandó a Manuel Verduzco Duarte, el pago de pesos y otras prestaciones. Demanda que correspondió al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien la admitió a trámite en proveído de trece de marzo de dos mil seis, ordenando el emplazamiento a la parte demandada. 2. En diligencia de quince de marzo de dos mil seis, la actuaria adscrita al juzgado de origen, ante la omisión del demandado de pagar lo reclamado, procedió a embargar un bien inmueble consistente en una casa habitación, ubicada en el lote cuatro de la manzana tres, unidad dos punto tres, en la calle Manuel M. Dieguez, del fraccionamiento Lotes y Servicios "Lázaro Cárdenas" y emplazarlo a juicio. 3. Seguido el procedimiento por sus cauces legales, el dieciocho de diciembre de dos mil seis, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente la acción y se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Determinación que causo ejecutoria en proveído de siete de febrero de dos mil siete, por lo que se requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento a la misma. 4. En auto de treinta de octubre de dos mil ocho, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia, para lo cual se tuvo a la parte actora, designado dos peritos a fin de evaluar el inmueble embargado. 5. Ante el desinterés de la parte actora, el ocho de enero de dos mil quince, se ordenó la remisión del juicio de origen al archivo judicial. 6. En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, ante la solicitó de Margarita Rodríguez Ayala, en cuanto albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de Manuel Verduzco Duarte, el Juez de Instancia, solicitó al archivo judicial la remisión del juicio ejecutivo mercantil 208/2006. 7. En auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a Margarita Rodríguez Ayala, interponiendo incidente de prescripción de ejecución de sentencia ejecutoriada, ordenando la notificación de forma personal al actor. Quien por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dio contestación a dicha incidencia. 8. Seguido el incidente por sus cauces legales, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia interlocutoria, en la que se declaró procedente el mismo y como consecuencia de ello, la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva. Determinación que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El quejoso refiere, que los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y la Convención Americana establecen con claridad los derechos de legalidad y seguridad jurídica, mismos que fueron violados por el Juez responsable. Agrega que la autoridad hace una interpretación errónea del arábigo 1079, fracción IV del Código de Comercio, ya que dicha prescripción no opera si ya se inició el trámite de la ejecución de la sentencia. Al respecto, hace referencia a la contradicción de tesis 473/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lo anterior, resulta infundado. En principio se precisa que el numeral 1079, fracción IV del Código de Comercio, establece el plazo de tres años "para la ejecución de sentencias" dictadas en juicios ejecutivos mercantiles. Sin que en forma alguna deba considerarse que dicho plazo sea para pedir la ejecución y que una vez iniciado el procedimiento ya no podrá operar la prescripción de ese derecho, aun y cuando durante la substanciación del mismo transcurriera dicho término o incluso uno mayor, pues esa prerrogativa, no se refiere a la de "solicitar la ejecución", sino a la propia ejecución. Por ello, no válido considerar que el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, deba interpretarse en el sentido de que éste prevé el plazo de tres años "para pedir la ejecución de la sentencia" y que una vez ejercitada esa acción ya no exista el plazo para que prescriba el procedimiento de ejecución, ya que dicho numeral es claro en establecer que el plazo para la prescripción de las sentencias será de tres año, siempre y cuando no se interrumpa por las acciones que legalmente lo impulsen o exista un impedimento legal para tal efecto, es decir, que la ejecución podría durar tres año o más, siempre que el procedimiento se impulse, pero sí de manera injustificada no existe tal impulso durante ese lapso, entonces opera la prescripción para la ejecución de la sentencia. En esta tesitura, si bien el quejoso, solicitó el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen, la que se requirió en auto de siete de febrero de dos mil siete, y ante el incumplimiento del demandado a la misma, se ordenó su ejecución forzosa, para lo cual se ordenó la valuación del inmueble embargado; sin embargo, ante el desinterés del actor, en tres ocasiones se envió el expediente al archivo judicial, siendo la última por auto de ocho de enero de dos mil quince, sin que realizará ninguna gestión. Por ello, sí al día de presentación del incidente, esto es el catorce de diciembre de dos mil veinte, ya habían transcurrido más de tres años para la ejecución de la sentencia, la determinación de la responsable se estima ajustada a derecho, ya que no es dable jurídicamente permitir que el litigio se vuelva interminable, una vez iniciada su ejecución, pues cada acto debe celebrarse dentro del término fijado para ello. Esto, pues la prescripción negativa es una institución establecida en beneficio del deudor para verse librado de la obligación por el trascurso de cierto tiempo sin que se le haya exigido su cumplimiento por el acreedor. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS" . Ahora, en torno al criterio que cita el quejoso consistente en la contradicción de tesis 473/2013, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resulta aplicable en el caso en particular, pues en primer término, los criterios contendientes en la misma, interpretan legislaciones locales en materia civil y no del Código de Comercio, mismas que no pueden fundar el análisis de la prescripción de la ejecución de las sentencias en los juicios ejecutivos mercantiles, ya que se refieren a la acción de pedir la ejecución, supuesto diverso al establecido en la fracción IV del numeral 1079 de la legislación aplicable en el particular, y en segundo lugar, la referida contradicción se declaró inexistente. En esas circunstancias, al resultar ineficaz el concepto de violación y no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo que se solicitó. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Julio César Godoy Toscano, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en los términos expuestos en la consideración séptimo de esta sentencia. Notifíquese, y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, rindiendo informe justificado y anexando diversas constancias, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 2. Se notifica por lista a la tercera interesada. Ahora bien, toda vez que del acta de veinticuatro de mayo de este año, se advierte que la tercera interesada Margarita Rodríguez Ayala, albacea definitiva de la sucesión a bienes de Manuel Verduzco Duarte, fue emplazada a juicio sin que hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 2.1 Por tanto, conforme a la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena practicarle por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal; lo anterior, con apoyo con lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo. 3. Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, a fin de dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan las doce horas con doce minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese y por lista a la tercera interesada. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.
