Julio César García Meléndez
Expediente 1171/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Julio César García Meléndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 1171/2019-IV. Archivo. Como esta ordenado en auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, ingrésese este expediente al archivo definitivo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio del Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado, en representación de la Contraloría General del Estado, de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública y de Gerardo Cabrera Zapata, Notificador Habilitado, ambos de la citada Contraloría, y anexos que se acompañaron al mismo, por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha se haya manifestado al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo y se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección solicitados. Mediante proveído de veinticinco de noviembre del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado, en representación de la Contraloría General del Estado, de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública y de Gerardo Cabrera Zapata, Notificador Habilitado, ambos de la citada Contraloría, mediante oficio CGE-DT/DGLIP-205/DJ-171/2020, acompañó copias certificadas del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte dictado en el procedimiento de responsabilidad PRA-103/2016, del oficio CGE/DGLIP/DREP-435/2020 de treinta del mencionado mes y año y del registro de servidores públicos, proveedores y contratistas inhabilitados o sancionados. Con lo anterior, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Como se indicó, en la ejecutoria de amparo que concedió a la parte quejosa el amparo respecto de lo siguiente: "[.] para el efecto de que se deje insubsistente el emplazamiento realizado en el procedimiento administrativo de responsabilidad PRA-103/2016, mediante edictos y todo lo actuado dentro del mismo, con todas sus consecuencias legales. Sin que ello implique que se ordene a la autoridad responsable realice un nuevo emplazamiento, en virtud de que tratándose de actos de autoridad positivos, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, el órgano jurisdiccional responsable debe dejar insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. [.]" A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, las autoridades responsables informaron que mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Directora de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en el procedimiento de responsabilidad PRA-103/2016, se dejó sin efectos el diverso de siete de noviembre de dos mil dieciocho, las razones de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, doce de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, toda vez que dichas actuaciones dieron lugar al emplazamiento por edictos del quejoso Julio César García Meléndez y, todas y cada una de las actuaciones que fueron emitidas -con posterioridad- como consecuencia del emplazamiento realizado por edictos, entre las que se encuentra a su vez el acta administrativa de siete de mayo de dos mil diecinueve y por ende la resolución administrativa emitida el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como todas las consecuencias jurídica derivadas de la emisión de dicha resolución. Asimismo, ordenó la cancelación y/o desinscripción de la anotación de la sanción impuesta al referido quejoso, consistente en la Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público por diez años inscrita en el Registro de servidores público, proveedores y contratistas inhabilitados o sancionados, que al efecto lleva la Dirección de Responsabilidad e Inconformidades de la Contraloría General del Estado. Igualmente, con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que le fueron reconocidos como violentados, ordenó la reposición del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA-103/2016, restableciendo el sumario al estado en que se encontraba previo al acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, las razones de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, doce de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, giró el oficio CGE/DGLIP/DREP-435/2020 de treinta de noviembre del presente año, a efecto de notificar al quejoso Julio César García Meléndez el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades PRA-103/2016 y citarlo a dicho procedimiento para que comparezca a la audiencia de ley a que se refiere el artículo 82, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de lo acordado por las autoridades responsables en el cual dan cumplimiento a ella, se advierte que se satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. En las condiciones anotadas, este Juzgado Federal estima que está cumplida la ejecutoria de amparo, pues los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, fue para que se dejara insubsistente el emplazamiento realizado en el procedimiento administrativo de responsabilidad PRA-103/2016, mediante edictos y todo lo actuado dentro del mismo, con todas sus consecuencias legales. Luego al advertir que la Directora de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el procedimiento de responsabilidad PRA-103/2016, dejó sin efectos el diverso de siete de noviembre de dos mil dieciocho y, todas y cada una de las actuaciones que fueron emitidas -con posterioridad- como consecuencia del emplazamiento realizado por edictos; ordenando la cancelación y/o desinscripción de la anotación de la sanción impuesta al referido quejoso, consistente en la Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público por diez años inscrita en el Registro de servidores públicos, proveedores y contratistas inhabilitados o sancionados, que al efecto lleva la Dirección de Responsabilidad e Inconformidades de la Contraloría General del Estado; y, con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que le fueron reconocidos como violentados, ordenó la reposición del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA-103/2016, restableciendo el sumario al estado en que se encontraba previo al acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, las razones de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, doce de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, giró el oficio CGE/DGLIP/DREP-435/2020 de treinta de noviembre del presente año, a efecto de notificar al quejoso Julio César García Meléndez el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades PRA-103/2016 y citarlo a dicho procedimiento para que comparezca a la audiencia de ley a que se refiere el artículo 82, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Lo anterior conlleva a determinar, que el peticionario del amparo fue restituido en el pleno goce de las garantías violadas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Capítulo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección solicitados y, que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio del Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado, en