Julio Cesar Garcia Rojas

Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
897/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Garcia Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de once de julio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del estado de Morelos, Erika Mena Flores, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el despacho 57/2022, orden 236/2022, que le fue remitido por este órgano jurisdiccional a efecto de notificar el auto de once de julio de la presente anualidad a ****. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Por otro lado, vista la razón actuarial signada por la actuaria adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del estado de Morelos, se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar ***, en virtud de ser inexistente el domicilio señalado por los quejosos. Por lo anterior, vista la razón de falta de emplazamiento, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente el auto de once de julio de la presente anualidad, a la parte quejosa que ahí se indica, por los motivos expuestos en la razón de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte procesal, el auto de referencia y subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional. Notifíquese.*************** Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclama la omisión de citarlos para comparecer ante la Representación Social en la carpeta de investigación YX-UIDD-01/2/2021. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 897/2022-PJ-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo presentada por Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 6º y 108, fracción I, todos de la ley en consulta, y el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que de la demanda que se provee, se advierte que carece de firma autógrafa y/o electrónica, puesto que el escrito fue presentado en presentada en línea y sin evidencia criptográfica, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6º y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Así es, los artículos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" Como se desprende del contenido de la anterior trascripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6º de la Ley de la Materia, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. En efecto, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por los interesados, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa, luego, la falta de la firma autógrafa y/o electrónica tiene como efecto que el escrito no constituya una demanda, que no pueda considerarse como quejoso al que no firmó, y por tanto, no ha lugar a tener por presentado el juicio de amparo de que se trata. Ahora bien, si la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma autógrafa, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte quejosa. Por ello, tomando en consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad de dicha parte de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo y, en el presente caso, se advierte que la demanda de amparo que se tiene a la vista no contiene firma autógrafa y/o electrónica, de Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda, por tanto, es claro que no puede tenerse por legalmente promovida la misma. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 156, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128, del mismo Tomo y Apéndice, Séptima Época, la cual refiere: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.". Sin que haya lugar a prevenir a los ocursantes a efecto de que ratifique la demanda de amparo, ya que ello debe realizarse únicamente al actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, más no cuando la demanda no contenga firma autógrafa y/o electrónica, pues en este caso no puede considerarse que exista una demanda que perfeccionar. Es aplicable al presente caso, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octava Época, Octubre de 1992, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una 'irregularidad' de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable la página 96, Tomo 175-180, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa." En consecuencia, en el caso queda actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, con relación al 6º y 108, fracción I, todos de la ley en consulta, y en relación al dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, presentada por Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por otra parte, y vista la certificación en el proemio del presente auto, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, en razón de que es necesario acreditar tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Notificación por exhorto. Toda vez que, Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda, su domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que notifique el presente proveído a Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda, en el domicilio ubicado en Prolongación Mariano Salas, número 30, de la colonia coronel Juan Morales, del municipio Yecapixtla, Morelos, siguiendo las reglas previstas por la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace saber que los quejosos señalaron como medio alterno para entablar comunicación los correos electrónicos floresvia7@hotmail.com y carlos670705@gmail.com, En ese sentido, el actuario de su adscripción que corresponda, deberá hacerles de su conocimiento el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente en que se actúa. Una vez realizado lo anterior, la citada autoridad deberá remitir a este órgano de control constitucional las constancias de notificación respectivas. Habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente por despacho.Lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Nicolás Contreras Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, se giró atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique el auto de once de julio de este año, a Julio Cesar García Rojas y Elizabeth Rojas Miranda; sin embargo, dicha comunicación oficial aún no obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad citada, para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe el estado procesal que guarda el despacho 57/2022, orden 236/2022, del índice de este juzgado federal, o en su caso remita dicha comunicación oficial. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa como medida de apremio por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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