- Incidental
CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso la parte incidentista se ostenta como actor en el juicio de origen y señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de veintidós de abril de este año, emitida en el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia ejecutoria, derivado del juicio ejecutivo mercantil 208/2006, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aceptó la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Procedencia de la suspensión. Procedencia de la suspensión de los actos reclamados. Es menester MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 ??????????????? precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese orden, en relación a que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, se encuentra colmado, dado que el acto de que se duele la parte incidentista puede ser suspendido al tratarse de un acto positivo con efectos continuados susceptibles de ejecutarse. El segundo requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión y por ende, existe la petición de parte agraviada. Asimismo, se encuentra colmado el tercero de los requisitos, pues, con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social. Lo anterior, pues el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintidós de abril de este año, emitida en el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia ejecutoria, derivado del juicio ejecutivo mercantil 208/2006. Por tanto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede a la incidentista la suspensión definitiva del acto reclamado, respecto de las consecuencias generadas por la resolución emitida por la cita autoridad responsable; esto es, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute la orden de cancelar la inscripción del embargo del bien inmueble, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, bajo el número 16, del tomo 364, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, respecto de la casa habitación ubicada en el lote cuatro, de la manzana tres, unidad dos punto trece, de la calle Manuel M. Domínguez, del Fraccionamiento Lotes y Servicios, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuya propiedad se inscribe ante el Registro Público MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 de la Propiedad y de Comercio del Estado, bajo el número 45, tomo 525, de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve; lo anterior, a fin de preservar la materia del amparo, hasta en tanto se notifique la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente. Sin que lo anterior, implique perjuicio al interés social o contravenga disposiciones de orden público, pues cabe destacar que, suspender el procedimiento implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales e impedir el dictado de una sentencia con que se decida la controversia de que se trate, en cambio, suspender la reposición del procedimiento, significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado una etapa del procedimiento. Lo cual, inclusive, resulta congruente con el objetivo primordial de la providencia cautelar que nos ocupa, esto es, preservar la materia del juicio constitucional. Y lo que es más que, de continuar con la ejecución de los efectos y consecuencias del acto reclamado, se dejaría sin materia el juicio de amparo y, el daño causado podría ser mayor al bien particular, que al bien colectivo. 4.1. Garantía. En efecto, el artículo 132 de la Ley de Amparo, dispone que en los casos que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, el quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, asimismo, señala que cuando los derechos del tercero no sean estimables en dinero el órgano jurisdiccional fijara discrecionalmente el importe de la garantía. Precisado lo anterior, este juzgado fija de manera discrecional el importe de la caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la tercera interesada en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo, lo anterior, atendiendo a la naturaleza del juicio del que derivan los actos reclamados, y la temporalidad del dictado de la suspensión definitiva; por tanto, el incidentista deberá exhibir en un plazo que no deberá exceder de cinco días siguientes al dictado de la presente resolución, una garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas legales, las cuales pueden ser: MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 ??????????????? 4.1.1. Billete de depósito. Que deberá ser expedido por el Banco del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Créditos, lo anterior siguiendo los requisitos que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o 4.1.2. Póliza de fianza. En este caso, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. No surte efectos si: a) fue objeto de diversa medida cautelar derivada de sumario de amparo diverso; b) ya fue oído y vencido en juicio; c) deriva de responsables diversas; o si el acto ya fue ejecutado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a Julio Cesar Godoy Toscano, por conducto de su apoderado jurídico en los términos del considerando cuarto de esta resolución, por la autoridad que ahí se menciona. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad co
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