representación de la Contraloría General del Estado, de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública y de Gerardo Cabrera Zapata, Notificador Habilitado, ambos de la citada Contraloría, y anexos que se acompañaron al mismo, por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha se haya manifestado al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo y se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección solicitados. Mediante proveído de veinticinco de noviembre del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado, en representación de la Contraloría General del Estado, de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública y de Gerardo Cabrera Zapata, Notificador Habilitado, ambos de la citada Contraloría, mediante oficio CGE-DT/DGLIP-205/DJ-171/2020, acompañó copias certificadas del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte dictado en el procedimiento de responsabilidad PRA-103/2016, del oficio CGE/DGLIP/DREP-435/2020 de treinta del mencionado mes y año y del registro de servidores públicos, proveedores y contratistas inhabilitados o sancionados. Con lo anterior, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Como se indicó, en la ejecutoria de amparo que concedió a la parte quejosa el amparo respecto de lo siguiente: "[.] para el efecto de que se deje insubsistente el emplazamiento realizado en el procedimiento administrativo de responsabilidad PRA-103/2016, mediante edictos y todo lo actuado dentro del mismo, con todas sus consecuencias legales. Sin que ello implique que se ordene a la autoridad responsable realice un nuevo emplazamiento, en virtud de que tratándose de actos de autoridad positivos, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, el órgano jurisdiccional responsable debe dejar insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. [.]" A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, las autoridades responsables informaron que mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Directora de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en el procedimiento de responsabilidad PRA-103/2016, se dejó sin efectos el diverso de siete de noviembre de dos mil dieciocho, las razones de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, doce de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, toda vez que dichas actuaciones dieron lugar al emplazamiento por edictos del quejoso Julio César García Meléndez y, todas y cada una de las actuaciones que fueron emitidas -con posterioridad- como consecuencia del emplazamiento realizado por edictos, entre las que se encuentra a su vez el acta administrativa de siete de mayo de dos mil diecinueve y por ende la resolución administrativa emitida el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como todas las consecuencias jurídica derivadas de la emisión de dicha resolución. Asimismo, ordenó la cancelación y/o desinscripción de la anotación de la sanción impuesta al referido quejoso, consistente en la Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público por diez años inscrita en el Registro de servidores público, proveedores y contratistas inhabilitados o sancionados, que al efecto lleva la Dirección de Responsabilidad e Inconformidades de la Contraloría General del Estado. Igualmente, con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que le fueron reconocidos como violentados, ordenó la reposición del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA-103/2016, restableciendo el sumario al estado en que se encontraba previo al acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, las razones de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, doce de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, giró el oficio CGE/DGLIP/DREP-435/2020 de treinta de noviembre del presente año, a efecto de notificar al quejoso Julio César García Meléndez el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades PRA-103/2016 y citarlo a dicho procedimiento para que comparezca a la audiencia de ley a que se refiere el artículo 82, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de lo acordado por las autoridades responsables en el cual dan cumplimiento a ella, se advierte que se satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. En las condiciones anotadas, este Juzgado Federal estima que está cumplida la ejecutoria de amparo, pues los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, fue para que se dejara insubsistente el emplazamiento realizado en el procedimiento administrativo de responsabilidad PRA-103/2016, mediante edictos y todo lo actuado dentro del mismo, con todas sus consecuencias legales. Luego al advertir que la Directora de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el procedimiento de responsabilidad PRA-103/2016, dejó sin efectos el diverso de siete de noviembre de dos mil dieciocho y, todas y cada una de las actuaciones que fueron emitidas -con posterioridad- como consecuencia del emplazamiento realizado por edictos; ordenando la cancelación y/o desinscripción de la anotación de la sanción impuesta al referido quejoso, consistente en la Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público por diez años inscrita en el Registro de servidores públicos, proveedores y contratistas inhabilitados o sancionados, que al efecto lleva la Dirección de Responsabilidad e Inconformidades de la Contraloría General del Estado; y, con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que le fueron reconocidos como violentados, ordenó la reposición del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA-103/2016, restableciendo el sumario al estado en que se encontraba previo al acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, las razones de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, doce de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, giró el oficio CGE/DGLIP/DREP-435/2020 de treinta de noviembre del presente año, a efecto de notificar al quejoso Julio César García Meléndez el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades PRA-103/2016 y citarlo a dicho procedimiento para que comparezca a la audiencia de ley a que se refiere el artículo 82, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Lo anterior conlleva a determinar, que el peticionario del amparo fue restituido en el pleno goce de las garantías violadas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Capítulo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección solicitados y, que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado, en representación de la Contraloría General del Estado, de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública y de ********, Notificador Habilitado, ambos de la citada Contraloría y, anexo que acompaña al mismo; por los cuales se le tiene por informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con copia autorizada de la comunicación y anexo remitidos por la autoridad responsable y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.
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